Detenciones arbitrarias y delitos sin sustento

Acceso a la Justicia asegura que hay graves contradicciones en el caso de Azul Positivo, pues llama la atención que el Ministerio Público considere que se ha cometido legitimación de capitales, pese a que la ONG zuliana trabaja con fondos de Naciones Unidas

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que los cinco trabajadores detenidos de la ONG zuliana Azul Positivo presentan síntomas de covid-19, por lo que exigen su liberación inmediata.

A través de su cuenta en Twitter, Provea informó que Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, presos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maracaibo presentan síntomas de covid-19, que en condiciones de detención se puede ver agravada debido a la falta de atención médica especializada.

#URGENTEAzulPositivo | Los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo presentan síntomas de COVID-19.

Exigimos su inmediata liberación, deben ser trasladados a un centro médico y en plena libertad. @ARuizdp @MinpublicoVe @OmarPrietogob @mbachelet #NosFaltan5 pic.twitter.com/j83HucMax5

— PROVEA (@_Provea) January 22, 2021

Los cinco integrantes de esta ONG se encuentran detenidos desde el pasado 12 de enero, tras un alllanamiento a su sede.

Más de 100 ONG, incluyendo a Naciones Unidas y su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, han exigido la liberación de los cinco trabajadores de Azul Positivo a las autoridades, debido a que es un ataque a los trabajadores humanitarios en el país.

Azul Positivo y la criminalización de las ONG

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia afirmó que en el caso de la ONG zuliana Azul Positivo se configuraron detenciones arbitrarias y se imputan delitos sin sustento, lo que criminaliza la asistencia humanitaria que se brinda en el país.

A través de un comunicado, Acceso a la Justicia detalló que luego del allanamiento y detención de cinco de los integrantes de ONG en su sede en Maracaibo, por parte de funcionarios de la Dgcim y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez), a los integrantes de Azul Positivo se les mantuvo incomunicados de su defensa hasta el momento de la audiencia de presentación, cuando pudieron conversar con sus abogados.

«Además de ser una clara violación al debido proceso y al derecho a la defensa, constituye una detención arbitraria», afirmó la ONG.

Otras de las cuestiones que expuso Acceso a la Justicia en su comunicado son las contradicciones de las autoridades judiciales, pues «llama la atención que el Ministerio Público y el Poder Judicial consideren que la actividad de la ONG, pese a contar con el respaldo de agencias de Naciones Unidas, como Onusida y otras organizaciones humanitarias reconocidas, presuntamente encuadre en el delito de legitimación de capitales».

@AzulPositivo es una ONG con años de trabajo efectivo y responsable en pro de la respuesta del VIH en el Estado Zulia. ONUSIDA hace un llamado para que se aclaren los hechos ocurridos en el día de hoy y se respete la integridad y derechos de sus miembros 🗣 #SomosAzulPositivo

— ONUSIDA Venezuela (@ONUSIDA_VE) January 13, 2021

La ONG explicó que para que se configure el delito de legitimación de capitales es necesario que el origen de los fondos sean ilícitos y se pretenda aparentar o esconder que ese dinero no es legal. «En este caso, los fondos provienen de la cooperación internacional y están plenamente acreditados, por lo que son lícitos, y Azul Positivo no los ha escondido, ya que pertenecen a un programa público y comunicacional».

Con respecto al presunto «uso fraudulento de tarjetas electrónicas», Acceso a la Justicia mencionó que tampoco se ha configurado pues los beneficiarios de los programas de Azul Positivo «están plenamente identificados, así como los comercios vinculados al programa humanitario, por lo que no hay necesidad de manipular tarjetas ni alterar sus montos».

*Lea también: ONU conversa con autoridades para lograr liberación de trabajadores de Azul Positivo

Por último, detalló la ONG, «para que haya asociación para delinquir, el último delito imputado, es necesario que haya una agrupación para cometer actividades criminales. Dado que los delitos principales no existen, este último también carece de sustento».

El caso de Azul Positivo no tiene base legal alguna, aseguró Acceso a la Justicia, «y no es más que otro ataque contra las organizaciones humanitarias que proveen de alimentos y otros insumos de primera necesidad a quienes más los necesitan y son las primeras víctimas de la paralización de estos programas por la persecución oficial».