Participación ciudadana y cambio político en Venezuela
La movilización ciudadana y la exigencia de derechos fundamentales constituyen el motor principal para generar una transición democrática en Venezuela. Pedro González Caro, subdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que el ejercicio pleno de la ciudadanía puede presionar a las instituciones para restablecer el orden constitucional de manera pacífica.
Durante una entrevista en el programa #AgendaComún, el académico explicó que la sociedad civil debe asumir un rol protagónico ante el deterioro de los partidos tradicionales. González Caro enfatizó que la organización sistemática permite tramitar demandas frente al sistema político. Para el especialista, la participación activa es la herramienta más eficaz para lograr soluciones estructurales a la crisis multidimensional que atraviesa la nación.
El poder de la movilización organizada
El profesor destacó investigaciones internacionales que demuestran cómo la organización de apenas el 3% de la población incide determinantemente en los cambios políticos de un país. Esta masa crítica, articulada mediante asociaciones y organizaciones no gubernamentales, tiene la capacidad de obligar a quienes ostentan el poder a ceder ante las demandas sociales. Según el experto, este fenómeno ya ha ocurrido en procesos históricos como el fin del apartheid.
González Caro aclaró que no se trata de convencer a las autoridades, sino de generar una presión interna que haga insostenible el statu quo. En este escenario, la sociedad civil organizada debe liderar la agenda de exigencias, mientras los partidos políticos intentan retomar su rol de intermediación. La movilización masiva y pacífica es, a su juicio, el camino para inducir las transformaciones necesarias.
Crítica a las leyes de amnistía y control
Al analizar las recientes leyes de amnistía e hidrocarburos, el politólogo fue tajante al señalar que estas normas no representan un cambio real de voluntad. Considera que tales instrumentos son meras expresiones de adecuación del sistema actual para garantizar su supervivencia. Estas medidas buscan extender el ejercicio del mando bajo esquemas de tutelaje que no están previstos en la Constitución nacional.
El especialista denunció que la ley de amnistía no beneficia genuinamente a los ciudadanos, pues persisten más de 500 personas detenidas por motivos políticos. González Caro afirmó que las liberaciones dependen de decisiones de los actores en el poder y no de procesos legales transparentes. Esta situación evidencia, según su análisis, la desaparición de un sistema de justicia independiente que corrija las arbitrariedades actuales.
La ruta electoral como salida institucional
La convocatoria a elecciones presidenciales aparece como la vía más viable para canalizar las tensiones acumuladas en la sociedad venezolana. González Caro sostuvo que el voto representa una válvula que libera presiones sociales y permite legitimar el ejercicio del ejecutivo. El académico recordó que la figura de la presidencia encargada actual opera fuera de los lapsos constitucionales establecidos originalmente para una ausencia permanente.
Para garantizar un proceso creíble, el profesor propuso la implementación de una observación internacional certificada por organismos como la Unión Europea o la ONU. Asimismo, mencionó la posibilidad de adoptar un estatuto electoral temporal, propuesto por organizaciones civiles, para facilitar los comicios sin dilaciones legales. La meta fundamental es que la voluntad popular defina el rumbo del país mediante mecanismos verificables y democráticos.
Demandas sociales que unifican al país
La articulación de la sociedad civil debe enfocarse en necesidades urgentes como el acceso a la canasta básica y salarios dignos. González Caro señaló que el colapso de los servicios de agua y electricidad son problemas que afectan a todos los ciudadanos sin distinción. Estas carencias, sumadas a la crisis del transporte, generan un malestar profundo que debe transformarse en exigencia organizada hacia el Estado.
Finalmente, el politólogo subrayó que el Estado venezolano ha dejado de servir al ciudadano para operar en función de sus propios intereses. La lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos son pilares que deben unificar a los activistas. Recuperar la institucionalidad implica, necesariamente, que los órganos públicos prioricen el bienestar de la población sobre la permanencia de un grupo en el poder.
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