Expresos políticos denuncian fallas en amnistía ante ONU
La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) acudió este martes a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas. Durante el encuentro, los activistas denunciaron graves irregularidades en la ejecución de la Ley de Amnistía promulgada el pasado febrero. Los voceros señalaron que el Estado venezolano mantiene un patrón de silencio administrativo y negaciones arbitrarias que vulneran los derechos fundamentales de cientos de ciudadanos.
Una ley aplicada con opacidad
El periodista Carlos Julio Rojas calificó la situación actual como “grave” tras reunirse con el personal de la ONU. Rojas, excarcelado a principios de año, aseguró que la justicia venezolana aplica la normativa con una “selectividad perversa”. El activista explicó que los tribunales ignoran el plazo legal de 15 días para responder a las solicitudes. Según su testimonio, los funcionarios judiciales alegan que deben “esperar órdenes superiores” antes de procesar cualquier beneficio de libertad plena o cierre de causa.
Persistencia de la persecución política
La organización advierte que todavía existen más de 400 personas tras las rejas por motivos políticos en el país. Rojas criticó duramente a la Asamblea Nacional, acusándola de ignorar el seguimiento de los casos. El dirigente teme que la falta de garantías jurídicas facilite nuevas detenciones contra quienes decidan alzar la voz. Por ello, exigió al fiscal general, Larry Devoe, una explicación pública sobre el estancamiento de los procesos y la falta de criterios claros en las decisiones judiciales.
Bienes incautados y falta de normalización
El exdiputado Williams Dávila también participó en la denuncia, enfatizando que la represión persiste a través de la confiscación de propiedades. Dávila señaló que el Estado aún no devuelve vehículos y otros bienes robados durante los operativos de persecución. El dirigente recordó que su liberación resultó de procesos de negociación internacional, pero insistió en que Venezuela no alcanzará una estabilidad real mientras existan prisioneros de conciencia. La ausencia de un listado oficial de beneficiarios aumenta la incertidumbre entre los afectados.
Aunque las cifras oficiales mencionan miles de liberaciones, la exclusión de casos específicos y la falta de transparencia generan desconfianza. El alto comisionado Volker Türk ya solicitó previamente la publicación de identidades, petición que el Gobierno nacional aún no atiende.
Casos en las regiones
Finalmente Luis Baló, expresopolítico del estado Táchira denunció las irregularidad en el proceso de aplicación de la amnistía en los estados. En este sentido exigió que se descentralicen los procesos, ya que los jueces afirman que hasta que no haya directrices de Caracas, ellos no accionan en la correcta aplicación de la Ley.
Fuentes: Agencia EFE, Red de Excarcelados por la Democracia (RED), Punto de Corte.
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