Algunos también quieren sacrificar la sociedad civil, por Alejandro Armas

Ni siquiera cuando el chavismo mete las narices en la sociedad civil, los opinadores políticos de “oposición” dicen “basta”. Lo vemos con la intervención de la Cruz Roja Venezolana por orden del TSJ

@AAAD25

No es ningún secreto para nadie que un sector de la opinión pública que se identifica como “opositor” está haciendo un esfuerzo deliberado por racionalizar la sumisión al statu quo oprobioso que el chavismo dicta. Es un fenómeno al que llamo “adaptación disfrazada oposición”. A sus promotores, “traficantes de conformismo”. Ignoran los reportes de torturas y violaciones de derechos humanos, así como a los presos políticos (o solo los tienen en cuenta como fichas de canje en los intentos estériles de diálogo con el gobierno). Restan importancia al malestar económico y social alegando que lo peor de la crisis quedó atrás y omitiendo que seguimos en un foso de miseria. Rechazan, sobre todo, cualquier acción que incomode al gobierno, en nombre de una supuesta “convivencia” entre grupos que no es otra cosa que la opresión de uno por el otro.

Pudiera uno pensar que si la persecución de dirigentes opositores, activistas de derechos humanos o hasta ciudadanos comunes que protestaron pacíficamente en la calle no los conmueve, pues entonces una arremetida contra entes de la sociedad civil totalmente apolíticos sí. Después de todo, parte de su ethos consiste en repudiar el “radicalismo” que guio al liderazgo opositor entre 2015 y 2021 e intentar una aproximación a la elite chavista que no le exija cambios en el orden político y que más bien se centre en “atender las necesidades de la gente”.

En otras palabras, plantean una especie de postergación por tiempo indefinido del reclamo por democracia y Estado de derecho a cambio de que el chavismo permita a la población desempeñar sus actividades privadas de manera tal que haya cierto grado de prosperidad material. Entonces, lo que al parecer pretenden es que el país entero se resigne a aceptar el estrangulamiento de la “sociedad política” con tal de que se deje en paz a la sociedad civil.

Pero resulta que no. Ni siquiera cuando el chavismo mete las narices en la sociedad civil, estos señores dicen “basta”. Es lo que podemos ver con la intervención de la Cruz Roja Venezolana por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Muchos de ellos no se dignaron a comentar el hecho. Otros tuvieron el descaro de celebrarlo y de señalar a quienes expresaron preocupación o molestia de ser “extremistas” y de carecer de talante democrático. Su argumento es que los seleccionados para la junta interventora no son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y que por lo tanto se debe confiar plenamente en ellos (omitiendo que uno de los integrantes es el esgrimista olímpico Rubén Limardo, quien fuera diputado suplente por voto lista del PSUV en la Asamblea Nacional electa en 2015; ignoro si Limardo es un militante activo del partido, pero, como diría Cantinflas, ahí está el detalle).

De buenas a primeras, no tengo nada personal contra el roster de la junta interventora, aunque sí pienso que en algunos casos sus posturas sobre cómo lidiar con un régimen autoritario son cuanto menos terriblemente inocentes. Pero ese no es el punto. El punto es que el proceso de entrada constituye una injerencia indebida del Estado en la sociedad civil. Para colmo, hablamos de un Estado condicionado a los caprichos de la elite gobernante.

Su proceder en esta oportunidad es bastante parecido al que tuvo con varios partidos de oposición. A saber, aprovecharse de un problema interno para decapitar el liderazgo de una organización y designar a dedo uno nuevo. Un asalto al derecho de asociación. Todos sabemos lo que pasó después con los partidos intervenidos: cooptación y alineación con los intereses del chavismo. Ergo, es razonable considerar la posibilidad de que con la Cruz Roja suceda algo parecido, incluso si las intenciones de los miembros de la junta interventora no son esas (en cuyo caso, si empiezan a incomodar, el TSJ los puede apartar en un dos por tres).

Téngase en cuenta además el contexto en el que opera la Cruz Roja intervenida. Venezuela sigue en emergencia humanitaria. Si hay una situación en la que la Cruz Roja puede tener una actividad atípicamente alta, pues esta es. Mucha actividad significa muchos recursos. Dinero. Y mientras tanto, nos estamos acercando al primer cumpleaños de un acuerdo social negociado entre el chavismo y la oposición, único resultado hasta ahora del accidentado y mórbidamente lento ciclo último de diálogo entre las partes. Aunque en teoría los fondos serían manejados por la Organización de Naciones Unidas, el gobierno ha dado en todo momento señales que no van en esa dirección. Pareciera que quiere ejercer un control único sobre los recursos. De ahí su exigencia de que se le entreguen todos los activos de la República en el extranjero, confiscados por gobiernos como forma de presión. Activos cuyo valor pudiera financiar el acuerdo social. Aten cabos.

Puede que la pretensión de controlar la sociedad civil haya sido cuestión de tiempo. Si bien el chavismo, al menos temporalmente, desistió de su objetivo totalitario de absorber a toda la sociedad y moldearla de acuerdo con un dogma ideológico inflexible, es evidente que aún aspira a tener dicha sociedad subordinada a sus intereses, así sean estos más banalmente crematísticos que dogmáticos. Claro, una sociedad civil autónoma es en esencia un hervidero no solo de ideas plurales, sino de intereses diversos. Ideas e intereses que pueden contravenir los de la cúpula gobernante. De ella surge un impulso, un espíritu si se quiere, cívico. De resolución ordenada y civilizada de problemas. En su estudio de la entonces joven república norteamericana, Tocqueville señaló que la tendencia centenaria de sus habitantes a formar asociaciones civiles fue uno de los factores detrás del éxito de la democracia en Estados Unidos.

Naturalmente, el chavismo no quiere saber nada de eso. Y los traficantes de conformismo en el mejor de los casos no vieron la relación inmanente entre una sociedad civil autónoma y un Estado democrático. Son cosas distintas, pero van siempre de la mano, como cónyuges. Si ahora lo están notando, por lo visto no les importa. Otro sacrificio más para, volviendo al principio de este artículo, racionalizar el sometimiento.

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