¿Fue acierto o error que candidato opositor no firmara acuerdo cara a cara con Maduro?

La ausencia del aspirante presidencial opositor Edmundo González de un acuerdo político ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo hizo la mayoría de los otros postulados, entre ellos el presidente Nicolás Maduro; es materia de polémica por las posibles consecuencias contra su candidatura o su efecto el día de la elección.

Maduro y otros siete aspirantes presidenciales acudieron al CNE para firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados de la votación del próximo 28 de julio, una propuesta que nació del chavismo.

El documento también reconoce al organismo comicial como “única autoridad legítima y competente” para organizar y vigilar la elección.

González, de 74 años, no acudió al acto. El aspirante fue postulado por la opositora Plataforma Unitaria Democrática y respaldado por María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial del antichavismo, pero inhabilitada para inscribirse como candidata.

Según explicó a la prensa y en sus redes sociales, el candidato de la oposición venezolana se rehusó a firmar el acuerdo convocado por el CNE por considerarlo como “un indicio del sesgo” de una “campaña desigual”, así como redundante con lo ya establecido en la Constitución y en el punto 12 del acuerdo político firmado en Barbados, con concurso de la comunidad internacional.

Sobre el pacto de Barbados, refrendado entre el chavismo y la oposición en octubre, dijo que había sido “violado” por el oficialismo al revocar la invitación de la Unión Europea como observadora y “aumentar la persecución” contra activistas a favor de su campaña, en referencia a la detención de al menos 37 dirigentes antichavistas este año.

“Como demócrata, me someteré a la voluntad del pueblo soberano (…) tampoco voy nariceado (forzado) a ninguna parte”, advirtió en sus redes sociales.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, mencionó su nombre dos veces en el acto del jueves para que se acercara a firmar el documento y, una vez confirmada su ausencia, dijo: “no acudió al llamado de la Patria”.

Estrategia de arrinconamiento

Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor experto en comunicación política, advierte que el acuerdo de este jueves constituye “una estrategia política” que busca “arrinconar” la candidatura opositora y “sembrar amenazas” directas contra la tarjeta de la MUD.

“Busca sacarlo del juego o preparar el terreno para sacarlo eventualmente del juego. Existe un peligro inminente de construir una narrativa de que ‘no van a reconocer los resultados, van a llamar a saboteos’ producto de que no firmaron el acuerdo”, indica a la Voz de América.

Quintero considera que el chavismo recriminará a la oposición enfatizando en que se negó a refrendar un acuerdo de respeto de los resultados cuando ha insistido en que su ventaja es amplia y, en teoría, no tendría nada que perder firmando. “Tiene sentido”, apunta.

Potencial castigo

¿Tendrá algún efecto ese acto en la candidatura de González? El politólogo Leandro Rodríguez Linárez alerta que el hecho puede servir de argumento al chavismo institucional para dictaminar un “castigo administrativo” contra el postulado opositor.

Todo ocurre en una semana en la que dirigentes opositores advirtieron sobre una posible anulación judicial de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, que concentra a la mayoría de los partidos opositores y, además, un diputado de la facción judicializada del partido Copei solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que se postergue la elección.

“El acuerdo no tiene el menor sentido. Ya están muy definidas las competencias y facultades del CNE”, dice a la VOA.

Según sondeos de firmas privadas, González cuenta con más de 50 % de intención de voto a 40 días de la votación, mientras Maduro se acerca a los 30 puntos. De acuerdo con especialistas en opinión pública, se trata de una brecha de votos muy amplia.

Rodríguez Linárez enfatiza en que el resto de los candidatos firmantes, entre ellos Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri, Claudio Fermín y postulados de partidos judicializados, como José Brito y Luis Eduardo Martínez, “no cuenta” estadísticamente en los sondeos, algunos con cifras que no superan el error muestral.

Una oportunidad perdida

Eglée González-Lobato, doctora en derecho y consultora de asuntos políticos y electorales en Venezuela, considera que el candidato opositor “perdió una oportunidad” para comunicar una idea de entendimiento y convivencia política luego del 28 de julio, así como de llamar al chavismo a respetar los resultados en caso de un triunfo opositor.

A su juicio, González pudo haber acudido a firmar el acuerdo con sus reservas en algunos puntos, como el referido a la admisión de que el CNE cumple con todas las garantías electorales en la elección. “Le hubiese dado una fortaleza enorme”, señala.

“Esta era una oportunidad valiosa para empezar un camino que se tiene que andar. Lo contrario es que no logremos poner las luces necesarias que nos adviertan sobre una conflictividad mayor antes o luego del 28 de julio”, destaca a la VOA.

González-Lobato considera que el gobierno “piensa que puede ganar empujando a la oposición a cometer mayores errores de cálculo que los que incluso él podría cometer”.

“Es allí donde está el error en términos de estrategia de la oposición”, que, a su entender, se está comportando “como si ya tuviera los resultados y ya hubiese ganado”.

Según la especialista en asuntos electorales venezolanos, el gobierno logró con el acto del jueves “revivir el discurso antinegociador” de la dirigente opositora María Corina Machado.

¿Una obviedad?

Para otros analistas, como el politólogo José Vicente Carrasquero, el acuerdo no pasa de ser una obviedad sobre asuntos ya establecidos en la Constitución, aceptados por los actores de todo proceso electoral y propios de las competencias de un poder comicial.

“Es un acto inútil, que nada más lo vas a encontrar en Venezuela”, señala, resaltando que, en países con democracia amplia, los entes electorales operan equilibradamente.

Según Carrasquero, un acuerdo de ese calibre sin la presencia del favorito en las encuestas podría reducir el evento a “un acto de galería para el resto de participantes”.

“Pedir la firma de un acuerdo no es otra cosa que un mecanismo para hacer sentir que ellos son los que tienen el control. Es una firma innecesaria”, expresa a la VOA.

De acuerdo con el experto, “la Constitución se cumple y listo”.

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