Presidenciales del 28J carecen de “legitimidad democrática”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone el foco en la estrategia de tres etapas que siguió el gobierno de Nicolás Maduro para “impedir la participación política” en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en un informe que las presidenciales del 28 de julio pasado en Venezuela carecen de “legitimidad democrática”.

El informe, de 87 páginas, denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha “una estrategia represiva coordinada” de tres etapas con el propósito de “impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía”.

Detallan que la primera etapa se desarrolló durante el período preelectoral, cuando se violó el “derecho a la igualdad de oportunidades” políticas y no se permitió la postulación a los comicios de la líder opositora María Corina Machado o de su sustituta, la profesora Corina Yoris.

“El Estado recurrió al poder de instituciones como la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social bajo acusaciones vagas”, apunta la CIDH en el informe, publicado este martes, 7 de enero.

Además, se señala que hubo “actos de hostigamiento, persecución e inhabilitación contra personas opositoras o percibidas como tales, así como el retiro de misiones internacionales de observación electoral” y que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “impuso severas restricciones a la libertad de prensa” en el país. 

A esto se suma la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) que el 28 de julio proclamó como ganador de los comicios a Maduro con más de 51 % de los votos, en medio de las denuncias de fraude que hizo el candidato opositor, Edmundo González, de habilitar el voto para cerca de cinco millones de venezolanos que residen fuera de su país.

Manipulación de resultados

De igual forma, la CIDH afirma que el chavismo manipuló los resultados de la elección para “proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”.

Según el ente, esta fue la razón por la cual el CNE “detuvo la transmisión de datos” de la elección y no un ataque cibernético, como denunció entonces el órgano comicial.

“Asimismo, (el CNE) suspendió la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados”, añade la CIDH en el informe.

El documento también apunta que “la percepción de fraude en la ciudadanía” desencadenó manifestaciones espontáneas “lideradas principalmente por hombres jóvenes en situación de pobreza”.

En las manifestaciones, que se produjeron el 29 y 30 de julio pasado, re registraron 28 muertos –según cifras de la Fiscalía– y más de 2000 detenidos, que la oposición y diversas ONG calificaron como presos políticos.

La CIDH se une a la multitud de voces que denuncia la “represión” en Venezuela

Como consecuencia de las manifestaciones, el Gobierno inició una etapa de “represión sistemática” e incrementó el terror de Estado “como herramienta de control social”, denunció la CIDH en el informe.

En el documento se apunta que las autoridades “movilizaron grupos de civiles de choque contra las manifestaciones” y lanzaron la “Operación Tun Tun”, con la que se detuvo a decenas de activistas y simpatizantes de la oposición.

Esta etapa se arrestaron a adolescentes algunos fueron víctimas de tortura o “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, lo que constituyó una grave violación a sus “garantías judiciales y (a) la libertad de expresión”.

“Además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”, prosiguió la CIDH.

Por todo esto, y otras circunstancias que rodearon la elección, el ente advirtió que el 28 de julio se configuró en Venezuela “una alteración del orden constitucional”.

La CIDH insta al Gobierno a “poner fin inmediato a la persecución y a la represión política”, publicar las actas de votación y liberar a los llamados presos políticos.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía, en Venezuela permanecen al menos 885 personas tras las rejas detenidas en el marco de la represión poselectoral.

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