La Organización No Gubernamental señala que se agudizaron los patrones de represión contra trabajadores de la prensa. Los datos arrojan que de 19 personas encarceladas por ejercer su derecho a expresarse libremente, ocho eran periodistas, 10 ciudadanos y uno trabajador público.
Caracas. Durante el año 2024, un total de 23 medios de comunicación, entre ellos 21 emisoras radiales se vieron obligados a cerrar como resultado de un proceso de restricciones contra la libertad de expresión e información. Los datos fueron revelados durante la presentación del último informe de la ONG Espacio Público, este viernes 2 de mayo.
La organización que hizo un recuento pormenorizado mostró datos más recientes que evidencian un recrudecimiento en los patrones de represión, en su mayoría, aplicados contra los trabajadores de la prensa. Los cifras demuestran que los ataques a los medios continúan perpetuándose en lo que va de año. Entre enero y abril cinco emisoras cesaron sus labores en los estados Táchira, Portuguesa, Bolívar y Mérida.
En el mismo periodo la ONG documentó 59 casos de restricciones a la libertad de expresión traducidas en 108 denuncias. Estas cifras reflejan una disminución de 20 % en comparación al número total de violaciones documentadas en 2024 durante el mismo período.
Sin embargo, en el documento se lee que tras las elección presidencial del 28 de julio de 2024 las violaciones al derecho incrementaron, debido a los mecanismos de control estatal y el cerco impuesto en redes sociales y medios de comunicación.
En el documento se señala que en el primer cuatrimestre de 2025 encarcelaron a 19 personas por ejercer su derecho a expresarse libremente. De esa cifra 8 eran periodistas, 10 ciudadanos y 1 trabajador público. En 6 de los casos acusaron a los afectados de supuestos delitos de odio.
Espacio Público aseveró en su informe que incrementaron los casos de comunicadores sociales criminalizados y judicializados por ejercer la labor periodística, especialmente en medios de gran alcance.
Los datos recopilados avalan esta afirmación. De los casos reportados 64 % se produjeron en internet, donde además se contabilizaron 21 bloqueos a portales digitales.
Distrito capital, Táchira, Bolívar, Miranda y Zulia fueron las entidades con mayor número de situaciones registradas. Los tipos de limitaciones a la libertad de expresión que más se repitieron fueron: la censura 37 %, la intimidación 25 % y la restricción administrativa 22 %.
Intimidación y censura en alza
La ONG evidencia que el recrudecimiento de la represión viene en aumento desde 2024. Un balance completo develó que de enero a diciembre del año pasado se registraron 311 casos de restricciones a los derechos civiles, lo que representa un aumento de 52 % en comparación a 2023.
El estudio también arrojó que reportaron 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Las principales causas fueron la intimidación (32 %), la censura (20 %) y el hostigamiento judicial y verbal (12 %).
La organización aseveró en su reporte que las restricciones ocurrieron en el contexto postelectoral, entre julio y agosto de 2024. Las entidades que acumularon más casos fueron Distrito Capital, Miranda, Vargas y Trujillo.
Los comunicadores sociales fueron los más perseguidos por ejercer el derecho a informar, dice Espacio Público. Del total, 34 % de la víctimas fueron periodistas, seguido de particulares que difundieron información en plataformas digitales 23 %, medios de comunicación 17 % y miembros de la sociedad civil en general 9 %. La mayoría de los perseguidos eran hombres (72 %) y el resto mujeres (28 %).
Las prácticas de hostigamiento y criminalización contra la prensa ocurrieron en su mayoría durante la cobertura informativa en instituciones y espacios públicos.
Detenciones irregulares
En total encarcelaron a 99 personas arbitrariamente en 2024. Este dato significa un incremento de 254 % en relación al 2023 cuando se registraron 28 arrestos. Entre los detenidos 71 eran ciudadanos, a quienes señalaron por expresarse o compartir información y 24 periodistas y trabajadores de la prensa.
Espacio Público señala que estas medidas en su mayoría no responden al debido proceso ni se notifican como lo establece la ley. En comparación a otros años el patrón de detención cambió porque ahora los procesos penales son indefinidos.
“Antes las detenciones eran más cortas, pero desde el año pasado observamos que las personas están encarceladas tres o cuatro meses. No se ofrecen mecanismos de contención y los afectados no tienen cómo defenderse”, denuncia la ONG.
En el documento se lee que los elementos observados en los patrones de hostigamiento derivan del incremento de la violencia institucional con leyes y normas que no se ajustan a los estándares internacionales. “Se han impuesto dinámicas de criminalización que no permiten la defensa de las personas perseguidas”.
Persecución en línea
El equipo de Espacio Público también identificó modelo de censura en medios digitales donde se criminaliza la crítica. Los datos recopilados revelan que entre enero y diciembre contabilizaron 120 casos de censura en línea que condujeron a 28 detenciones. En paralelo, bloquearon al menos a 32 sitios web.
“Esto responde a un intento de control estatal en la red y a una criminalización de la difusión y tenencia de contenidos e información en redes sociales y servicios de mensajería en equipos móviles”
expresa la ONG
La ONG enfatiza que el principal desafío es documentar estos hechos y acompañar a las víctimas. “La libertad de expresión es una de las principales herramientas para demandar los derechos humanos. Esperamos seguir documentando estos hechos para visibilizarlos y darles el debido seguimiento”.
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Fuente de TenemosNoticias.com: cronica.uno
Publicado el: 2025-05-02 16:48:00
En la sección: Política