Eduardo Torres cumple un mes detenido: Provea exige información

La ONG pide al Ministerio Público garantizar el acceso a la defensa privada, visita a familiares y respeto a sus derechos fundamentales. Organizaciones internacionales también exigieron la libertad del abogado

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este lunes 9 de junio a las autoridades aportar «información oficial» sobre la situación legal del activista y abogado Eduardo Torres, quien fue detenido hace un mes tras salir de una reunión para dirigirse a su casa.

Otras de las solicitudes que hace la organización al Ministerio Público es «acceso inmediato a la defensa privada, visita familiares y respeto a sus derechos fundamentales».

Provea indicó que Eduardo Torres, quien es miembro de su equipo legal, está privado de libertad en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

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A juicio de la ONG, «criminalizar» a Torres «por su labor» es parte de lo que califica como «una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela».

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del integrante de Provea el pasado 13 de mayo y dijo que se encuentra detenido por su presunta vinculación con una trama para «generar violencia» en los comicios regionales y legislativos, celebrados el 25 de mayo.

Eduardo Torres es trabajador de la Universidad Central de Venezuela, sindicalista y estudiante de postgrado.

Otras organizaciones también pidieron por la libertad del abogado Eduardo Torres. La Federación Internacional por los Derechos Humanos denunció el aislamiento absoluto contra el defensor de DDHH y exigió «su libertad, respeto al debido proceso y cese del hostigamiento».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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