Samark López denuncia un juicio político y sin pruebas tras su detención

El empresario venezolano Samark López afirmó que su proceso judicial carece de fundamentos sólidos y responde a motivos políticos. Durante su declaración ante el tribunal, López calificó su caso como una persecución sin evidencias, construida sobre redes sociales y comentarios sin respaldo técnico ni financiero. Su denuncia evidencia un proceso judicial que, en su opinión, viola los derechos humanos y la justicia.

Un proceso judicial sin pruebas, considerado una persecución política

López aseguró que las acusaciones en su contra se basan en un expediente vacío y sin elementos probatorios. Explicó que las únicas evidencias son operaciones financieras sin relación con las acusaciones grandilocuentes del Ministerio Público. Afirmó que no existe vinculación con montos específicos, beneficios personales o documentación que lo relacionen con delitos de lavado o criptomonedas. La falta de auditorías, estados de cuenta o recibos refuerza su argumento.

El empresario resaltó que sólo recibió 15 millones de dólares por obras en PDVSA en cuatro años, una cantidad mínima respecto a la deuda que, según dice, mantiene el Estado. También negó tener relación alguna con Bancamiga, ni haber sido confiscado con activos financieros, criptomonedas o dinero en efectivo. Para López, todo el caso surgió de publicaciones en redes sociales y conversaciones extraídas de su teléfono, sin pruebas técnicas ni legales que respalden las acusaciones.

Denuncia de torturas, presiones y intentos de incriminar a terceros

López denunció que el fiscal Tarek William Saab intentó obligarlo a declarar que Diosdado Cabello lideraba una conspiración contra Nicolás Maduro. Según su relato, Saab le propuso un trato: cooperar a cambio de cesar las torturas, liberar a su esposa, devolver su vivienda y enviarle a casa en 24 horas. Relató que Saab lo visitó en varias ocasiones, lo golpeó y mostró videos de su casa vacía y de sus hijos, presionándolo para incriminar a otros políticos.

El empresario afirmó que las amenazas y la tortura no solo se dirigieron hacia él, sino también a su familia. Su esposa fue citada durante 14 días seguidos en el DGCIM, en horarios de madrugada, y en una ocasión la amenazaron con un arma para abrir una caja fuerte. La noche del arresto, su hija mayor, de 12 años, permaneció sola en la casa durante 10 horas, custodiada por hombres armados y encapuchados. López también denunció saqueos en su vivienda, oficina, vehículos y finca de búfalos, que hoy funciona como un negocio de terceros.

Audiencia marcada por vulneraciones y denuncias de irregularidades

La audiencia del 22 de mayo de 2026 presentó varias denuncias de la defensa, que alertaron sobre vulneraciones a los derechos del acusado. Una abogada denunció el despojo de la vivienda de una menor de edad, mostrando fotos de una cuna vacía y solicitando investigar el vaciamiento del hogar. Otra defensora advirtió sobre el incumplimiento del SENAMECF, la falta de copias certificadas del expediente y el riesgo para la vida de López.

La presencia de la esposa del empresario en la audiencia aportó un tono humano a la jornada, que estuvo marcada por irregularidades en el traslado y la falta de garantías procesales. López relató que el 19 de abril de 2026, fue sacado en la noche junto a otros reclusos, encapuchados y esposados, sin conocimiento previo de que comenzaba un juicio. Solo se enteró tras subir los 130 escalones a la sede judicial, donde observó las insignias del Tribunal Supremo de Justicia.

Trayectoria previa y la deuda del Estado con López

López insistió en su historia laboral y en la relación con la industria petrolera, que remonta a años antes de su detención. Es economista de la Universidad Central de Venezuela y trabajó en la Oficina Central de Información, en la reforma constitucional de 1999 y en la Gobernación de Mérida. Además, participó en proyectos con PDVSA desde 2009, donde realizó obras, instaló tuberías y generó miles de empleos.

Sostiene que el Estado mantiene una deuda millonaria con él por los trabajos realizados en el sector petrolero. En 2023, produjo 84 millones de barriles de petróleo, y parte de esa deuda fue renegociada en 2022, aunque aún no recibe el pago correspondiente. Su historia profesional refuerza su argumento de que su proceso judicial carece de sustento técnico y que se trata de una persecución por su perfil empresarial.

Un proceso sin fundamentación técnica y sin garantías

Al concluir su declaración, López reiteró que no existe ninguna pericia financiera que demuestre su participación en delitos de legitimación de capitales o lavado de dinero. La acusación, afirmó, se basa en una “arqueología de redes sociales” y en testimonios sin respaldo documental ni técnico. Que el expediente sea un conjunto de publicaciones y comentarios muestra la falta de sustento real en el proceso.

El empresario solicitó su libertad inmediata, la nulidad absoluta del proceso y el respeto a su derecho a la defensa. Considera que la justicia venezolana viola sus derechos humanos y que el caso evidencia una persecución política que busca silenciar su voz y deslegitimar su trayectoria. La denuncia de López pone en evidencia las irregularidades y abusos en su proceso judicial, que aún está en curso en un contexto de tensión política en Venezuela.