informe reveló persecución contra militares institucionales

Un informe reveló que la persecución contra militares institucionales en Venezuela es sistemática y extendida a sus familias.

El reporte, al que tuvo acceso Infobae, fue elaborado por la organización Familiares de Presos Políticos Militares.

Venezuela es el único país de América Latina que tiene más de 100 militares considerados presos políticos.

La persecución a militares institucionales y a sus familias ha sido una constante en los últimos 10 años, “evolucionando en una represión sistemática cada vez más violenta”. Revela el informe, al que tuvo acceso Infobae, de la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM), que dirige Molly De La Sotta.

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La persecución se ha extendido a su familia inmediata,

“hasta el punto de mantener en prisión a hijos, madres, esposas, parejas, hermanas y familiares para generar terror y forzar declaraciones de supuestos magnicidios y conspiraciones que involucren a dirigentes políticos de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y otros militares inconformes”.

Destaca el informe que muchos de los militares detenidos,

“han sido presentados ante los jueces ‘visiblemente torturados’. Hasta ahora, no hay investigación de las denuncias de torturas y mucho menos los responsables han sido detenidos”.

La organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM-Ve) da cuenta en su informe de lo ocurrido hasta diciembre 2024. Destacando que aun cuando hay víctimas que han identificado a sus torturadores ante el juez, “ninguno ha recibido asistencia médica especializada posterior a las torturas”, y algunos han desarrollado estados depresivos tan fuertes que han intentado el suicidio.

La organización FPPM, que dirige Molly De La Sotta, hermana del Capitán de Navío Humberto De La Sotta, quien estuvo en manos de la DGCIM durante cinco años, 4 meses y once días. “Registra 124 presos políticos militares activos y retirados, detenidos en sótanos y celdas infrahumanas en diferentes centros de reclusión”.

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Hasta el 2018, a la mayoría de los militares se les imputaba delitos de instigación a la Rebelión en Tribunales Militares, “pero a partir de la Causa del Dron (intento de magnicidio) en agosto del 2018, militares activos y retirados son presentados en Tribunales de Terrorismo sobresaliendo los delitos de: 

Terrorismo, Magnicidio, Asociación para delinquir, por los cuales han recibido sentencias de hasta de 30 años de prisión”.

La DGCIM

En el año 2014 Nicolás Maduro reorganiza su gabinete militar para controlar a las Fuerzas Armadas. “El 14 de enero nombra al General (Ej) Iván Rafael Hernández Dala como jefe de la Dirección De Contrainteligencia Militar (DGCIM) y Jefe de la Guardia de Honor Presidencial (GHP)”, hasta el 14 de octubre 2024.

Hernández deja una estructura que estaba “muy lejos de llamarse ‘de inteligencia militar’ y más parecida a una Organización Criminal caracterizada por extorsionar empresarios, robar en allanamientos ilegales, adjudicarse propiedades de civiles y opositores en el exilio, amedrentar y perseguir a una población desarmada e indefensa”.

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Asevera el informe de FPPM que este General “creó una red de control y tortura, integrada por el Sistema Judicial Ordinario y Militar, Fiscales, Defensores Públicos, y Médicos Forenses en coordinación con el Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo y Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc), deteniendo arbitrariamente y torturando a militares y civiles con impunidad”.

Fue así como “acondicionó sótanos en la sede de la DGCIM, con celdas de tortura conocidas como El cuarto de los Locos, La Nevera, El Ascensor, El Submarino, El Ataúd Vertical, La Casa de los Sueños, entre otros”.

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Además, según “la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, se identificaron 17 casas clandestinas de tortura operadas por la DGCIM que han estado funcionando al menos desde el 2017”.

Así la DGCIM fue concentrando poder, “y en los últimos años ha sido dotada de armamentos, vehículos de alta gama, uniformes, etc. El General Hernández Dala está sancionado por la Unión Europea, por el Gobierno de Suiza, por la OFAC, por el Gobierno de Canadá y por el TIAR, por violaciones de los derechos humanos”.

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“Así mismo, fue señalado como responsable de Crímenes de Lesa Humanidad en el Informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en septiembre 2020. Desde el 20 de noviembre del 2024 fue nombrado por Nicolas Maduro como presidente de la Compañía anónima de telefonía venezolana (CANTV)”.

