Condenan a 30 años a una abuela por audio criticando a Maduro

San Cristóbal, Táchira, 17 de noviembre de 2025 – En un fallo que ha encendido las alarmas internacionales sobre la libertad de expresión en Venezuela, el Tribunal 4° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira sentenció a 30 años de prisión –la pena máxima prevista en el Código Penal– a la doctora Marggie Orozco, una médica de 65 años con graves problemas de salud. El “delito”: un mensaje de voz enviado por WhatsApp en el que criticaba la crisis del país y llamaba a votar en las elecciones del 28 de julio de 2024. La denuncia vino de una vocera de los controvertidos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de subsidios alimentarios controlado por el chavismo.

La sentencia, dictada el viernes 14 de noviembre por la jueza Luz Dary Moreno, acusa a Orozco de “traición a la patria”, “incitación al odio” y “conspiración”. Según el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (antes Foro Penal), la detención ocurrió el 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, municipio Ayacucho, una zona fronteriza con Colombia azotada por la inseguridad y la escasez. El audio, que circulaba en un grupo privado de WhatsApp, no contenía amenazas ni llamadas a la violencia: simplemente expresaba frustración por la situación económica y electoral, y animaba a la participación cívica.

Sin salir del asombro

Después de verificar exhaustivamente fuentes independientes, noticias recientes y reportes de ONGs, se puede confirmar que: el caso de la doctora Marggie Orozco es completamente real. No se trata de una distorsión mediática ni de “fake news”; es un hecho documentado que ha sacudido a la comunidad internacional y a los defensores de derechos humanos.

Múltiples medios venezolanos e internacionales, como Infobae, TalCual y El Pitazo, coinciden en los detalles. Todos dicen: una mujer de 65 años, con graves problemas cardíacos y depresión crónica, fue condenada a la pena máxima de 30 años de prisión por un simple mensaje de voz en WhatsApp. En el mismo criticaba al régimen de Nicolás Maduro y animaba a votar en las elecciones del 28 de julio de 2024. La denuncia partió de una vocera de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), el programa de subsidios alimentarios controlado por el chavismo.

Los familiares se quejan

Familiares y activistas de derechos humanos no han tardado en alzar la voz. “Este es un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud: cardiópata desde 2013 y con depresión crónica. Sufrió un infarto en septiembre mientras estaba detenida”, denunció el exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, en un impactante tuit que acumula miles de interacciones.

La ONG Un Mundo sin Mordaza exigió su “liberación inmediata”, calificando el proceso como “arbitrario y desproporcionado”, una clara vulneración al artículo 57 de la Constitución venezolana que protege la libertad de expresión.

Médicos Unidos del Táchira, el gremio local, se unió al clamor: “Exigimos mediación de organismos internacionales para garantizar su atención médica digna y el respeto al debido proceso. ¡Liberen a la doctora Orozco!”, declararon en un comunicado.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han registrado patrones similares en el país: desde 2017, al menos 300 presos políticos han sido condenados por opiniones en redes sociales o mensajes privados, en un contexto de represión postelectoral que incluye torturas y aislamiento.

El caso de Orozco no es aislado

Tras las controvertidas elecciones de julio –donde la oposición denunció fraude masivo–, decenas de ciudadanos han sido arrestados por publicaciones similares. Recientemente, dos emprendedoras fueron sentenciadas a 10 años por diseñar camisetas críticas con el régimen.

Críticos como Pérez Vivas lo ven como “una estrategia de intimidación para silenciar la disidencia”, especialmente en regiones como Táchira, bastión opositor y foco de migración forzada por la crisis humanitaria.

Mientras el mundo observa el creciente aislamiento de Nicolás Maduro –con sanciones de EEUU y la UE–, este veredicto resalta la deriva autoritaria: ¿Cuántas voces más se callarán por miedo? La doctora Orozco, que dedicó su vida a salvar pacientes en un sistema de salud colapsado, ahora enfrenta el ocaso de sus días tras rejas. Su familia clama por justicia; la comunidad, por cambio. ¿Responderá la comunidad internacional, o será otro capítulo en la tragedia venezolana?