CIDH expresó su preocupación por los adolescentes detenidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su profunda preocupación por la situación en Venezuela, caracterizada por una grave crisis de derechos humanos y una creciente represión estatal.

En una rueda de prensa realizada el 12 de noviembre, la CIDH denunció las violaciones sistemáticas de los derechos políticos y civiles de la población venezolana, así como la falta de transparencia en el reciente proceso electoral.

La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, sostiene que las elecciones presidenciales estuvieron plagadas de irregularidades y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha negado a publicar las actas electorales, lo que genera una profunda incertidumbre sobre los resultados y socava la confianza en el proceso democrático.

Claker, expresó “no olvidemos que más individuos votaron y participaron en estas elecciones que años previos y las acciones del régimen silencian las voces críticas”. Sin olvidar que desde el 2015 casi 8 millones de venezolanos han abandonado el país como refugiados inmigrantes, señaló.

“Hasta el momento, las autoridades de Venezuela continúan negándose a divulgar los registros de las elecciones presidenciales, lo que viola de manera explícita los derechos políticos de los venezolanos y desencadenó manifestaciones por la negación de los resultados” indicó Roberta Clarke, de la CIDH.

La CIDH ha documentado un aumento significativo de la represión en las últimas semanas, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política, acoso judicial y cierre de medios de comunicación.

La presidenta de la CIDH le exige al gobierno una transición democrática pacífica y la liberación de todos los presos políticos

“El escenario postelectoral desencadenó al menos 300 manifestaciones espontáneas a nivel nacional que movilizaron a diversos sectores sociales, principalmente a los residentes de bajos recursos. Como respuesta, el régimen utilizó el terror como un medio para sofocar a la población y mantenerse en el poder”, según la comisionada de la CIDH.

De acuerdo con el gobierno, 2000 individuos fueron arrestados durante las manifestaciones y enfrentan acusaciones penales basadas en crímenes extensos con penas desmedidas, cargos como: incitación al odio, terrorismo, traición, asociación delictiva, resistencia a la autoridad, bloqueo de vías y desobediencia.

Cientos de manifestantes, incluyendo adolescentes y periodistas, detenidos y acusados de delitos graves antes mencionados, un claro intento de silenciar la disidencia y atemorizar a la población.

La organización ha expresado especial preocupación por la situación de los adolescentes detenidos, quienes se encuentran recluidos en centros penitenciarios para adultos sin las garantías judiciales y de protección adecuadas. La CIDH ha denunciado que estas detenciones son arbitrarias, carecen de fundamento legal, y ha exigido su liberación inmediata.

Resulta alarmante la situación de 69 adolescentes menores de edad, uno de ellos con autismo, privados de libertad tras las elecciones, acusados de delitos de terrorismo infundados y confinados en cárceles para adultos, indicó la comisionada Gloria de Mees durante la rueda de prensa.

La comisionada también se refirió a la detención arbitraria de al menos 13 periodistas y comunicadores sociales acusados de incitar el odio sin justificación. Otras medidas incluyen el cierre de medios de comunicación, agresiones a la prensa, bloqueos masivos de páginas web, así como la confiscación de equipos y la deportación de prensa internacional.

Esto conduce a un nivel de autocensura que obliga a numerosos periodistas a exiliarse.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, enfatizó que la organización no permitirá la normalización de la crisis venezolana y continuará monitoreando de cerca la situación.

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