▷ #OPINIÓN Persistencia y potencial del tema constituyente #20Jun

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Por: Nelson Fréitez

El tema Constituyente adquirió en Venezuela una significación social y política de envergadura desde fines de los años 90 del siglo pasado. Alrededor del debate constituyente generado para elaborar la Constitución del año 1999 se activaron distintos sectores con la presentación de propuestas y realización de acciones públicas para gestionar su inclusión en el texto que definitivamente se aprobó. En aquél entonces ese proceso alcanzó valorables niveles de deliberación pública, consenso y legitimidad.

En el año 2007 HChF presentó un proyecto de reforma constitucional que fue sometido a un amplio debate nacional y, finalmente fue negado en un referendo aprobatorio. En el abanico de sectores que se opusieron a tal proyecto se incorporaron incluso quienes se habían opuesto a la aprobación de la Constitución del año 1999, generándose de hecho un relativo consenso en relación tanto al régimen económico como al modelo de régimen político contemplados en el texto constitucional que se aprobó en el referendo del año 1999. 

Se defendió en el debate del año 2007 la coexistencia de modalidades de propiedad de los medios de producción, preservando el derecho de propiedad y del uso, goce, disfrute y disposición de bienes de propiedad individual establecido en la Constitución del año 1999; uno de los temas más controversiales del proyecto de reforma en cuestión que contemplaba una enrevesada combinación de formas de propiedad estatal, comunal, social, privada y mixta. Así como también, la propuesta de “Geometría del Poder” que incorporaba un nuevo nivel del poder público, el “Poder Popular”, estableciendo una modalidad de surgimiento del mismo al margen del sufragio “El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”; lo cual claramente conculcaba el derecho al sufragio universal, directo y secreto que debe regir para cualquier forma de elección de representantes previsto en el texto constitucional del año 1999. 

Recordemos igualmente que la propuesta de reforma constitucional le otorgaba al Presidente de la República además de la ampliación de su período de gobierno, el derecho a postularse sin límites para su reelección indefinida, aspecto muy polémico que generó un amplio rechazo. Otro elemento que suscitó significativas controversias fue la definición “socialista” de la República de Venezuela, lo cual modificaba estructuralmente el carácter de nuestro Estado y que por su entidad no correspondía a la decisión relativa a una reforma constitucional.

Una vez rechazada la reforma constitucional del año 2007, en los años subsiguientes a partir del 2010 fueron aprobadas por la Asamblea Nacional un conjunto de leyes del “Poder Popular”, las cuales le otorgaban status jurídico a un régimen económico que fue rechazado en el referendo aludido. Sin embargo, tales leyes no han sido efectivamente ejecutadas ni han logrado incidencia alguna en la mejora de las capacidades productivas y distributivas de sectores excluidos de la sociedad, en gran medida por su inviabilidad dado el estatismo, la gran corrupción y el clientelismo inherente al modelo económico que el régimen ha venido implementado.

A partir del año 2015 con la enorme derrota del partido de gobierno en las elecciones parlamentarias, el grupo dominante en el poder comenzó a vislumbrar la imposibilidad de recuperar su hegemonía electoral, optando, entre diversas violaciones a los derechos civiles y políticos de la población, por el bloqueo del referendo presidencial en el año 2016, la represión letal de las protestas públicas de los años 2017 y 2019, la confiscación de partidos políticos, la inhabilitación y apresamiento de algunos de sus líderes, la negación del derecho al sufragio de nuestra población en la diáspora. En medio del ciclo de protesta del año 2017 el PSUV escogió una “Asamblea Constituyente” con el supuesto mandato de redactar una nueva Constitución que finalmente no presentó ni discutió, asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado durante tres años.

A partir del año 2024 después de evidentes maniobras para impedir la libre designación por parte de sectores opositores de su candidato a la presidencia, se realizó la elección presidencial en la cual, según más del 80% de las actas recopiladas y resguardadas por la opción opositora y el informe final de la Misión Electoral del Centro Carter autorizada por el CNE, resultó claramente electo el candidato Edmundo González Urrutia. Es sabido el desconocimiento por el CNE de tales resultados y la proclamación irrita del CNE y del TSJ de Nicolás Maduro como presidente de la República.

A partir de ese grave acto de usurpación de la voluntad soberana de la población se genera un verdadero ´Golpe de Estado´, acompañado de altos niveles de represión a manifestantes, detenciones masivas, desapariciones forzadas y aplicación de torturas a detenidos, en el marco de la aplicación de leyes regresivas y violatorias de derechos humanos como la ley contra el terrorismo, la ley del odio, la ley Simón Bolívar.

Este quiebre institucional y la absoluta pérdida de legitimidad y reconocimiento nacional e internacional del gobierno venezolano, lleva a la cúpula en el poder a terminar de pervertir un ya desinstitucionalizado y desprestigiado sistema electoral para convocar tanto unas fraudulentas elecciones regionales como unas próximas municipales, abonando el camino para imponer al final su proyecto mayor: una “reforma constitucional”. Ambos procesos al final buscan la promoción deliberada del mayor desprestigio posible del CNE como estrategia para fomentar la abstención y la pérdida total de confianza en la efectividad del sufragio.

Este proyecto de RC que después de 120 días de ser anunciado y de la designación de una comisión para su elaboración aún no ha sido presentado, viene a evidenciar por lo menos tres rasgos del gobierno con respecto al tema constituyente:

1. Persiste la intención de cambiar sustancialmente la Constitución del año 1999, dado que ese marco constitucional no le permite garantizar su aspiración de perpetuidad en el poder, al margen del sufragio universal, directo y secreto y de la división de los poderes públicos y la autonomía entre éstos.}
2. El tema Constituyente ha sido invocado por el grupo en el poder tanto en el año 2017 como ahora en el año 2025 como un recurso para enfrentar y contener las crisis de legitimidad y pérdida de hegemonía del régimen.
3. Los vaivenes, amagues y la opacidad en la presentación de proyectos de RC tanto en el 2017 como este año, también pueden revelar el temor del régimen en someterlos a referendos aprobatorios precisamente por su pérdida de legitimidad y hegemonía.

De allí que el tema Constituyente continúe formando parte de una agenda abierta para la deliberación pública, a pesar de las enormes restricciones del espacio cívico. Como ya se evidenció en el año 2007, la defensa de la Constitución del año 1999 puede constituir un campo de coincidencias entre sectores muy variados, así como un tema global bisagra entre las demandas y reivindicaciones de muy diversos grupos sociales y el tema Constituyente como un gran contrato social que en lo sustancial más que reformar lo que está exigiendo es su cumplimiento e implementación. A pesar de las flagrantes y sistemáticas violaciones a la Constitución por parte del grupo en el poder, no debe ser obviado el alto grado de identificación y motivación que el tema Constituyente despertó entre amplios sectores sociales, en  particular, en sectores socialmente excluidos.

Nelson Fréitez

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