Transparencia Venezuela cuestiona renovación del TSJ pese a las vacantes masivas
El proceso de transformación institucional que vive Venezuela tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, llegó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La Asamblea Nacional dio el primer paso al designar el Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales, que evaluará las candidaturas de aspirantes a magistrados. Las postulaciones de la sociedad civil se recibieron hasta el 1 de mayo y surgieron nombres de quienes aspiran a elegir los nuevos nombres del Poder Judicial.
No obstante, organizaciones como Transparencia Venezuela cuestionan la iniciativa. «La pregunta que surge de inmediato es por qué se inicia un nuevo proceso de designación si hace apenas cuatro años, en 2022, se realizó una amplia ‘renovación’ del TSJ», señalan.
La respuesta, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, radica en las numerosas vacantes generadas por jubilaciones, renuncias y reasignaciones a otras responsabilidades, respuesta también cuestionada por la ONG.
El Parlamento deberá cubrir al menos 12 vacantes (más de la mitad del máximo tribunal), según un balance que combina las ocho jubilaciones anunciadas el 27 de abril y otras detectadas por Transparencia Venezuela.
Entre las ausencias más relevantes figuran:
Sala Constitucional: Dos vacantes absolutas desde hace más de un año. La magistrada Gladys Gutiérrez (ex presidenta del TSJ) salió en abril de 2024 para asumir como embajadora en España. Su colega Calixto Ortega fue designado embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) poco después de su reelección y nunca regresó a su cargo, pese a dejar La Haya a inicios de 2024.
Sala Político-Administrativa: Falta absoluta de la magistrada Bárbara César Siero, quien desapareció de la escena pública a inicios de 2024. Su salida coincidió con la detención de dos de sus hermanos, militares acusados de participar en supuestas conspiraciones contra el gobierno de Maduro. La Sala incorporó a un suplente en marzo de 2024 sin detallar las causas precisas de su ausencia.
Sala Social: El magistrado Carlos Alexis Castillo fue designado ministro del Trabajo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en marzo. Aunque inicialmente se habló de falta temporal, su nombre ya aparece en la sección de “histórico de magistrados” del sitio web del TSJ, lo que indica una vacante absoluta.
Jubilaciones y perfiles de los magistrados salientes
Las jubilaciones anunciadas en abril afectan a figuras con larga trayectoria y estrechos vínculos con el anterior régimen:
- Maikel Moreno (Sala Penal): Permaneció más de 20 años en el TSJ. Sancionado por 42 países e investigado en Estados Unidos por presunta corrupción, donde se ofreció una recompensa de USD 5 millones por su captura.
- Elsa Janeth Gómez Moreno (Sala Penal): Tía política de la familia de Cilia Flores. Fue cuestionada en 2013 por un “error inexcusable” en un caso de corrupción y recientemente señalada por su rol en la persecución judicial de opositores tras las elecciones de 2024.
- Luis Fernando Damiani Bustillos (Sala Constitucional): Integrante desde 2010, había asegurado 24 años más en 2022.
- Edgar Gavidia Rodríguez (Sala Social): Hermano de Walter Gavidia (ex esposo de Cilia Flores) y militante histórico del chavismo.
- Henry José Timaure Tapia (Sala Civil): Militar de la promoción “Los Montilleros”, la misma de Diosdado Cabello.
- Carmen Enedia Alves Navas (Sala Civil), Juan Carlos Hidalgo Pandares y Malaquías Gil Rodríguez (Sala Político-Administrativa), estos dos últimos también militares con trayectorias en el ámbito judicial y sancionados internacionalmente por corrupción y violaciones de derechos humanos.
Tras las salidas, en varias salas la mayoría de los integrantes serán ahora magistrados suplentes. La Sala Electoral es la única que no registra retiros hasta ahora; fue la misma que validó la reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024.
El proceso que inicia ahora busca llenar estas plazas con un mecanismo que incluye participación de la sociedad civil a través del Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales.
Fuentes parlamentarias indican que el objetivo es avanzar en la “normalización institucional” del Poder Judicial tras los cambios políticos ocurridos en el país. La designación final de los nuevos magistrados quedará en manos de la Asamblea Nacional una vez que el Comité entregue la lista de candidatos idóneos.
Ttasparencia alerta que esta situación evidencia una reconfiguración profunda del máximo tribunal sin suficientes niveles de información pública y transparencia institucional.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Política – Efecto Cocuyo
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