Desde 2024 han muerto 149 personas bajo la custodia del Estado

Durante 2024, al menos 149 personas murieron bajo custodia del régimen venezolano, así lo reseña el Informe Anual 2024 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.

La organización presentó este lunes 21 la investigación que expone el colapso del sistema penitenciario venezolano y documenta su “utilización como instrumento de represión política, con prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

De las 149 muertes bajo custodia, 105 se produjeron en cárceles (66 de ellos por motivos de salud), 40 en calabozos policiales y 4 presos políticos. A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas.

Refiere que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática. Asimismo, durante 2024 se registraron 23 fugas, 5 huelgas y 7 motines en los recintos penitenciarios.

EL OVP destacó además que en los calabozos policiales, las condiciones son igualmente críticas: 23 de las 40 muertes allí registradas estuvieron relacionadas con el deterioro físico derivado de la falta de atención médica y de condiciones mínimas de vida. En tanto, durante 2024 se reportaron 39 heridos, 56 fugas, 8 huelgas y 10 motines en centros de detención policial.

El informe señala que 2024 fue especialmente grave por el recrudecimiento de la persecución política. Tras las elecciones del 28 de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas consideradas opositoras al gobierno.

El Observatorio documentó la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica: Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González.

Estos fallecimientos elevaron a 22 el número total de presos políticos muertos en custodia del Estado desde 2015. “Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito, utilizados nuevamente como espacios de tortura y represión”, señala el informe.

También explica que la cárcel de El Rodeo I es otro de los recintos que usan para torturar a los presos políticos que sobreviven en celdas de 2×2 sin ventilación, sometidos a altas temperaturas con cero contacto físico y en aislamiento prolongado. “Esto no es más que tortura psicologica y sostenida. En todos los años que tengo trabajando en materia de DDHH, jamás había visto un ensañamiento como el que se ha registrado en contra de los presos políticos”, explicó Humberto Prado, director del OVP, quien agregó que en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y El Rodeo I, se documentó que el personal de custodia no estaba identificado, solo se conocían por seudónimos, estaban encapuchados y vestidos de negro.

Uno de los elementos más graves del informe es la detención arbitraria de al menos 158 adolescentes durante la represión postelectoral. El OVP documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias.

En cuanto al colapso estructural del sistema penitenciario, el informe advierte que la población reclusa alcanzó las 22.019 personas, mientras que la capacidad real del sistema es de apenas 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento crítico del 145,85%. Algunos recintos, como el Centro de Reclusión Dr Francisco Delgado, el antiguo retén El Marite en el estado Zulia, superaron el 350% de hacinamiento.

En conclusión, el Observatorio Venezolano de Prisiones emitió una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas la liberación inmediata de todos los presos políticos y adolescentes detenidos  injustamente, el cese de la incomunicación y el aislamiento prolongado como forma de castigo, el respeto al debido proceso, la garantía de condiciones mínimas de vida, salud y alimentación, así como la investigación independiente de todas las muertes ocurridas bajo custodia del Estado.