Nace el Comando Antigolpe

La Asamblea Nacional elegida en el 2015, declaró el 9 de enero de 2017, “la falta absoluta de Nicolás Maduro como Presidente, por abandono del cargo, lo que implicaba la remoción de Maduro y el llamado a elecciones”.

Como respuesta, Maduro radicaliza la persecución y crea el 10 de enero de 2017 el Comando Antigolpe y así “se incorporan oficiales de inteligencia venezolanos entrenados en Cuba para controlar y torturar a los militares que manifestasen algún descontento”, dice el informe de FPPM.

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Dicho Comando estuvo presidido por el entonces Vicepresidente Tareck Zaidan El Aissami Maddah e integrado por la vicepresidenta de política y soberanía, Almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas; la Canciller, Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Los ministros de Defensa, General Vladimir Padrino López; del Interior y Justicia, el general Néstor Luis Reverol Torres; el director del SEBIN, General Gustavo González López.

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El Jefe de la, MG Iván Hernández Dala; al director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general Franklin García Duque, además del diputado Diosdado Cabello Rondón.

“La primera acción del Comando Antigolpe fue detener el 12 de enero de 2017 al General en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, quien tenía libertad condicional desde agosto 2015 y murió en El Helicoide el 21 de octubre 2021 por falta de atención médica”.

Junto con el General Baduel fueron detenidos

“siete Sargentos del Ejército de la Unidad de Francotiradores, quienes fueron cruelmente torturados durante 6 días en la DGCIM y aún permanecen tras las rejas y sin juicio”.

Detienen a varios diputados y concejales que fueron liberados en negociaciones. También detienen en su casa, “en una operación del SEBIN, al General Ángel Vivas”.

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“Ese mismo año se consolida la Red de Control y Tortura de las Fuerzas Armadas, a través de la Coordinación SEBIN, DGCIM, fiscalía, tribunales, defensores públicos, Servicio de Medicina Forense (Senamecf), Cicpc, Defensor Del Pueblo, Ministerio Público”.

El responsable del enlace DGCIM, Fiscalía Militar, Tribunales Militares y Senamecf “fue el entonces coronel Rafael Antonio Franco Quintero entrenado por la inteligencia cubana y ascendido a General de División en Julio 2023”.

Con Franco “se inician las detenciones y allanamientos sin ordenes de judiciales, la presentación de civiles y militares torturados en Tribunales sin que haya investigación, el uso de detenidos como testigos, forzados a firmar “declaraciones espontaneas”, informes manipulados de médicos forenses, torturas físicas sin importar dejar huellas”.

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Sumado a ello los “tratos crueles en celdas de la DGCIM: aislamiento por más de 45 días, luz encendida las 24 horas, confinamiento en celdas sin acceso al baño por más de 3 meses, restricciones de alimento y agua por más de 72 horas, hacinamiento infrahumano, ausencia de atención médica, cuartos de tortura como El Tigrito”, El Cuarto de los Locos y La Nevera”.

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Se aplicaron “torturas cada vez más violentas y en lugares apartados como la Parcela Sorocaima. Todo se hizo con el visto bueno de jueces y fiscales”.

El general Franco Quintero “está sancionado por la OFAC, por la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Gobierno de Suiza, por violaciones de derechos humanos. Así mismo la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, lo señala como responsable de Crímenes de Lesa Humanidad”.

Las deserciones

Asegura FPPM que “la actividad partidista de la Fuerza Armada a favor del Partido Político del Gobierno (PSUV), la participación de cubanos en el Ministerio de Defensa, la cercanía al Régimen Castrista, y el abandono poco a poco de sus funciones constitucionales produjo descontento en los Comandos medios y el personal de Tropa”.

A eso se le suma “la escasa dotación de uniformes y equipos militares, los bajos sueldos, falta de alimentación, medicamentos y atención médica, la falta de acceso a la vivienda y la corrupción abierta en los Altos Mandos”.

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Todo ello causa un alto índice de deserciones y protestas que se tradujo en una persecución sangrienta hacia aquellos que se manifestaron de manera pública o privada en contra de la “revolución”.

