La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela alertó este miércoles sobre la grave situación de derechos humanos en el país. La organización denunció que el gobierno venezolano mantiene a opositores y personas consideradas como tales en condiciones de aislamiento e incomunicación.
Estas prácticas, según el informe, frecuentemente equivalen a desapariciones forzadas, una forma de violación grave a los derechos humanos que requiere atención internacional. La presidenta de la misión, Marta Valiñas, advirtió que mantener a personas en estas condiciones constituye una práctica perversa y legalmente reprochable, que puede ser considerada un crimen internacional.
La experta también explicó que la tortura y la desaparición forzada, cuando se realizan en el contexto de ataques sistemáticos contra civiles, califican como crímenes de lesa humanidad. La misión subrayó que estas acciones están siendo empleadas como parte de una persecución política sistemática y que el gobierno venezolano viola los principios básicos de protección a los derechos humanos.
Crisis en Venezuela y la impunidad judicial
Francisco Cox, otro de los expertos de la misión, precisó que estas violaciones ocurren en Venezuela como parte de un patrón de persecución política. La organización exigió la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas arbitrariamente, en línea con la postura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien también reclamó por la libertad de los presos políticos en su reciente informe.
La falta de protección judicial efectiva en Venezuela agrava la situación, pues la institución del habeas corpus, que busca salvaguardar a las personas contra detenciones arbitrarias, funciona de manera ineficaz. La misión confirmó que al menos en 20 casos, los recursos de habeas corpus no fueron atendidos, rechazados o permanecieron sin respuesta.
La negativa del aparato judicial a tramitar estos recursos revela una grave complicidad, según Patricia Tappatá, experta en derechos humanos y miembro de la organización. La situación ejemplifica la impunidad que prevalece en el país, donde las instituciones judiciales no garantizan protección ni justicia a las víctimas.
Casos de detenciones arbitrarias y la situación de Eduardo Torres
Uno de los casos que refleja la gravedad de la crisis en Venezuela es el del activista y abogado Eduardo Torres, integrante del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Torres se encuentra en paradero desconocido desde el 9 de mayo, en una situación que evidencia la desprotección legal que enfrentan los opositores. Según información de la ONU, familiares y abogados de Torres intentaron presentar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero la jueza encargada se negó a recibirlo. Solo este lunes, la Sala Constitucional aceptó finalmente el recurso, tras horas de espera y resistencia.
Esta situación refleja la indiferencia y resistencia del aparato judicial venezolano ante las solicitudes de protección legal, lo que contribuye a la vulnerabilidad de quienes buscan justicia. La comunidad internacional continúa llamando a Venezuela a respetar los derechos humanos, liberar a los presos políticos y garantizar un sistema judicial que proteja efectivamente a todas las personas. La denuncia internacional busca poner fin a estas prácticas y promover un cambio en la protección de los derechos fundamentales en Venezuela.
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Publicado el: 2025-05-14 08:08:00
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