Un tribunal en el estado Falcón encarceló al médico Alexis Zárraga por compartir opiniones críticas en WhatsApp.
El Tribunal Quinto de Control de Coro confirmó su privativa de libertad tras un arresto ejecutado el 14 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
La acusación señala “instigación al odio”, un delito que la administración de Nicolás Maduro usa para silenciar disidencias.
Según reportes de medios locales, Zárraga expresó molestias contra el régimen en grupos de mensajería, lo que desencadenó su detención. Este caso resalta la fragilidad de la libertad de expresión en Venezuela, un derecho garantizado por el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La ONG Espacio Público y el portal VPI TV confirmaron la noticia en las red social de X, destacando la arbitrariedad del arresto.
Funcionarios del SEBIN actuaron sin orden judicial clara, una práctica común en el país. El medio de comunicación regional, Nuevo Día informó que la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en Falcón solicitó la medida, aunque nadie conoce los mensajes exactos ni el lugar donde Zárraga permanece recluido.
La llamada “ley contra el odio”, aprobada en el año 20172017 por la Asamblea Constituyente chavista, respalda estas acciones.
Ley contra el odio: arma de censura
La ley contra el odio castiga expresiones con definiciones vagas, permitiendo al gobierno interpretarlas a conveniencia.
Esto coarta la libertad de los ciudadanos, quienes enfrentan penas de 10 a 20 años de prisión.
Además, obliga a eliminar contenido en redes sociales en seis horas bajo amenaza de multas superiores a 10.000 dólares.
En el año 2024, tras las elecciones del 28 de julio, donde Maduro se autoproclamó ganador, las detenciones por “incitación al odio” se dispararon. Ciudadanos, periodistas y activistas cayeron presos solo por cuestionar los resultados, a menudo delatados por militantes oficialistas.
Aumento de detenciones en 2025
El caso de Alexis Zárraga no es aislado. En lo que va del año 2025, las autoridades intensificaron la persecución contra quienes critican la administración de Maduro.
La normativa, ilegal según expertos, contradice la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
Organizaciones alertan que estas acciones buscan infundir miedo y autocensura en la población.
La libertad de opinión, aunque protegida constitucionalmente, queda anulada por un sistema que prioriza el control sobre los derechos fundamentales.
Con información de Espacio Público
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Fuente de TenemosNoticias.com: puntodecorte.net
Publicado el: 2025-02-25 16:44:00
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