presidenciales entrarán en la mira de la misión de la ONU

La jefa de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, confirmó que, de renovarse su mandato, esta instancia hará monitoreo a las violaciones de derechos humanos que ocurran en el marco del proceso electoral presidencial previsto para 2024.

La experta, designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó que “mirando hacia el periodo preelecciones, seguiremos prestando atención al espacio democrático y de discusión pública y todas las formas en las que se limita este espacio a través de violaciones de derechos humanos, tenemos referencia a violaciones graves a la libertad de asociación y de expresión”.

“Esto seguirá siendo una preocupación nuestra de cómo se está permitiendo o no ese diálogo democrático y qué tipo de intimidaciones se cometen en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la academia, así que ese sería uno de los temas en los que la misión se enfocaría”, declaró este viernes 30 de septiembre, en un foro organizado por Freedom House, Transparencia Venezuela, Cepaz y CDH-Ucab.

Investigar más en Bolívar

Valiñas también adelantó que hay que seguir investigando hechos que constituyen delitos de trata, esclavitud sexual y otras formas de esclavitud en el estado Bolívar. Adelantó que estas violaciones de derechos humanos son del interés de la relatora de la ONU sobre trata de personas.

Destacó que en su reciente informe sobre el Arco Minero del Orinoco, encontraron importantes indicios sobre la connivencia o tolerancia del Estado hacia grupos armados criminales que ejercen el control de facto en las minas y las poblaciones locales, lo que requiere más investigación.

“El informe es claro en demostrar que estos crímenes no han cesado, que siguen siendo cometidos y que no son cometidos por funcionarios de forma inconexa sino que obedecen a una política y una estrategia por parte de las autoridades de alto nivel político que emiten sus órdenes e instrucciones”, apuntó.

Sobre la renovación del mandato que debe ser aprobada en los próximos días por el Consejo de Derechos Humanos, la abogada respondió: “Hemos recibido muchas expresiones de apoyo por parte de varios Estados y creo que el rol complementario de la misión, respecto a la oficina del alto comisionado de DDHH de la ONU y de la Corte Penal Internacional ha quedado bastante clara. Espero que las consideraciones sobre derechos humanos sean las que prevalezcan en esa discusión y votación”.

Impacto político de la misión

La directora adjunta para las Américas Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, subrayó que la misión es necesaria para el monitoreo preventivo de cara a las elección presidencial.

Pero además comentó que este mecanismo es crucial para generar los incentivos necesarios que permitan la reanudación de una negociación política en Venezuela que lleve a elecciones con condiciones “porque las autoridades no dan concesiones por gusto ni voluntariamente, lo hacen por presión internacional”.

La abogada se refirió a que la organización que representa también encontró evidencia de que en otras fronteras como la del estado Apure con Arauca (Colombia) las autoridades venezolanas toleran las actividades ilícitas que hacen grupos armados de distinta índole, entre los que figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En su opinión, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela debe servir como palanca y oportunidad para exigir compromisos concretos en materia de derechos humanos a las autoridades venezolanas como la liberación de presos políticos, la visita de observadores internacionales al país.

«Grave error» de Colombia

“Me parece un grave error que hayan anunciado que piensan retirar la remisión ante la CPI sobre Venezuela. Esto, en la práctica, no impide en lo más mínimo que el fiscal avance con la investigación, pero pone en duda el compromiso de (Gustavo) Petro con los derechos humanos en Venezuela y la justicia internacional en general”, cuestionó.

Taraciuk sostiene que cualquier tipo de cooperación militar con Venezuela debe estar condicionada con “el cese inmediato de la complicidad con grupos armados y con un compromiso para abordar la falta de independencia del Poder Judicial que es abismal”.

“Si desde Colombia se busca iniciar un diálogo para que las autoridades venezolanas se vuelvan a sentar en México, la realidad es que eso no va a ocurrir si no existe en paralelo la presión internacional. Colombia tiene un papel muy importante que jugar”, expresó.

“El sistema” en Bolívar

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y la coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana (Bolívar), Eumelys Moya, explicaron las dinámicas de las mafias y grupos armados que operan al sur de Venezuela con anuencia del Estado, según afirman.

“El Estado venezolano tiene mucha presencia en el Arco Minero del Orinoco, cosa que no era así en 2019, ahora podemos ver a la Corporación Venezolana de Minería dominando todo el territorio, pero también una larga lista de empresas llamadas alianzas estratégicas en las que el Estado tiene mayoría accionaria, además de la Fuerza Armada y sus componentes y los cuerpos policiales. A pesar de esto, los que tienen el control político y social son las bandas criminales”, señaló de Freitas.

“El Estado se confunde con la red criminal y es esa red criminal la que define la norma en la zona”, aseveró.

Los actores que monopolizan el poder (organizaciones criminales, empresas estatales, etc) son denominados “el sistema”.

Moya advirtió que la esclavitud sexual se ha agudizado y también normalizado en el estado. “La justicia pareciera estar impartida por los grupos criminales que ejecutan castigos ejemplarizantes que afectan de forma diferenciada a las mujeres que sufren mutilaciones, golpes, les rapan la cabeza, etc”, denunció.

“Hay una marcada situación de esclavitud moderna dinamizada básicamente en dos sectores que tienen que ver con la explotación laboral en tanto las jornadas de extracción se producen en condiciones inhumanas, jornadas que duran entre 12 y 14 horas diarias”, añadió.

Investigación en la CPI

La especialista en derecho penal internacional y miembro del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Sara Fernández, explicó que la labor de la misión es fundamental porque luego de que el Estado venezolano solicitó la inhibición del fiscal Karim Khan, éste debe esperar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para seguir recabando evidencia.

En este sentido, la misión sigue recopilando pruebas que pueden no estar disponibles al momento de que el fiscal reanude sus funciones, pero además los informes sirven como referencia sobre los casos y presuntos máximos responsables que se deben investigar.

“Hay tres dimensiones importantes sobre cómo se pueden utilizar estos informes en un futuro para asegurar cambios en el tema justicia. Una es cómo se pueden usar en mecanismos de justicia transicional en el país, el segundo es cómo se pueden usar por parte de otros Estados en la aplicación de jurisdicción universal y también se pueden usar para probar los elementos contextuales que se necesitan para categorizar ciertas acciones como crímenes de lesa humanidad incluyendo el involucramiento del Estado y la sistemacidad”, concluyó.

El foro Derechos Humanos y rendición de cuentas en Venezuela lo organizaron Freedom House, Transparencia Venezuela, Cepaz y el Centro de Derechos Humanos de la Ucab este viernes 30 de septiembre.