Un año después de la elección presidencial: acuerdos incumplidos y un conflicto que se estanca
La firma de un acuerdo en 2023 que prometía garantías electorales, comicios competitivos y respeto a los resultados, permitió la participación de la oposición en la elección presidencial de 2024; sin embargo, las trabas y persecución fueron una constante desde la inscripción de candidaturas y se acentuó tras el anuncio de resultados por parte del CNE y el desacuerdo que las cifras ofrecidas por el ente generó en la población. Con dudas sobre el proceso de 2024, el ente comicial decidió pasar la página y hacer dos elecciones para este año
28 de julio de 2024. Con un país lleno de expectativas, tensión y la esperanza de un cambio, los venezolanos abarrotaron desde la madrugada de aquel domingo los centros de votación. La emoción y la alegría se notaba en los rostros de los ciudadanos que esperaban en largas filas su turno para participar en la elección presidencial. Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado y luego de acuerdos (incumplidos) de garantías electorales firmados por el chavismo, era esa opción de cambio que esperaban los opositores, y quien después de un complejo proceso de inscripción se enfrentó a Nicolás Maduro en las urnas.
Una jornada cívica, alegre y participativa se vivió al inicio de aquel día. La elección transcurría sin mayores contratiempos, pero a medida que avanzaba la jornada la tensión aumentaba y los ánimos cambiaban. Lo experimentaron quienes se acercaron a los centros electorales al cierre de la jornada para verificar el conteo de votos, y quienes, en muchos casos, tuvieron trabas para ingresar a las mesas. Y también lo vivió un país que esperaba ansioso los resultados que debía dar Elvis Amoroso, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien a media noche anunció como ganador a Nicolás Maduro.
En el seno opositor, así como en la comunidad internacional, el optimismo que se notaba para alcanzar la victoria se desvaneció, así como en la posibilidad de que el gobierno de Maduro aceptara los resultados. Aunque Nicolás Maduro Guerra, diputado del PSUV e hijo del mandatario, había dicho en una entrevista con El País, el 24 de julio de 2024, que estaban listos para pasar a la oposición, la realidad fue otra.
“El año pasado me sentía con mucha expectativa y preparada para un gran día. El 28 fue alegre, yo creo que feliz, la gente movilizándose, subiendo historias (en redes sociales) desde los centros de votación. Después hubo una decepción muy grande”. Así lo recuerda María Rojas, una joven que reside en el oeste de Caracas. El relato de esta caraqueña coincide con el de muchos que participaron esperanzados en la elección presidencial.
El camino a la presidencial: acuerdos e incumplimientos
El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG- UCAB), Benigno Alarcón, recordó que la participación de la oposición en la elección presidencial de 2024 ocurrió luego de un proceso de negociación mediado por el Reino de Noruega, del que se desprende el Acuerdo de Barbados de octubre de 2023, y en el que estaba incluido Estados Unidos con el Acuerdo de Qatar, firmado unos días antes entre la administración del país norteamericano y el gobierno de Maduro.
El Acuerdo de Barbados establecía el cumplimiento de derechos políticos y garantías electorales para la presidencial de 2024, entre ellas el reconocimiento de los resultados, el compromiso de realizar elecciones en el segundo semestre del año (fecha que adelantó el CNE a julio), la invitación a observadores internacionales y la actualización del registro electoral, puntos que tampoco se cumplieron a cabalidad.
En el Acuerdo de Qatar, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometía a aliviar las medidas económicas a cambio de la liberación de presos políticos y el respeto a los opositores.
Como parte de esos pactos se celebró en octubre de 2023 la elección primaria de la oposición, que ganó María Corina Machado y a quien se le impidió inscribirse como candidata presidencial con el argumento de una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ahí, el primer incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Maduro. La primera opción para sustituir a Machado, Corina Yoris, tampoco pudo inscribirse y finalmente el candidato “tapa”, Edmundo González Urrutia, pasó a ser el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática.
En esa ruta hacia la elección presidencial, se intensificaron las detenciones y la persecución a los miembros del equipo de María Corina Machado. La organización Foro Penal contabilizó hasta mediados del mes de julio del año pasado 103 detenciones a personas vinculadas con la campaña de González Urrutia, 78 de ellas ocurridas desde el inicio formal de la campaña, el 4 de julio. Las trabas, atropellos e incluso cierre de establecimientos comerciales que recibían a la dupla opositora fueron parte de los obstáculos que atravesaron durante su recorrido por el país.
En ese contexto, y con los acuerdos de Barbados y Qatar como garantía de condiciones, Estados Unidos manifestó su preocupación por estas detenciones. Días previos a la elección, el gobierno de Biden, a través de un grupo de funcionarios, dijo que su país se mantenía monitoreando el proceso comicial y estaba preparado para “calibrar su política de sanciones en función de los acontecimientos en Venezuela”.
