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Las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, en especial las de corta duración, se han vuelto algo rutinario en Venezuela, no solo porque los cuerpos policiales las ejecutan, sino porque la justicia ha vuelto ineficaz al habeas corpus, el instrumento legal diseñado precisamente para evitarlas y combatirlas.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un comunicado en el cual condenó las detenciones de opositores y críticos, y que estos sean sometidos a condiciones de aislamiento e incomunicación por parte de las autoridades venezolanas.
Tras asegurar que ha contabilizado al menos 20 casos en los que recursos de habeas corpus no fueron recibidos por los tribunales, se rechazaron o no obtuvieron ningún tipo de respuesta, la abogada Patricia Tappatá, miembro de la instancia, advirtió que «la indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad».
La MIIDHV también denunció que los jueces ignoran abiertamente recomendaciones de organismos internacionales; como prueba de ello, señaló que en 9 de los 20 casos que estudió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta había emitido antes medidas cautelares a favor de personas que terminaron siendo detenidas de manera irregular y sometidas a desapariciones forzadas de corta duración.
En este grupo está el abogado y activista Eduardo José Torres Muñoz, quien fue aprehendido el pasado 9 de mayo en Caracas, pero cuyo arresto solo fue confirmado por la Fiscalía 4 días después, aunque sin precisar dónde se encuentra ni qué tribunal tiene su caso.
«El habeas corpus ha salvado vidas y contribuido a la investigación del comportamiento de gobiernos y grupos paraestatales que actúan en la ilegalidad y el secreto», agregó Tappatá.
Haciendo memoria
El término habeas corpus significa literalmente «tienes tu cuerpo» en latín, y refleja la obligación del Estado de presentar a la persona detenida ante un juez para que este decida sobre la legalidad de su detención.
La expresión tiene su origen en la Constitución de Clarendon del siglo XII firmada por Enrique II, y garantizada posteriormente por la carta magna inglesa, donde el entonces rey Juan reconoció el derecho de los detenidos a ser presentados ante un juez para ser juzgado por tribunal por sus iguales.
Fue uno de los primeros instrumentos que permitió controlar el poder de los monarcas despóticos y absolutistas y es uno de los más viejos.
El panorama nacional
En el caso venezolano, el recurso de habeas corpus está recogido en la Constitución. «La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna», se lee en el artículo 27 de la norma suprema.
Por su parte, la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, en su artículo 4 establece que
«en el trámite del amparo a la libertad y seguridad personal todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. En ningún caso, el trámite de la acción de amparo a la libertad y seguridad personal se extenderá más allá de noventa y seis horas, contadas a partir de la presentación de la acción».
Sin embargo, en la práctica este recurso es casi inútil. Así lo reveló una reciente investigación publicada por Acceso a la Justicia y para la cual se analizaron 207 sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre enero de 2021 y diciembre de 2023 en relación con denuncias de violación a la libertad y seguridad personal o amenazas contra ella. De este universo solamente en un caso se ordenó la excarcelación de una persona, lo cual supuso el 0,48 % de la muestra analizada.
Pese a que la ley les da a los jueces horas para decidir estos asuntos, pueden demorar mucho más de tiempo previsto. En promedio, la Sala Constitucional tarda más de 2 años en resolver los habeas corpus que recibe, según reveló el estudio.
Llamativamente en la mayoría de los casos (57 %), el TSJ los rechazó mediante declaratorias de inadmisibilidad, bien
La MIIDHV, en su comunicado, afirmó que la anulación del habeas corpus ha permitido detener y mantener en condiciones de aislamiento e incomunicación a opositores y disidentes, lo cual, a su criterio, forma parte de «un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de la oposición, o a quienes son percibidos como tales, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos, y para infundir miedo en la población».
La última ola
En los días previos a las elecciones legislativas y regionales, decenas de personas fueron aprehendidas por los cuerpos policiales bajo la acusación de planificar ataques terroristas.
«Han pretendido ingresar mercenarios, ya llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o lanzar ataques violentos al país», afirmó el presidente Nicolás Maduro, durante el cierre de campaña.
De muchos de los arrestados se desconoce su paradero y sus familiares no han podido contactarlos, pese a que han transcurrido días. Entre los aprehendidos figuran dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa, quien permanecía en la clandestinidad desde hacía meses y a quien el ministro de Interior, Justicia y Paz acusó de ser el jefe directo de los grupos terroristas.
Además de políticos, activistas y periodistas, unos 17 extranjeros han sido aprehendidos, de acuerdo con lo informado por el ministro. Según Foro Penal, para el 26 de mayo, 83 ciudadanos de otros países se encontraban tras las rejas en Venezuela.
Aunque los comicios ya se celebraron y que el oficialismo amplió su control en el Parlamento y en las gobernaciones, las detenciones han continuado. Así, el lunes 26 de mayo se denunció la captura de Catalina Ramos, entre otros, dirigente del partido Vente Venezuela.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La denuncia de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos confirma una preocupante realidad: hoy en Venezuela cualquier ciudadano puede ser detenido de forma arbitraria y quedar incomunicado sin que exista un recurso efectivo para protegerlo. Si el habeas corpus, que debería ser una herramienta inmediata para exigir que un juez revise una detención, no funciona, entonces cualquier persona puede desaparecer por horas o días sin que nadie responda ni haya forma de saber dónde está ni qué autoridad lo detuvo.
Esto no solo es una amenaza abstracta: significa que la libertad personal y el debido proceso no están protegidos en Venezuela por el sistema judicial. Si se llevan a alguien sin orden judicial ni justificación válida, el Estado no tiene ninguna obligación práctica de presentarla ante un juez ni de permitirle comunicarse con su familia y abogado de confianza. En una sociedad donde esto es posible, nadie está seguro.
La denuncia de esta instancia de la ONU sobre la ineficacia del habeas corpus confirma lo expuesto por Acceso a la Justicia sobre la situación de indefensión en la que se encuentran los ciudadanos en Venezuela, quienes no solo pueden ser víctimas de violaciones a sus derechos a la libertad, vida e integridad personal, sino que también carecen de instrumentos efectivos para evitar estos riesgos.
Fuente de TenemosNoticias.com: lapatilla.com
Publicado el: 2025-06-03 12:02:00
En la sección: Nacionales – LaPatilla.com