Ley de Amnistía en 10 claves: en qué cede y en qué no el chavismo
Solo 20 días le tomó al chavismo aprobar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, después de que la gobernante encargada, Delcy Rodriguez, anunciara su propuesta al Parlamento presidido por su hermano, Jorge Rodriguez, el pasado 31 de enero.
Pese a las banderas rojas mostradas por ONG y defensores de derechos humanos, por la concepción que Miraflores tenía de la normativa -no se reconoce la existencia de presos políticos, por ejemplo-el instrumento legal generó grandes expectativas entre familiares de los privados de libertad por razones políticas.
Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la Asamblea Nacional (AN), pese a la exigencia de Estados Unidos al gobierno encargado de liberar a todos los presos políticos, no cedió ante la mayoría de las demandas de las organizaciones civiles, para mantener cierto control político, aunque dejó abierta una puerta para eventuales negociaciones.
A continuación las claves de la ley sancionada por la AN este 19 de febrero: en qué cedió y en qué no la cúpula del poder:
No se reconoce a presos políticos
Una recomendación de las ONG y defensores de DDHH es que la Ley de Amnistía debía reconocer la existencia de presos políticos y de la persecución política. Que debía servir para reparar a las víctimas y no para revictimizarlas, “evitando narrativas de clemencia o de concesión discrecional del Poder Público”, según lo planteado por Foro Penal.
Al ser sancionada la ley en la sesión nocturna de este 19 de febrero, el jefe del Parlamento, Jorge Rodriguez, recalcó que es “un perdón por un delito cometido y tipificado en el ordenamiento legal venezolano”. Ningún reconocimiento de las detenciones arbitrarias, violaciones de DDHH y al debido proceso.
El artículo 1 de la ley señala que “tiene por objeto conceder una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en
el marco de los hechos y el ámbito temporal que se indican en esta Ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática”. Del proyecto aprobado en primera discusión se eliminó la frase “delitos políticos” y “sucesos de violencia por motivos políticos” y el ámbito de temporalidad entre 1999 y 30 de enero de 2026 de dicho artículo.
La “amenaza” del artículo 16
Como garantía de no repetición de las violaciones de DDHH contra los presos políticos, además de la figura de nulidad absoluta, las ONG también plantearon que en el cuerpo de la normativa se incluyeran disposiciones que deroguen expresamente las normas utilizadas históricamente de manera arbitraria para la persecución política, entre ellas la Ley contra el Odio.
En el literal 3 del artículo 2 se incluye la no repetición de los hechos objeto de amnistía o similares y se agregó un cuarto literal: “Favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas con esta ley”.
Pero el artículo 16 dejó una amenaza latente que no estaba incluida en el proyecto inicial: “El otorgamiento de la amnistía contemplada en esta Ley, contribuye a la consolidación de la paz y la convivencia democrática. Las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable.
“Si a usted lo metieron preso por un tuit y lo están amnistiando, si vuelve a tuitear puede ir de nuevo preso. Ese es el añadido de la Ley de Amnistía (…) Al final no están amnistiando hechos, que siguen siendo delitos, sino personas”, alertó el director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui.
En el último párrafo del artículo 7 de la ley también se lee: La amnistía solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito o falta objeto de amnistía o cesen en su ejecución luego de la entrada en vigencia de esta Ley.
Lo que si se asomo fue la posibilidad de reforma de la Ley contra el Odio, luego de que Jorge Rodríguez admitiera que ha sido mal aplicada en algunos casos.
Exiliados pueden solicitar amnistía
El artículo 7 de la ley mantuvo que toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, deben “ponerse a derecho” , luego de la entrada en vigencia de esta Ley. Diputados del Grupo Parlamentario Libertad se habían opuesto porque implica que los presos políticos tendrían que admitir delitos que no cometieron.
Pero en la “encerrona” de la comisión especial de diputados que trabajó el informe para la segunda discusión, presidida por Jorge Arreaza, los “opositores” decidieron votar a favor del artículo a cambio de que los exiliados, y así quedó establecido en la normativa, puedan hacerse representar ante el tribunal competente, mediante poder otorgado a un abogado de su confianza y elección.
Asimismo, que luego de presentada la solicitud de amnistía no podrán ser detenidos y deberán comparecer personalmente ante el tribunal a los fines del otorgamiento de la medida.
