Amnistía Internacional: Informe de derechos humanos 2025
El panorama de los derechos humanos en Venezuela mantuvo rasgos críticos durante el año pasado, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
La organización denunció que los crímenes de lesa humanidad continuaron cometiéndose bajo un esquema de impunidad casi absoluta.
El reporte destaca que la represión estatal contra la disidencia política persistió mediante el uso del aparato público y grupos civiles armados.
Estas acciones buscaron silenciar y castigar a opositores, periodistas y activistas que alzaron su voz contra la gestión del entonces presidente Nicolás Maduro.
Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
A pesar de que el volumen de detenciones políticas disminuyó en comparación con 2024, AI documentó casos graves de desaparición forzada.
La ONG resaltó que numerosas personas arrestadas entre 2024 y 2025 permanecieron en paradero desconocido por periodos prolongados.
El informe también menciona las privaciones de libertad de figuras emblemáticas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, quienes solo lograron su libertad tras el cambio político ocurrido este 2026.
Aunque se verificó la excarcelación de 116 detenidos en 2025, la estructura de persecución se mantuvo operativa gran parte del año.
Crisis de derechos sociales y ambientales
El documento de Amnistía Internacional extiende su preocupación hacia sectores vulnerables y el medio ambiente.
La organización señaló una falta de avances en los derechos de la población LGBTIQ+ y en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, denunció el irrespeto sistemático a los territorios de las poblaciones indígenas frente al avance de la minería ilegal.
Esta actividad ha provocado una devastación ambiental significativa, agravada por la ausencia de datos oficiales confiables sobre el impacto ecológico en las zonas mineras del sur del país.
El viraje político tras la captura de Maduro
Es importante precisar que el informe de AI cierra su análisis en diciembre de 2025, justo antes del drástico cambio institucional del 3 de enero de 2026.
Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada y promulgó una Ley de Amnistía.
Bajo este nuevo marco legal, más de 8.000 personas han sido liberadas, aunque sus identidades no han sido detalladas oficialmente.
El actual Gobierno ha reanudado relaciones con la administración de Donald Trump y promueve reformas económicas para atraer inversión extranjera en hidrocarburos.
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