“Y así, mientras miramos al período poselectoral, continuaremos evaluando y actualizando nuestra política de sanciones según sea necesario en función de nuestros objetivos de política exterior”.
Antes de la elección, el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a trabajar con el ganador, siempre que resultara de un proceso electoral transparente y justo.
En paralelo, el discurso chavista se paseaba entre promesas de reconocimiento a los resultados y denuncias de que la oposición desconocería los resultados.
“Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá (Nicolás Maduro) no nació siendo presidente. (…) Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio”, dijo unos días antes de la presidencial el diputado Nicolás Maduro Guerra a una entrevista con el diario El País.
“Es un delito electoral decir que no vas a reconocer el resultado, es una forma de decir que no estás participando activamente (…) el CNE debe tomar cartas en el asunto porque esa declaración viola las leyes electorales, deben acatarse los resultados electorales que anuncie el CNE y todos estamos obligados a reconocerlos”, declaró por su parte Jorge Rodríguez, jefe de campaña del chavismo.
Rodríguez respondía a unas declaraciones previas del dirigente Biagio Pilieri, actualmente preso político, quien el 18 de julio dijo que confiarían en las actas con los resultados que estarán en manos de los testigos electorales. Fueron esas actas de los testigos, posteriormente digitalizadas y disponibles en una página web, las que le permitieron a la oposición contabilizar el triunfo de Edmundo González, de 67 % frente a un 30 % de Maduro.
“Después de haber incumplido un acuerdo que tenía todas las garantías y que al final del día gozó del respaldo y del apoyo de la comunidad internacional, y había compromisos internacionales y se hicieron concesiones en base a él, el haber incumplido aquello hace que, por supuesto, hoy en día se tenga mucho menos confianza en cualquier promesa con relación a los procesos electorales”, dijo Alarcón en conversación telefónica con el equipo de El Pitazo.
Hasta el momento, el CNE no ha publicado las actas que respaldan la victoria de Nicolás Maduro con 51 % de los votos anunciada por este ente y ratificada por el TSJ tras un proceso de peritaje solicitado por el mismo Maduro. El organismo anunció la noche de la elección un presunto hackeo a su sistema de transmisión del que no se dieron más detalles hasta el pasado mes de mayo, cuando el rector Carlos Pérez cambió la versión y dijo que se trató de una ralentización al sistema.
Pese a la denuncia, tras la elección presidencial nunca se hizo la auditoría de telecomunicaciones que verificaría el ataque, la página sigue caída y, aún así, se han organizado dos procesos electorales en 2025.
Crisis poselectoral: detenciones, muertes, clandestinidad y exilio
Las tensiones del final de la jornada electoral escalaron tras el anuncio de resultados y se convirtieron un día después en focos de protestas a nivel nacional que fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado o grupos armados con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó más de 900 protestas en las 48 horas posteriores al anuncio de los resultados electorales.
“La respuesta del gobierno de Maduro fue contundente y brutal: 138 protestas reprimidas por cuerpos de seguridad o civiles armados, conocidos como colectivos, y según datos oficiales más de 2.229 detenidos y 25 personas asesinadas en el contexto de las protestas”, dice el informe de agosto de esta organización. Entre los detenidos se encontraban 164 adolescentes, también arrestaron a dirigentes opositores, testigos de mesa, activistas y trabajadores de la prensa y hasta la fecha todavía se mantienen centenares de detenidos.
Solo en noviembre del año pasado el OVCS contabilizó 249 protestas, 98 de ellas relacionadas con los derechos civiles y políticos, y pese a que solo 5 fueron reprimidas, según los registros de esta organización, el miedo ha sido un factor clave desde el chavismo para frenar los reclamos de la oposición.
Desde entonces, la asistencia de María Corina Machado a las convocatorias opositoras se vio cada día más reducida hasta llegar a la clandestinidad en la que se encuentra actualmente. Su última aparición pública la realizó el pasado 9 de enero, un día antes de la toma de posesión, en medio de una fuerte militarización de la ciudad y movilizaciones chavistas paralelas, en una marcha que terminó con una concentración en el municipio Chacao y tras la que fue detenida por cuerpos de seguridad y horas después liberada.
Edmundo González abandonó el país en septiembre, cuando partió a España con la promesa de volver para juramentarse. Desde su salida de Venezuela ha emprendido una gira que lo llevó en enero por varios países de la región, desde donde reconoció que no estaban dadas las condiciones para su viaje al país. Como parte de su itinerario, conversó con el entonces presidente Joe Biden, en la Casa Blanca; asistió a la toma de posesión de Donald Trump invitado por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, y se ha reunido con con quien también se ha reunido en varias oportunidades.
