¿Basta para reconciliar a Venezuela?

El proceso de pacificación en Venezuela enfrenta desafíos estructurales que una normativa legal no logra resolver de manera aislada. Durante el programa #AgendaComún, el abogado y defensor de derechos humanos, Alí Daniels, analizó el alcance de la reciente Ley de Amnistía. Aunque el especialista celebra cada liberación, advierte que el texto legal posee deficiencias técnicas y políticas que excluyen a cientos de perseguidos. La reconciliación requiere medidas más profundas que la simple excarcelación de algunos ciudadanos bajo condiciones restrictivas.

Daniels destaca que el estándar mínimo para este proceso debe ser la libertad plena y no medidas cautelares que mantengan a las personas vinculadas a procesos judiciales injustos. La normativa actual, según cifras de diversas organizaciones, presenta una tasa de cumplimiento que apenas ronda el 50%. Esta situación deja en la vulnerabilidad a grupos específicos que no han recibido los beneficios de la ley pese a la naturaleza política de sus detenciones.

Exclusiones críticas en el estamento militar y civil

Uno de los puntos más álgidos de la discusión radica en la exclusión de los presos militares. El codirector de Acceso a la Justicia señala que la vasta mayoría de estos funcionarios permanecen tras las rejas. El problema se extiende a civiles vinculados accidentalmente a expedientes militares, quienes quedan atrapados en un limbo legal. Estos grupos representan una cifra superior a los 200 casos que la ley actual no ha logrado resolver de forma efectiva.

Además de los militares, existen focos represivos permanentes contra sindicatos y partidos políticos específicos. Daniels menciona que el ensañamiento contra los movimientos gremiales no ha dado tregua, resultando en un número importante de trabajadores detenidos por protestar por condiciones laborales. Estos ciudadanos, junto a los perseguidos por la Ley contra el Odio, conforman el grueso de los olvidados por el actual marco jurídico de amnistía.

Vías jurídicas para una libertad efectiva

Ante las fallas de la ley, el jurista propone alternativas inmediatas para agilizar las liberaciones. La autoridad máxima puede ejecutar sobreseimientos de causas militares mediante un plumazo, ejerciendo su rol como comandante en jefe. Esta potestad, heredada de códigos antiguos, permitiría la libertad plena de los uniformados sin necesidad de procesos burocráticos extenuantes. Para los civiles, el Código Orgánico Procesal Penal también contempla el sobreseimiento como una vía expedita hacia la justicia.

Otra figura fundamental es el indulto, que constituye una potestad graciosa del poder Ejecutivo. A diferencia de la amnistía, el indulto no requiere una motivación detallada ni probar la inocencia o culpabilidad del beneficiario. Es un acto de perdón que podría vaciar las cárceles de conciencia de manera inmediata. Daniels insiste en que cada día que un inocente pasa en prisión representa una pérdida irreparable para la sociedad venezolana.

Memoria histórica y fin de la persecución

La reconstrucción del país pasa necesariamente por la derogación de leyes que criminalizan la opinión. El invitado enfatiza la necesidad de eliminar la Ley contra el Odio y la Ley contra las ONG, instrumentos utilizados para la represión sistemática. Ir preso por opinar debe desaparecer de la tradición jurídica nacional para dar paso a un sistema donde prevalezca el resarcimiento económico o la disculpa pública ante ofensas personales.

Finalmente, el proceso de reconciliación exige que el Estado pida perdón y repare a las víctimas. La construcción de una memoria histórica sólida evitará que las atrocidades del pasado se repitan en el futuro. Al ser consultado sobre casos específicos en el exterior, como los que involucran a nicolás maduro, el abogado aclaró que los delitos de lesa humanidad y narcotráfico están expresamente excluidos de cualquier beneficio de amnistía según los estándares internacionales.

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