Los niños sicarios de Colombia

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático para las elecciones de 2026, sufrió un atentado el pasado siete de junio, en un acto de campaña en Bogotá. El dirigente político, recibió varios disparos de un menor de 15 años armado con una pistola de guerra (Glock 9 mm), que lo mantienen hospitalizado en estado crítico. Un menor de edad que mata por encargo no es solo una tragedia individual, es el reflejo brutal de una sociedad que ha fallado en lo más esencial, por eso se hace urgente reflexionar sobre las causas que han provocado esta tragedia. Hagamos un poco de historia.

Desde hace más de sesenta años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han estado en guerra contra el Estado, manteniendo en jaque a la sociedad colombiana. A este escenario de conflicto bélico se sumaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), poderosos carteles de la droga y grupos paramilitares como el AUC. En esta larga historia de violencia, la aparición de los niños soldados es una de sus indignantes consecuencias. Para entender la situación de los niños y adolescentes en el conflicto colombiano, tomemos como ejemplo un parte de guerra del año 2.000: “El ejército colombiano cercó la columna Arturo Ruiz, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- EP, en medio de la operación Berlín, en Suratá, Santander. Allí murieron 100 personas y fueron capturadas 90, de las cuales 72 eran menores de 18 años” (Ximena Pachón C., La infancia perdida en Colombia: los menores en la guerra, Universidad Nacional de Colombia, 2009).

Basta con recordar el informe que en el año 2004 ofrecieron una docena de organizaciones humanitarias, entre las que se encontraban Human Rights Watch, Save the Children y UNICEF, donde estimaban un promedio de 11.000 niños, niñas y adolescentes reclutados por los ejércitos guerrilleros de las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Los menores, con edades comprendidas entre 9 y 16 años, entrenados para el combate y manipulados psicológicamente, han sido utilizados desde entonces para acciones de alto riesgo tales como la activación y desactivación de minas antipersonales, asaltos con armas cortas, espionaje, transporte de explosivos y servidumbre sexual para la tropa. Han sido reportados y documentados cientos de casos de niños, niñas y adolescentes que murieron o quedaron mutilados a consecuencia del manejo de minas antipersonales. No existe ninguna diferencia entre los “niños bombas” utilizados por Hezbollah y Hamas en el Medio Oriente, con lo ocurrido a sus pares colombianos.

Las FARC, el ELN y las Disidencias de las FARC son por igual responsables del reclutamiento de menores en las zonas fronterizas con Venezuela, amplia geografía por donde se desplazan con total impunidad esos grupos narco terroristas debido a las alianzas y apoyo logístico brindado por Chávez desde que llegó al poder de la mano de Fidel Castro y después por Maduro y las organizaciones criminales que lo sustentan. Imposible olvidar la frase de Chávez: “Venezuela limita por el Oeste con las FARC”. Comunidades indígenas al sur del Orinoco han denunciado la utilización de sus niños y jóvenes por las guerrillas del ELN y FARC, debido al conocimiento de la selva o como mano de obra en la extracción de oro que la guerrilla realiza a cielo abierto en territorio venezolano.

Las “leyes de la guerra”, frágiles y variables, ponen ciertos límites al horror, pero cuando no se respetan las convenciones, la guerra se criminaliza. Las FARC y el ELN, con su ideología del “se vale todo”, aliadas con el narcotráfico, se ubicaron en la categoría de “terroristas internacionales”, incursos en crímenes contra la humanidad. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), es el principal instrumento legal para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes del planeta. Las resoluciones y protocolos sobre los niños y los conflictos armados, tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de la Organización de Estados Americanos (OEA), instan a los Estados a impedir la utilización de niños como soldados. El Estatuto de Roma (1998), considera “crimen de guerra” el reclutar a niños menores de 15 años. Otro de los más importantes instrumentos legales a nivel internacional es el Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados, que entró en vigor en el año 2002, que prohíbe el reclutamiento obligatorio o voluntario de menores de 18 años.

En Colombia, pese a los oscuros intereses y manipulaciones en los entretelones de los acuerdos de paz de la Habana (2016), la paz continúa siendo una remota posibilidad. Entre otros compromisos, se contemplaba resolver el espinoso tema de los niños reclutados. Por esa razón, el 26 de enero de 2017, el presidente Santos exigió a las Farc entregar a los menores de 15 años, declarando: “La guerrilla ha incumplido esa parte del acuerdo, (los niños) deben salir ya de las filas de las Farc, como fue estipulado en el pacto con los insurgentes el 15 de mayo 2016”. Parte del problema es que no existen datos oficiales sobre el número total de menores que aún están en manos de los narcoguerrilleros o cuántos han sido desmovilizados “por la puerta trasera” para evitar denuncias sobre violaciones de DDHH.

En los acuerdos de Paz, se aprobó un protocolo para facilitar su reintegración a la vida civil, cuando las Farc ingresaran a las “orwellianas” Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), demarcaciones diseñadas para agrupar a los guerrilleros como un primer paso para la ingenua “dejación de armas y desmovilización”. Por otra parte, Coalico, que hace parte de la Coalición Internacional contra la utilización de niños soldados, constituida en 1998 por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Jesuit Refugee Service, entre otras ONG’s, emitió la grave denuncia que, durante el primer año de negociación, las FARC habían reclutado medio millar de nuevos niños. Recientemente, la senadora María Fernanda Cabal argumentó que 2024 fue el año con mayor número de niños reclutados por grupos ilegales en los últimos cinco años.

Esos niños entrenados durante años para odiar y asesinar, se les han cercenado sus derechos, sufriendo humillaciones a su dignidad y a su inocencia. ¿Cuál ha sido o será el destino de los miles de niños y adolescentes (muchos de ellos ya son adultos) reclutados y entrenados por las FARC y el ELN en todos estos años? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Es un grave error político que, en aras de una supuesta justicia transicional para lograr la Paz con esos criminales narcoterroristas, se invisibilice a estos niños. El senador Uribe es una de sus víctimas recientes.

Pocas imágenes resultan tan perturbadoras como la de un niño convertido en sicario. Un menor de edad que mata por encargo no es solo una tragedia individual, es el reflejo brutal de una sociedad que ha fallado en sus valores esenciales. Cuando un niño empuña un arma, no lo hace solo por voluntad o por maldad, lo hace porque el mundo adulto, las instituciones y los valores que deberían protegerlo han desaparecido o han sido sustituidos por estructuras criminales. Allí, la infancia no es una etapa protegida, sino un vivero de mercenarios. No se trata solo de castigar a quienes reclutan a menores, se trata de garantizar que ningún niño o niña vea en el crimen su única salida. Porque cuando un niño mata, no es él quien ha perdido la inocencia: es toda la sociedad la que ha perdido el rumbo.

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