Ante la aseveración de que en las elecciones regionales del 27 de abril se elegirá al primer gobernador del Esequibo, el internacionalista Rajihv Morillo explicó que cualquier mal discurso o equivocación puede tener implicaciones negativas para las aspiraciones venezolanas de reivindicación del territorio.
Caracas. La promesa de Nicolás Maduro de que en las elecciones de gobernadores, previstas para el 27 de abril, se elegirá al funcionario que tome las riendas de la Guayana Esequiba, el territorio de 160.000 kilómetros cuadrados en disputa, pone en manifiesto la necesidad de que la autoridad sea asumida por un experto en la materia, antes que por un político de oficio.
El mandatario Nicolás Maduro aseguró que en Venezuela “vamos a elegir el gobernador, la gobernadora del Esequibo ahora” y que esta es una región que ya cuenta con “sus circuitos comunales y sus comunas”.
Aunque apuntó que se trata de un asunto que no puede detallar, explicó que la meta es tener por lo menos 6000 comunas organizadas, lo que incluye al territorio en disputa entre Caracas y Georgetown.
Al respecto, el internacionalista Rajihv Morillo explicó a Crónica Uno que cualquier autoridad elegida o designada para trabajar directamente sobre el terreno en disputa con Guyana debe ser experto en el tema, conocerlo con profundidad y dedicarse por completo a su atención.
“Todas las autoridades que se nombren, diputados, gobernadores, etcétera, que estén enfocados, dedicados exclusivamente al trabajo por el Esequibo, tienen que ser personas que conozcan el tema, porque es un tema delicado, es un tema complejo, es un tema que muy pocas personas en Venezuela, muy pocos venezolanos conocen a profundidad, conocen a plenitud”.
El investigador del conflicto fronterizo por el Esequibo reconoce como positivo que haya un “plan de acción” para hacer presencia en el territorio en disputa. Sin embargo, insiste en que eso debe hacerse desde el conocimiento del conflicto para garantizar que esta intervención no tendrá efectos adversos..
A su juicio, “cualquier desliz, cualquier error, cualquier mal discurso, cualquier equivocación, puede tener implicaciones negativas para las aspiraciones venezolanas de reivindicación del territorio”.
Conflicto exacerbado
Recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que las regionales previstas para este año se celebrarán, junto con las parlamentarias, el próximo 27 de abril. Se trata de unas elecciones en las que, según Maduro, el Esequibo tendrá “el primer gobernador electo por el voto del pueblo”.
La aseveración del líder chavista fue tomada de forma negativa por Guyana y el Ministerio de Exteriores del país caribeño, que advirtió recientemente que las declaraciones de Maduro aumentan “significativamente las tensiones” ya elevadas entre ambas naciones.
En un comunicado, Georgetown aseguró que está dispuesto a “participar en un diálogo constructivo”, pero que “no puede tolerar ni aceptar acciones unilaterales que amenacen su soberanía e integridad territorial”.
Guyana recordó que en diciembre de 2023 se firmó el Acuerdo de Argyle entre ambos países, un documento que compromete a ambas partes a abstenerse de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo en torno a controversia territorial.
No obstante, el Ejecutivo venezolano efectuó un referendo sobre el conflicto territorial en el que los venezolanos aprobaron, entre otras cosas, la anexión del Esequibo a Venezuela.
Presencia en el territorio
El internacionalista consultado recordó que, aunque es un territorio en disputa, en la práctica está bajo el control de Guyana, por lo que la presencia de Venezuela, mientras no sea impuesta de forma violenta, es coherente con su postura política en torno al tema.
Apuntó que en la llamada “zona en reclamación” hay aproximadamente 200.000 habitantes, en su mayoría indígenas o poblaciones rurales que requieren vías de comunicación, canales de acceso, planes de salud, de educación y de atención general.
Las características particulares de esta zona, prosiguió el experto, requieren que la materialización de planes de cedulación o desarrollo de cualquier tipo vengan de la mano del contexto histórico y multifactorial de la disputa, que hoy es esgrimida ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“No es un problema de un gobierno solamente, o de un partido político, sino que es un problema de toda la nación venezolana. Entonces tienen que ser las personas idóneas, las que ocupen los cargos respectivos, que sepan lo qué hay que hacer, que tengan una visión clara de lo que hay que hacer, de las condiciones en las que están, de la situación especial que tiene ese territorio”.
indicó el experto.
Tres meses después del referendo de diciembre de 2023, se publicó en Gaceta Oficial la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, un instrumento legal con el que el gobierno de Maduro pretende ejecutar lo aprobado en el referendo.
En el escrito se aprueba “otorgar a la Guayana Esequiba la categoría de estado dentro de la división político territorial de la República Bolivariana de Venezuela y establecer el régimen de funcionamiento de los Poderes Públicos en torno a esa entidad federal”.
El investigador celebró que haya planes de este tipo para hacer presencia en el territorio, pues cree que siempre ha sido tratado como un asunto de política internacional, pero jamás ha sido visto como un tema de geopolítica interna.
“Es un problema de Venezuela, de la Venezuela de todos los tiempos, de la Venezuela histórica, no es un problema de un gobierno solamente, o de un partido político, sino que es un problema de toda la nación venezolana”, recalcó Morillo.
Sin violencia
La disputa territorial por el Esequibo fue llevada por Guyana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2018, para que allí se decidiera la validez del laudo arbitral que Georgetown admite como la forma de resolución.
Venezuela, que rechaza este laudo y solo admite lo acordado en el Acuerdo de Ginebra, condenó la acción de Georgetown ante la CIJ y refirió en múltiples ocasiones que “no reconoce la jurisdicción obligatoria y automática de la CIJ”, pese a que la corte se declaró competente para atender el caso.
La decisión de Venezuela de hacer presencia física en este territorio, consideró Morillo, no debería interferir en el caso ante la CPI. A su juicio, se trata simplemente de una “afirmación de los derechos de Venezuela” que debe ser ejecutada sin ningún tipo de violencia.
Recordó que cuando Venezuela preparó el referendo, la Corte se pronunció a petición de Guyana y pidió que no se generaran situaciones de violencia
“Yo creo que la Corte no lo vería con malos ojos, sino como una especie de afirmación de los derechos de Venezuela, la soberanía de Venezuela, la presencia de Venezuela (…) siempre y cuando no sea de manera violenta”, señaló.
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Fuente de TenemosNoticias.com: cronica.uno
Publicado el: 2025-02-06 17:53:00
En la sección: Política