Humberto Prado la Defensora visitar campamento Rodeo I
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, insta a la Defensora del Pueblo a abandonar su oficina y constatar la crisis humanitaria en el Rodeo I.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, envió un mensaje contundente a la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato.
Prado insta a la funcionaria a presentarse personalmente en las adyacencias del Internado Judicial Capital Rodeo I, ubicado en el estado Miranda. En este lugar, un grupo de valientes hombres y mujeres mantiene un campamento improvisado desde hace más de cuatro meses.
Estas personas duermen sobre colchones desgastados y en pequeñas carpas bajo condiciones climáticas adversas y gran precariedad. El objetivo de esta movilización permanente busca visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los detenidos.
Los familiares exigen la libertad inmediata de los presos políticos que permanecen bajo custodia del régimen venezolano actualmente. El activista enfatiza que el trabajo humanitario requiere presencia física en el terreno donde ocurre el sufrimiento social.
Las familias que pernoctan fuera del penal han tejido redes de apoyo mutuo para sobrevivir a la desidia estatal. Muchos parientes viajaron desde estados lejanos como Amazonas, Zulia o Táchira para exigir justicia por sus seres queridos.
La rutina en el campamento implica bañarse en locales prestados y lavar la ropa a mano cuando llega el agua. Durante las noches, el peligro acecha mientras esperan noticias sobre posibles boletas de excarcelación que nunca terminan de llegar.
Ruth Molero, quien tiene cinco familiares detenidos, relata cómo la fe sostiene su lucha diaria entre oraciones y lecturas bíblicas. Ella describe una organización comunitaria donde comparten medicamentos, alimentos y apoyo emocional para resistir el agotamiento físico constante.
El espíritu de solidaridad mantiene vivo el reclamo frente a un sistema penitenciario que ignora las necesidades básicas humanas.
La urgente necesidad de que la Defensora del Pueblo acuda al terreno
Humberto Prado sostiene que la labor de defensa ciudadana no puede limitarse a cómodas oficinas con aire acondicionado en la capital. La Defensora del Pueblo debe mirar a los ojos a las madres que orinan entre la maleza durante las madrugadas.
Resulta imperativo que la institución verifique cómo se alimentan estos ciudadanos y bajo qué condiciones de salubridad sobreviven afuera del penal. El OVP documenta constantemente casos de torturas y tratos crueles dentro de esta instalación protegida por medidas de la CorteIDH.
A pesar de la vigilancia internacional, el Estado venezolano ignora sistemáticamente las órdenes de protección para los privados de libertad. Los custodios del servicio penitenciario impiden el acceso a abogados de confianza y niegan visitas de forma arbitraria y cruel.
Estas acciones constituyen una violación directa al debido proceso y a la integridad física de los reclusos políticos.
El panorama dentro del Rodeo I resulta desolador debido a las condiciones de hacinamiento y falta de servicios básicos esenciales. Los detenidos duermen sobre planchas de cemento en celdas reducidas donde proliferan insectos como cucarachas y mosquitos transmisores de enfermedades.
El acceso al agua potable es casi nulo, lo que agrava la situación de salud de los internos con patologías previas. Prado denuncia que el régimen utiliza celdas de aislamiento denominadas “el tigrito” para castigar a quienes reclaman respeto mínimo.
Estas prácticas buscan quebrar la voluntad de los presos y silenciar las voces de denuncia que emanan desde el exterior. La administración pública ignora los resultados de estas investigaciones y mantiene en sus cargos a funcionarios señalados por cometer abusos.
La impunidad reina en un sistema que prioriza el castigo político sobre la justicia y la rehabilitación social.
Un campamento de familiares que resiste ante la burla oficial del régimen
En más de 120 días de protesta, los parientes solo han recibido promesas vacías y burlas por parte de las autoridades. El ofrecimiento de una supuesta Ley de Amnistía resultó ser un engaño para calmar las tensiones sociales de los manifestantes.
Mientras tanto, el Ministerio Público evita enviar delegados que constaten la realidad del campamento situado en las cercanías de la cárcel.
El OVP reafirma su compromiso inquebrantable con las víctimas y continúa enviando informes detallados a las diversas instancias internacionales competentes.
Investigación profunda e imparcial sobre la gestión del director del centro
La organización exige una investigación profunda e imparcial sobre la gestión del director del centro y los funcionarios involucrados en torturas. Asimismo, solicitan la destitución inmediata de los altos mandos penitenciarios por su responsabilidad directa en la crisis humanitaria actual.
La lucha de estas familias representa la dignidad frente a un Estado que vulnera los derechos más fundamentales.
Finalmente, es necesario recordar que el Rodeo I se encuentra bajo medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El incumplimiento de estas disposiciones genera una responsabilidad internacional grave para el Estado venezolano y sus funcionarios en el futuro.
La presencia de la Defensora del Pueblo serviría para iniciar un proceso de diálogo honesto con las víctimas de este sistema. No se puede hablar de paz social mientras existan ciudadanos sufriendo tratos inhumanos tanto dentro como fuera de las cárceles.
La resistencia pacífica de los familiares en Guatire es un testimonio del amor filial frente a la opresión política.
El Observatorio Venezolano de Prisiones mantendrá su labor de acompañamiento hasta lograr la libertad plena de todos los presos políticos. La justicia tardía sigue siendo una forma de injusticia que la sociedad civil no puede seguir permitiendo calladamente.
Nota de Prensa
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