Engaño y traslados forzosos en la cárcel de Barinas
Los familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) afirmaron sentirse profundamente engañados por el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa. El funcionario prometió que los traslados de los reclusos ocurrirían bajo estricta voluntariedad luego de los violentos sucesos registrados desde la semana pasada. La promesa estatal incluía que los internos elegirían el destino de su reclusión, pero los afectados señalan que la realidad es totalmente distinta.
Las personas denunciaron ante los defensores de derechos humanos que el titular del despacho penitenciario garantizó el retorno de muchos reos a sus estados de origen. Sin embargo, las autoridades ministeriales incumplieron los acuerdos verbales y ejecutan traslados forzosos masivos hacia el interior del país. Los parientes relataron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los jefes militares aseguraron que a los presos nativos de Barinas no los tocarían.
Dispersión de los internos y hacinamiento crítico
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que más de quince hombres salieron de Injuba con rumbo a penales de Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa y Zulia. Estos centros receptores registran graves problemas de sobrepoblación e insalubridad. Asimismo, la directora del anexo femenino, Francys Veloz, anunció el desalojo total de las 112 mujeres recluidas en la infraestructura. Los activistas humanitarios indicaron que fuentes cercanas a las familias sospechan de traslados forzosos de las reclusas hacia dependencias fronterizas de Táchira y Miranda.
El ministro Julio García Zerpa evitó el contacto directo con los familiares desde que comenzaron las manifestaciones en las afueras de la cárcel llanera. El funcionario ingresó de forma discreta al penal la noche de los disturbios y permaneció adentro de las instalaciones administrativas. El director de Seguridad Ciudadana de Barinas, general Giuseppe Cacioppo, operó como intermediario ante un grupo reducido de parientes, transmitiendo las promesas que la cartera penitenciaria incumple actualmente.
Falta de información oficial y denuncias de tortura
Las familias organizan redes de apoyo comunitario y recorren diferentes prisiones nacionales para localizar a sus seres queridos debido a la ausencia de listados oficiales. Muchos internos recibieron la calificación arbitraria de líderes negativos por el simple hecho de manifestarse de forma pacífica contra la directiva del recinto. El reordenamiento carcelario ocurre mientras sectores civiles marchan de forma silenciosa por las muertes bajo custodia del Estado, denunciando la opacidad de los procesos oficiales.
Injuba cuenta con una capacidad arquitectónica para albergar a 450 reclusos, pero mantenía una población de 1.312 personas, registrando un hacinamiento crítico del 291,55 %. Las condiciones de reclusión empeoraron considerablemente con las requisas violentas bajo la gestión de Macuare Guerrero. El director del penal respondió con armas de fuego ante el descontento popular del pasado domingo, dejando lesionados por perdigones y arrojando bombas lacrimógenas hacia las celdas de las mujeres. El OVP ratificó la urgencia de destituir e investigar administrativamente al ministro por ignorar los reclamos de los afectados.
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