Exclusión de militares
El literal 10 del artículo 8 que considera 13 eventos para la aplicación de la amnistía -desde el golpe de estado de 2002 hasta las elecciones regionales y parlamentarias de 2025- incluye a sucesos relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar entre enero y abril del año 2019 -llegada del gobierno interino de Juan Guaido- salvo los constitutivos del delito de rebelión militar (intento de insurrección en la Base Aérea de la Carlota del 30 de abril).
Esto supone que los militares implicados en tales hechos quedan excluidos del “perdón”. En el listado tampoco se incluyeron acontecimientos como el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, por los cuales, advirtieron también las ONG, están privados de libertad de manera injusta y sin respeto al debido proceso, numerosos civiles y militares.
¿Ventana para negociaciones?
Antes de la sanción de la ley, el diputado Pablo Pérez pidió incluir manifestaciones por reclamos laborales entre los hechos amnistiables debido a que dirigente sindicales y trabajadores están presos solo por demandar mejores salarios y otras reivindicaciones salariales. También solicitó extender la amnistía a todas las personas con medidas cautelares por la aplicación de la Ley Contra el Odio.
La plenaria de la AN aprobó que una comisión especial (artículo 15) podría evaluar los casos fuera del listado de 13 eventos del artículo 8 para decidir la amnistía. Dicho grupo estará conformado por 23 diputados, encabezados por Jorge Arreaza como presidente y Nora Bracho como vicepresidenta.
Se excluye a María Corina
Tras ser sancionada la ley, Provea alertó que entre las observaciones formuladas durante la reunión de la comisión especial con las ONG, que no fueron incluidas, está el tema de la anulación de las inhabilitaciones políticas como parte de la amnistía.
Pero además, en el artículo 9 sobre los delitos excluídos del perdón -que contó con los votos de los diputados de UNT, Unión y Cambio, Lápiz, más la bancada de la Alianza Democrática – se agregó a “las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
De esto se deduce que políticos como María Corina Machado, sobre quien pesa una investigación penal por invocar, según el chavismo, la intervención extranjera no sería beneficiada con una amnistía. Sin mencionarlo expresamente, el chavismo alude al ataque militar propinado por Estados Unidos en territorio venezolano, el pasado 3 de enero, que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores.
Machado, como líder de la oposición mayoritaria, además de otros políticos, se han mostrado alineados con las acciones del gobierno de Donald Trump, con la intención de lograr una transición democrática en Venezuela.
No queda en manos de Diosdado Cabello
El artículo 12 del proyecto aprobado en primera discusión indicaba que el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con competencia en materia de Justicia, desarrollaria e implementaria mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley. Para la segunda discusión de la ley esto cambió.
El nuevo artículo 15 -la normativa pasó de 13 artículos a 16- se establece que la comisión especial, designada por la AN es la que desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa, en colaboración con los órganos del sistema de Justicia y que además podrá contar con el apoyo de expertos.
También tiene la potestad, “en casos debidamente evaluados” de recomendar a los órganos competentes la adopción expedita de medidas alternativas.
15 días para evaluar amnistía
El artículo 11 de la ley señala que un tribunal competente, a instancia de parte, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo, en un plazo que no excederá de 15 días continuos.
Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal, de las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada.
La ley fue sancionada poco después de las 8: 00 p.m de este jueves 19 de febrero, horas después se supo del otorgamiento de libertad plena para el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado el 8 de febrero y detenido nuevamente el mismo dia para cumplir con arresto domiciliario, por encabezar una manifestación para exigir la salida de todos los presos políticos.
La misma medida fue aprobada a favor del dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano, a quien igualmente le habían impuesto casa por cárcel, y le retiraron el grillete electrónico.
Las ONG insisten en que políticas fueron las decisiones de detener a opositores y ciudadanos en general por lo que las liberaciones también dependen de dicho criterio. En razón de ello sostienen que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez solo debe ordenar que se abran las celdas para los presos políticos como señal de convivencia democrática y del inicio de una hoja de ruta para la transición. No hacía falta una ley de amnistía.
Principio de interpretación
En el artículo 5 quedó establecido que en caso de dudas en la interpretación o aplicación de la ley se adoptará aquella que más favorezca el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, incluyendo lo establecido en el artículo 24 de la Constitución, el cual señala que, en caso de dudas, “se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”. Fue un planteamiento hecho por las ONG.
Hechos violentos
Una petición del diputado Luis Florido durante la segunda discusión fue que se eliminara el adjetivo de “violentos” de todos los hechos señalados en la ley porque no todas las personas fueron detenidas en contextos violentos. El mismo jefe del Parlamento negó esta posibilidad, argumentando que si no eran violentos no ameritaba el perdón.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Política – Efecto Cocuyo
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