Reseña el informe que:

“a lo largo de los años aumentaron las solicitudes de baja en todos los componentes, haciéndose imposible procesar la cantidad en corto tiempo. La deserción ha sido la decisión para muchos, pues en los últimos 2 años, una solicitud de baja puede ser el pase a los sótanos del infierno de la DGCIM por Traición a la Patria o instigación a la rebelión”.

El rol de Padrino

FPPM, registrada en los Estados Unidos desde el 3 de junio de 2019, se creó con la finalidad de visibilizar ante la sociedad civil y Organismos Internacionales la violación sistemática de los Derechos Humanos y Fundamentales de militares presos políticos y sus familias.

“Las desapariciones forzadas, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes representan la historia no contada de la dictadura chavista-madurista como estrategia para desaparecer a las Fuerzas Armadas Venezolanas tal y como las conocimos en el Siglo XX”.

La organización ha buscado no solo documentar los testimonios de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, sino los hechos que los llevaron a identificar patrones de persecución en contra de los militares que decidieron cumplir con la Constitución.

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Destacan la politización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Desde el año 2014 el régimen de Nicolas Maduro inicio una persecución implacable, hacia todos aquellos militares activos y retirados que manifestaban algún descontento por la situación que enfrentaban las Fuerzas Armadas, su politización y adoctrinamiento”.

Enfatizan “la imposición del saludo ‘revolucionario’ a superiores y subalternos, instalación de símbolos políticos en las oficinas, registro del carnet de la patria para obtener aumentos de sueldos y otros beneficios”, lo que califican como el principio de la desintegración de una Fuerza Armada democrática “convertida hoy en día en el brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que controla el poder en Venezuela”.

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A juicio de la organización FPPM “el adoctrinamiento iniciado por Hugo Chávez, Nicolás Maduro lo profundizó, para lo cual fue fundamental la participación de un grupo de militares que hasta ahora se mantienen en el poder”.

Consideran que “el nombramiento del General Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa, desde octubre 2014, tenía como objetivo la desintegración institucional”.

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Agregándole que durante su gestión se incorporaron Leyes y Decretos inconstitucionales que cambiarían no solo la Organización y composición de las Fuerzas Armadas, con las ZODI, REDI y la incorporación como componente de la Milicia.

Aunado a ello buscó cambiando “su rol como garantes de la democracia y la soberanía nacional a ‘garantes de la Revolución Bolivariana’ para perpetuarse en el poder”.

El General Padrino está sancionado por Canadá y Estados Unidos por violaciones de Derechos Humanos.

Las perturbadoras cifras

FPPM-Ve sostiene en su informe cifras alarmantes, por ejemplo, “el 100% de los casos de militares detenidos, se hicieron sin orden de aprehensión.

100% fue detenido por organismos de inteligencia. El 100% ha sido objeto de desaparición forzada de corto plazo. Y 100% fue objeto de tortura física y psicológica”.

Así mismo, “el 48% tiene defensor público, como única opción de defensa. El 80% no ha tenido acceso al expediente”.

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Sin juicio “por más de 9 años hay un militar; por más de 7 años, 8 militares; por más de dos años, dos militares y sentenciados a 30 años de prisión por traición a la patria hay 27 militares”.

“La mayoría de los militares que ya están sentenciados, estuvieron en ‘prisión preventiva’ por más de 3 años, antes de iniciarse el juicio”.

“Quince militares detenidos tienen Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ninguna se ha cumplido”.

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“Tres militares tienen decisión favorable para su libertad del Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas y han sido ignoradas”.

El 70% de los militares están recluidos en 2 grandes Centros Penitenciarios: El Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, estado Miranda y El Rodeo I, dependiente del Ministerio Penitenciario.

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Cuatro militares detenidos tienen doble nacionalidad (Italia, Portugal y Chile) sin que se les permita la protección consular ni las debidas visitas consulares.

Delitos imputados más frecuentes: Instigación a la Rebelión (61), Traición a la Patria (57), Asociación para delinquir (54), Terrorismo (46), Sustracción de efectos de las FANB (38), Motín (26), Conspiración (19) y Conspiración con gobierno extranjero (15).

Tomado de Infobae

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