“No hay nada más esencial para el éxito de la democracia que respetar la voluntad del pueblo”, dijo la Casa Blanca en un comunicado, en el que el presidente estadounidense subrayó que “la victoria electoral de González Urrutia debe ser respetada mediante una transición pacífica hacia un Gobierno democrático”.
Hasta el 10 de enero, Edmundo González tenía el reconocimiento de Argentina, Australia, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Kosovo, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ucrania, Uruguay y los países de la Unión Europea a nivel comunitario.
Tras la juramentación de Maduro, Estados Unidos aumentó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por la detención del líder chavista. El gobierno estadounidense también ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, y de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Luego, ya con Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos, en lo que va de 2025 se revirtió el alivio petrolero que ofreció Biden a Maduro a través de las licencias a Chevron y otras empresas.
La Unión Europea también acordó a finales de agosto del año pasado no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, pero tampoco el de Edmundo Gonzalez. Sin embargo, en enero pidió respeto a la democracia y amplió las medidas sobre 15 funcionarios relacionados con Nicolás Maduro, entre los que se menciona a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez. Esta decisión elevó a 69 el número total de venezolanos sujetos a restricciones, que incluyen la inmovilización de activos y prohibición de ingreso a estos países.
¿Dónde estamos?
Con recurrentes olas de detenciones y períodos de liberaciones llegamos a un año 2025 marcado por los procesos electorales. Todavía sin respuestas y cada día con menos condiciones, el 25 de mayo se realizaron las elecciones regionales y legislativas y para este 27 de julio se llevarán a cabo las elecciones municipales.
Expertos han denunciado irregularidades en ambos procesos, como la eliminación del QR de las actas, omisión de auditorías, rechazo a candidaturas, etc, y los dirigentes de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática han reiterado su llamado a no participar en estos comicios, pese a la insistencia de algunos voceros a acudir a las urnas, especialmente en las elecciones del 25 de mayo.
“Yo creo que nosotros en este momento estamos en un punto de estancamiento. Ese punto de estancamiento no significa que las cosas se queden así, pero lo que sí significa es que, tanto de un lado como del otro, tratan de ver qué pueden hacer para ganar esta guerra y darla por terminada”, explicó Alarcón.
A juicio del director del CEPyG, la oposición evalúa qué puede hacer, con qué fortalezas cuenta y cuáles son los próximos pasos, mientras que la administración de Maduro intenta ver cómo acaba con la oposición. En ese sentido, considera que el conflicto va a escalar nuevamente.
“En los conflictos hay normalmente tres etapas: escalada, estancamiento y desescalada. Si estuviéramos en una desescalada, lo sabríamos, porque gobierno y oposición estarían sentados en una mesa de negociación tratando de llegar a un acuerdo. Es lo que normalmente sucede en una desescalada. Y si estuviéramos en una escalada también lo sabríamos porque estaríamos viendo confrontaciones de todo tipo. Yo creo que hoy en día estamos básicamente en una fase de estancamiento donde el gobierno no tiene muy claro qué hacer porque está en una situación social, política y económica complicada porque no tiene legitimidad”.
“No es verdad que estamos derrotados. No es verdad que estamos paralizados”, aseveró Adriana Pichardo, exdiputada y dirigente nacional de Voluntad Popular, en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga del pasado martes 15. La dirigente recordó que los miembros de los ocho partidos que actualmente conforman la Plataforma Unitaria Democrática se deben mantener en resguardo ante la persecución que atraviesan, pero eso no significa que no están trabajando. Señaló que “en toda guerra” hay momentos de resguardarse y “pensar con cabeza fría”.
“Muchas cosas se están moviendo en el plano nacional e internacional (…) No es fácil lo que estamos viviendo (…) pero aquí nadie se ha rendido. El silencio no significa paralización sino una nueva estrategia”, dijo Pichardo, quien no descartó la posibilidad de nuevas conversaciones que conlleven a un pacto político y social que permita avanzar, bajo la base del resultado del 28 de julio.
En el último estudio Prospectiva Venezuela del CEPyG de la UCAB, señala que “de no darse un cambio político positivo en el corto plazo, las estimaciones más conservadoras indican que alrededor del 3,7 % de la población venezolana estaría dispuesta a emigrar”. Esto significa que aproximadamente 728.000 nacionales podrían salir del país este 2025.
Para María Rojas, así como para muchos venezolanos, la elección presidencial del 28 de julio todavía es una herida que duele. Algunos todavía tienen familiares presos, otros los perdieron para siempre. Sin embargo, esta joven entendió que la vida debe continuar, en Venezuela o en el exterior, y a pesar de que cada día sigue más latente ese deseo de cambio que la motivó a acudir a las urnas, mientras siga en el país debe continuar con sus actividades con las condiciones hay.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Política – Efecto Cocuyo
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