Traslados en el penal INJUBA: Familiares denuncian engaño del ministro
Los familiares de los reclusos de Barinas denuncian falsas promesas oficiales sobre los traslados en el penal INJUBA tras las protestas por maltratos.
Los familiares de las personas privadas de libertad en el Internado Judicial de Barinas manifestaron su profundo rechazo ante el manejo institucional de la crisis.
Las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios rompieron su promesa de ejecutar únicamente movilizaciones bajo el consentimiento de la población reclusa.
Los allegados de los internos afirmaron que los portavoces oficiales aseguraron que cada ciudadano elegiría su destino carcelario según su situación legal.
La realidad actual muestra un panorama completamente distinto donde los traslados forzosos sustituyeron cualquier acuerdo humanitario previo entre las partes.
El Observatorio Venezolano de Prisiones documentó estas irregularidades gracias al testimonio directo de las víctimas en el lugar de los hechos.
La indignación crece en los alrededores del recinto carcelario debido a la movilización masiva e inconsulta de los privados de libertad hacia otras regiones.
Más de quince autobuses salieron con destino a cárceles de Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa y Zulia sin la debida notificación judicial.
Estos centros de reclusión receptores ya sufren problemas graves de sobrepoblación y fallas severas en el suministro de servicios básicos. Por otra parte, la directiva del anexo femenino mantiene bajo incertidumbre el destino de más de cien mujeres recluidas en la instalación.
Los parientes temen el envío de estas internas hacia penales lejanos ubicados en los estados Táchira y Miranda durante las próximas horas.
El impacto humanitario de los traslados en el penal INJUBA
La ausencia de información oficial obligó a los ciudadanos a construir redes de apoyo vecinal para buscar a los internos en distintas entidades. Los cuerpos de seguridad niegan la entrega de listados institucionales con los nombres de las personas movilizadas durante los últimos días.
Los parientes aseguran que las autoridades catalogaron como líderes negativos a los reclusos que protestaron pacíficamente en los techos del internado judicial. Mientras tanto, el ministro del área penitenciaria elude el contacto con las comunidades y permanece oculto dentro de las oficinas del centro carcelario.
La mediación quedó en manos de la dirección de Seguridad Ciudadana regional, cuyos compromisos iniciales carecen de validez legal en este momento.
La crisis generó cambios profundos en la estructura de mando del centro penitenciario tras los fuertes desórdenes del pasado fin de semana. El jefe de la seguridad regional anunció la remoción del director del internado judicial debido a los maltratos denunciados por la población.
Un exfuncionario de la Policía Metropolitana asumirá la conducción del establecimiento de forma inmediata para intentar estabilizar las actividades internas del penal. Representantes del poder judicial instalaron mesas de revisión técnica pero los reportes confirman el otorgamiento de una sola boleta de libertad plena.
Los familiares exigen celeridad en los procesos judiciales y el cese definitivo de los castigos físicos contra la población reclusa.
Condiciones inhumanas antes de los traslados en el penal INJUBA
Las condiciones de vida en las instalaciones carcelarias de Barinas reflejan el abandono crónico que denuncian las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los reclusos reciben una dieta deficiente basada únicamente en carbohidratos, masas de maíz y embutidos de baja calidad sin nutrientes esenciales. El acceso al agua potable es limitado y los internos dependen del esfuerzo económico de sus familias para recibir alimentos saludables semanalmente.
La atención médica en el recinto es nula y los reos con patologías graves carecen de tratamientos específicos para sus dolencias. Un caso emblemático evidenció el traslado tardío de un preso político con un cuadro severo de deshidratación y peritonitis aguda.
El penal registra una sobrepoblación alarmante que supera el doscientos noventa por ciento de la capacidad estructural diseñada originalmente por el Estado.
La infraestructura construida para albergar a cuatrocientos cincuenta reclusos contenía a más de mil trescientos ciudadanos antes de los recientes incidentes.
El hacinamiento crítico detonó la protesta violenta cuando el personal de custodia destruyó las pertenencias personales de los reos en una requisa. Los custodios aislaron a un grupo numeroso de internos en celdas de castigo donde sufrieron golpizas y restricciones severas de comida.
Las autoridades suspendieron los procesos de visitas familiares y confiscaron los paquetes de asistencia humanitaria enviados desde el exterior del recinto.
Protestas legítimas y el inicio de los traslados en el penal INJUBA
La huelga general de los internos comenzó tras los abusos cometidos por la directiva saliente durante los operativos de control interno.
Los reclusos utilizaron plataformas digitales para difundir videos sobre las agresiones con perdigones y gases lacrimógenos sufridas dentro de los módulos.
El ataque con sustancias químicas afectó gravemente a las mujeres del anexo femenino y obligó a su evacuación inmediata hacia zonas comunes. Los manifestantes exigían la destitución del jefe del penal y la presencia de fiscales garantes de los derechos fundamentales de los detenidos.
Las instituciones del Estado emitieron comunicados tradicionales que no resuelven los problemas de fondo ni castigan a los funcionarios responsables de las torturas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige una investigación penal exhaustiva sobre la gestión del ministro debido a su inacción ante la emergencia.
Las organizaciones civiles critican el uso sistemático de las movilizaciones forzosas como única respuesta institucional frente a los conflictos en las cárceles.
Esta práctica destruye los lazos familiares y complica la defensa técnica de los procesados al alejarlos de sus tribunales de origen.
Los ciudadanos mantienen la vigencia de sus reclamos en las adyacencias del establecimiento hasta obtener respuestas claras sobre el destino de sus hijos.
El respeto a la dignidad humana debe prevalecer en cualquier proceso de reorganización del sistema penitenciario del país.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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