El grupo de expertos de ONU sobre desapariciones forzadas pidió a la administración de Nicolás Maduro cumplir con la normativa internacional “para evitar daños irreparables a las víctimas de desaparición forzada”.
Caracas. El grupo de Trabajo de Organización de las Naciones Unudas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, conformado por cinco expertos, instó al gobierno de Nicolás Maduro a “determinar la suerte y el paradero de las víctimas” de este flagelo en Venezuela en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva”, afirmaron en un comunicado, este viernes, 28 de febrero.
Los expertos señalaron que las denuncias recibidas al respecto dan cuenta del “uso sistemático” de desapariciones forzadas “de corta duración” que se iniciaron antes de los comicios presidenciales y que siguen ocurriendo en el país.
En el escrito, el grupo dijo que recibió denuncias de organizaciones, representantes legales y familiares que dan cuenta de estos hechos ilegales.
Sin respuestas
El grupo de Naciones Unidas conoció que las denuncias y recursos de habeas corpus que introdujeron los familiares y abogados de los desaparecidos “no son procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados”.
“Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación”, señalaron.
El grupo explicó que tras la detención, las autoridades se niegan a reconocer que tienen a estas personas bajo su custodia lo que las deja “fuera de la protección de la ley”, lo que constituye “desapariciones forzadas independientemente de la duración de la detención o el ocultamiento”.
Los expertos le pidieron a la administración de Maduro cumplir con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a estos casos y responder a las solicitudes de este grupo de ONU e informar sobre el paradero de las personas desaparecidas forzadamente.
Además, piden al Estado “prevenir, enjuiciar y erradicar este crimen como una grave violación de derechos humanos bajo el derecho internacional”.
Un “patrón generalizado”
De acuerdo con los informes recibidos por esta comisión hay “un patrón generalizado o sistemático de desaparición forzada, en cuya comisión u ocultamiento estarían implicadas diversas autoridades venezolanas”.
Detallan que entre los organismos implicados estarían el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Brigada de Infantería Paracaidista, el poder judicial, la Defensoría Pública y la Fiscalía General.
Los expertos recordaron que a quienes son privados de la libertad se les deben garantizar “todas las salvaguardias legales fundamentales”, entre ellas el derecho a comunicarse, a tener sus propios abogados si así lo deciden y a ser presentadas en los lapsos legales establecidos.
La desaparición forzada está regulada en el marco jurídico internacional, principalmente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, un instrumento jurídicamente vinculante que prohíbe esta práctica. Esta violación de los derechos humanos se considera un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional.
En las leyes venezolanas se encuentra en el artículo 181-A del Código Penal y establece que “la autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.
Lea también:
Tras seis días de presunta detención, nadie sabe nada del periodista Rory Branker
Relacionado
Fuente de TenemosNoticias.com: cronica.uno
Publicado el: 2025-02-28 17:32:00
En la sección: Política