entre el desasosiego y zonas grises

Desde hace 25 meses el activista e investigador de derechos humanos venezolano Rigoberto Lobo Puentes y su familia esperan por el estatus de refugiados en Buenos Aires, Argentina, a donde, en principio, llegaron de manera temporal el 12 de diciembre de 2021.

Se sienten bien recibidos y tienen residencia permanente, pero siguen sin obtener respuesta a su solicitud de refugio: durante el gobierno de Alberto Fernández esos trámites estuvieron “congelados” y, en medio de la conflictividad interna, considera que no es una prioridad para el de Javier Milei.

Cada 90 días Lobo debe presentarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) para sellar sus documentos y mantener actualizada su información. También debe notificar y solicitar permiso en caso de que deba viajar a otro país, una situación que, sostiene, viven unos 4.000 venezolanos en Argentina.

“Por un lado tengo un agradecimiento muy importante, aquí nos sentimos cálidos, recibidos, por el otro está esa situación”, dice a VOA.

Sobrellevar el peso emocional es de los aspectos más complejos a los que los refugiados deben hacer frente, dice Lobo, que admite haber pasado recientemente por momentos de paranoia y estrés al surgir casos como el del exmilitar venezolano que estaba refugiado en Chile donde fue secuestrado y posteriormente asesinado.

“Estás en otro lugar y te sientes seguro, porque el contexto te da cierta seguridad, pero el miedo no desaparece, el miedo siempre está ahí”, admite en medio de su larga espera.

Revictimización

Según cifras de la Conare presentadas por solicitud del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), en Argentina, entre 2018 y 2022 hubo 6.272 solicitudes de refugio de venezolanos de las que solo 314 han sido reconocidas. En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri fue fueron aprobados 294 casos, la mayor cifra en ese período.

Para el 13 de mayo de 2024, del total de solicitudes que se encontraban pendientes por resolución por parte de la Conare, 4.670 estaban en condición de iniciar procedimiento de caducidad, por “falta de impulso procesal de su titular”.

Si bien se desconocen las causas, es posible que se atribuya a la ausencia de avances de las entrevistas, expone un trabajo elaborado por CADAL y Promedehum, una organización sin fines de lucro que defiende, educa y promueve los DDHH, con énfasis en la libertad de reunión y asociación pacífica fundada por Lobo.

Para el activista, los refugiados, a diferencia de los migrantes, no están en la agenda de los gobiernos ni de muchas organizaciones y afirma que, al no haber respuestas, especialmente, en casos en los que no existen plazos preestablecidos respecto a las resoluciones de los casos, hay una revictimización.

“Son procesos bastante duros, de los que muchas personas desisten continuar, porque además debes sobrevivir en el día a día. Creo que los gobiernos deben ser más sensibles, pensar que no es gente que les viene a quitar algo, es gente que tiene historias traumáticas, hay una ola en el mundo anti migrantes y anti refugiados”, estima al destacar las importantes contribuciones de los refugiados.

La historia de Lobo

Promedehum, dirigida por Lobo, actualmente dedicada a trabajar con organizaciones, programas de formación, capacitación y asesoría en DDHH, años atrás se involucró con aspectos humanitarios.

En 2017, en un contexto de masivas manifestaciones antigubernamentales en las que se han denunciado casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza, entre otros, que son investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI), Lobo y la organización trabajaron de cerca con casos de desapariciones forzadas.

Pero, antes, al menos desde 2015, comenzó a recibir ataques digitales que fueron “escalando”, en un contexto de allanamientos y persecución contra organizaciones humanitarias.

Luego, fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional mientras participaba en un operativo humanitario en el que buscaban trasladar camiones con toneladas de insumos

Lobo y su familia salieron de Venezuela en 2018 tras incrementarse actos de hostigamiento. Meses después volvió al país, pero, se fue definitivamente, en 2021, al ser alertado sobre el inicio de una investigación en donde su nombre encabezaba una lista.

Tenía intenciones de regresar a Mérida, la ciudad en el suroeste del país en la que vivía, pero se vio forzado a desistir.

“Yo iba a ser trasladado, porque era una citación bajo conducción y no iba a saber por qué, porque era una causa penal reservada, lo que va contra los estándares internacionales del derecho”, relata a VOA.

Defensores de DDHH refugiados’

Algunos defensores de derechos fundamentales se sienten en zonas grises. Si bien no vivieron la situación de miles de personas que huyeron en condiciones precarias, como aquellos que cruzan pasos fronterizos ilegales, o la de aquellos que recibieron torturas, también tuvieron que escapar, expone el activista.

Lobo sostiene que la vida de muchos defensores de DDHH que se vieron forzados a dejar Venezuela paradójicamente “empeoró de algún modo”. Aunque con sueldos modestos, en su país tenían un trabajo que les permitía cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, en retrospectiva, resalta que, por encima de todo, lo importante es que están libres.

“Nos vimos forzados a escapar y nos quedamos sin trabajo (…) a veces como defensor de DDHH no nos identificamos en ciertos espacios, porque no fuimos esas personas que tuvieron que salir caminando, vivir esas historias tan terribles, sentimos que estamos quitando algo, aunque no le estamos quitando a nadie. Pero, también está el caso de los que estuvimos detenidos, pero no somos esos que fuimos torturados”, reflexiona.

Un estudio de Promedehum, que aún no ha sido publicado, pero al que VOA tuvo acceso, revela que, en los últimos cuatro años, al menos una persona que trabaja o trabajaba en el 72% de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas, ha migrado. El 34% motivado a restricciones en el espacio cívico.

El mismo estudio plantea que el 54,5% de personas defensoras de DDHH venezolanas en el exilio han solicitado refugio y de ellas solo el 38,9% obtuvo ese estatus.

“El tiempo máximo de espera es de 8 años, mientras que las respuestas positivas más rápidas se dieron en 60 días. Algunas personas no saben si sus procesos continúan abiertos o no, y en otros casos, las solicitudes de refugio fueron sustituidas por mecanismos complementarios”, precisa la investigación de Promedehum.

Lobo explica que, de acuerdo a los estándares internacionales, los solicitantes de refugio tienen protección internacional a menos que se resuelva que no, pero considera que de todas formas se trata de una zona “gris”.

“A la hora de un pedido de extradición hay que ver qué decisión toma el gobierno del lugar”, afirma.

Hasta junio del año pasado 300.759 venezolanos fueron reconocidas bajo la condición de refugiados, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que contabiliza 1.184.889 solicitudes de refugio pendientes en todo el mundo.

De acuerdo a cifras divulgadas la semana pasada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con 6,1 millones, Venezuela es el tercer país con más desplazados en el mundo.

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