Jubilados denuncian exterminio ante la CPI por pensiones de $0,20
Organizaciones de pensionados y jubilados venezolanos elevaron una denuncia formal ante las principales instancias de justicia internacional para alertar sobre la situación de “exterminio silencioso” que padecen.
El documento fue presentado este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI), la ONU y la CIDH, denunciando que más de cinco millones de adultos mayores en el país sobreviven con una pensión de 130 bolívares mensuales, equivalentes a apenas 0,20 dólares según la tasa oficial.
Una política de “violencia estructural”
El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y la asociación Pejuveval sostienen que la congelación de los ingresos desde marzo de 2022 no es un fenómeno accidental, sino una política deliberada del Estado.
Los denunciantes argumentan que el Gobierno ha impuesto condiciones de vida destinadas a causar la destrucción parcial de este sector de la población, al impedirles el acceso a alimentos y medicinas.
Esta omisión encuadraría en el crimen de exterminio, tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Violación sistemática de la Constitución
La denuncia resalta que la realidad económica actual viola flagrantemente el artículo 91 de la Constitución, que garantiza un salario suficiente para vivir con dignidad.
Los jubilados documentaron casos de desnutrición severa y muertes evitables por falta de tratamiento para enfermedades crónicas.
“Lo que ocurre en Venezuela no es solo pobreza, es una forma de violencia estructural”, sentenció el documento, que también critica el silencio de los organismos de poder internos ante la tragedia humanitaria.
El drama de los jubilados en el exterior
Edgar Silva, vocero de las organizaciones, subrayó la crítica situación de los venezolanos en el extranjero, a quienes se les suspendió el pago de sus pensiones desde enero de 2016.
Tras nueve años sin percibir sus ingresos, miles de ciudadanos en países como España dependen exclusivamente de la caridad de instituciones como Cáritas o de remesas familiares. La denuncia exige que el Estado venezolano retome estos pagos de forma inmediata y reconozca la deuda acumulada con quienes trabajaron durante décadas.
Exigencia de indexación y protección
Ante lo que califican como un “silencio cruel” de las autoridades, los pensionados solicitan a la comunidad internacional un pronunciamiento urgente que condene la pulverización de sus ingresos. Entre las peticiones destacan:
- Indexación inmediata de las pensiones al costo real de la canasta básica.
- Mecanismos de verificación internacional para recolectar testimonios de las víctimas.
- Medidas de protección para los denunciantes ante posibles represalias por visibilizar la crisis.
Con información de El Pitazo
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