CIDH alerta sobre acoso a la libertad de expresión en Venezuela

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitió una alerta urgente ante las constantes agresiones contra la prensa en Venezuela.

Este organismo internacional observa con profunda preocupación el deterioro sistemático de los derechos fundamentales de los comunicadores sociales en el territorio nacional.

Urge concretar una visita técnica a Venezuela

La RELE solicita el respaldo firme de la comunidad internacional para concretar una visita técnica al país durante los próximos meses.

El objetivo principal de esta misión busca verificar directamente el estado actual de los derechos humanos y las condiciones de reclusión.

La CIDH presentó una solicitud de anuencia formal ante las autoridades gubernamentales para realizar una inspección presencial detallada en diversos estados.

Esta iniciativa surge tras el aumento drástico de la represión estatal contra las voces críticas y los medios de comunicación independientes.

Los relatores internacionales insisten en la necesidad de observar los procesos judiciales y la situación de integridad física de los detenidos.

La comunidad internacional debe presionar para que el Estado permita el acceso de los observadores extranjeros sin restricciones ni censuras previas. Solo una inspección independiente garantizará la transparencia necesaria sobre la realidad que enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación.

El registro de la RELE contabiliza nuevas detenciones arbitrarias contra profesionales de la comunicación desde finales de octubre del año 2025

Los casos de Yorbin García en Trujillo y Joan Camargo en Caracas evidencian un patrón de persecución sistemática realmente alarmante.

Destaca con especial gravedad la detención de Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, cuya labor informativa incomoda al poder.

Los organismos de seguridad del Estado también arrestaron a José Serna en el estado Zulia bajo acusaciones que carecen de fundamentos jurídicos. Además de las capturas físicas, el ente regulador de las telecomunicaciones arremetió contra las señales radiofónicas de manera violenta e injustificada.

El cierre forzoso de la emisora La Radio 93.7 FM en el estado La Guaira representa un nuevo golpe a la libertad. CONATEL aplica medidas administrativas que bloquean sitios web y censuran contenidos críticos para silenciar la denuncia social de los ciudadanos.

Estas acciones limitan severamente el acceso de la población a información veraz, plural y diversa sobre la crisis política nacional actual.

La persecución judicial contra directivos de medios independientes como Nicmer Evans busca infundir terror y promover la autocensura informativa generalizada.

Persecución sistemática contra la libertad en Venezuela

Los eventos represivos actuales guardan una relación directa con el convulso contexto electoral registrado desde el mes de julio de 2024.

El Estado venezolano intensificó el hostigamiento judicial y las desapariciones forzadas como herramientas de control social, político y comunicacional hoy día. La CIDH denunció estos patrones violentos en su informe reciente sobre las graves violaciones ocurridas tras las pasadas elecciones presidenciales nacionales.

Las autoridades imponen restricciones severas a la libertad de expresión, a la asociación y a la reunión pacífica de todos los ciudadanos. Estos mecanismos de control pretenden desarticular cualquier forma de disidencia u organización civil que exija transparencia electoral y democracia plena.

El informe oficial documenta cómo las fuerzas de seguridad operan al margen del derecho internacional para silenciar los reclamos sociales legítimos. La RELE señala que el hostigamiento contra periodistas locales busca impedir la documentación de los abusos de poder en las regiones.

Los comunicadores enfrentan amenazas constantes de cárcel por el simple hecho de reportar los hechos que ocurren diariamente en las calles. Esta política de miedo estatal afecta la salud democrática de la nación y aísla a la población de la realidad informativa.

El cerco a la prensa y los centros de reclusión

La Relatoría Especial planea visitar centros de reclusión emblemáticos donde permanecen al menos veinte periodistas por ejercer su legítima labor informativa.

El listado incluye lugares como El Helicoide y la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la zona caraqueña de Boleíta.

Los delegados también solicitan acceso al Instituto Nacional de Orientación Femenina y a los centros penitenciarios de Yare, El Rodeo y Tocorón.

La misión internacional pretende evaluar las condiciones de vida de los comunicadores presos y escuchar sus testimonios personales de forma directa.

La CIDH busca entablar un diálogo con el Ministerio de Comunicación y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sobre estas medidas administrativas. El intercambio con académicos y representantes de la sociedad civil aportará una visión integral sobre el quiebre institucional que vive Venezuela.

Los observadores insisten en la importancia de revisar los expedientes judiciales que mantienen a los reporteros tras las rejas de forma injusta. La presencia internacional en las cárceles de Miranda y Aragua resulta fundamental para prevenir nuevos tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Solo mediante el respaldo global decidido, la CIDH podrá identificar plenamente los esquemas de represión que asfixian el pensamiento libre nacional.

Con información de Comité Interamericano de Derechos Humanos