«El gobierno llegó a los tres días, ya era muy tarde», familia en la morgue de Bello Monte – Efecto Cocuyo

Solimar Marcano, de 38 años de edad, falleció junto a sus hijos Sofía Gil Marcano (14) y Dylan Gil Marcano (8), mientras los protegía con su propio cuerpo de la caída de las estructuras. Sus restos fueron extraídos por sus familiares la madrugada de este viernes 3 de julio de entre los escombros del edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, OPPE-22, ubicado en Tanaguarena, estado La Guaira.

Nueve días permaneció la familia de Solimar en el sitio del desastre. Durante las primeras jornadas sacaron bloques, removieron concreto y buscaron ayuda entre amigos y voluntarios, pero no fue sino hasta el tercer día que llegaron los equipos especializados en rescate con maquinaria pesada y perros de búsqueda. “Sí, el gobierno llegó al tercer día, después de 72 horas; mientras que nosotros estábamos allí desde la madrugada del 25 escarbando con nuestras propias manos”, contó Damaris Campos, tía de la fallecida.

Marta Mendoza, madre de Solimar, también se encontraba la mañana de este viernes en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), conocido como la morgue de Bello Monte. “Los tres vivían en las residencias. Perdí a mi hija y a mis dos nietos en ese terremoto”, lamentó.

Mendoza detalló que sus hermanos, su esposo y otros vecinos del sector iniciaron las excavaciones la mañana del 25 de junio sin ningún tipo de herramientas. Para el viernes 26, un amigo de la familia les prestó palas, picos y varias maquinarias pesadas de una empresa privada; sin embargo, solo pudieron utilizarlas esa tarde porque, poco después, funcionarios del Estado se presentaron en el lugar y las retuvieron para guardarlas.

“Ni el sábado ni el domingo pudimos usar las máquinas porque no nos las querían entregar; tuvo que bajar uno de los ingenieros que nos las había prestado para reclamarlas, y apenas nos las devolvieron el lunes”, relató otro de los familiares bajo condición de anonimato.

El familiar explicó que cuando les entregaron los equipos, el lunes 29 de junio, tenían una pegatina que decía: Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. “Aún no entendemos por qué les pusieron esas pegatinas, tampoco por qué nos impidieron el uso de las máquinas durante el fin de semana”, agregó.

Campos, por su parte, denunció la inacción de los primeros efectivos que se desplegaron en el litoral: “Durante tres días no hubo ayuda real; solo llegaron unos guardias nacionales a tomarse fotos entre los escombros, no a colaborar. Se los reclamé en su cara porque sus uniformes estaban limpios, impecables, mientras que nosotros, que trabajamos sin descansar para sacar a los nuestros, teníamos la ropa completamente llena de polvo”, recriminó y exigió respuestas por parte del Estado sobre la falta de apoyo militar en el cuadrante.

Tras recuperar los cuerpos la madrugada de este 3 de julio, Campos y sus allegados usaron una camioneta privada para trasladarlos directamente a la morgue de Caracas y agilizar los trámites. “Era lo mejor, porque si se los dábamos a los funcionarios, seguramente perdían los cuerpos en la morgue de Los Silos (en el Puerto de La Guaira) como ya le ha pasado a varios de nuestros vecinos”, aseveró.

Durante las jornadas de búsqueda manual, la familia documentó la dimensión de la catástrofe en su bloque: el jueves 25 sacaron 14 cadáveres de las ruinas; el viernes 26, extrajeron 8, y los días posteriores mantuvieron un promedio de 2 a 3 cuerpos diarios. “Hubo un día que no logramos sacar a nadie, la tragedia es inmensa. Por un milagro, una niña de 3 años logró salir con vida luego de que unos rescatistas la encontraron junto a los voluntarios. Ese día lloré mucho, porque al menos había esperanza”, dijo Damaris.

Añadió que en el sector operaron rescatistas de Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica, pero lamentó la falta de oportunidad en el despliegue: “Si tan solo hubieran llegado el sábado, posiblemente los sacábamos con vida, pero no fue así. Es lamentable porque definitivamente no hubo orden ni control. Aun no entendemos por qué llegaban con fusiles en vez de palas y picos”.

Solimar Marcano trabajaba en un puesto de ropa en el mercado de La Hoyada, en Caracas, y sus hijos esperaban sus respectivas graduaciones escolares. Con el deceso de los hermanos Gil Marcano, el equipo de Efecto Cocuyo ha documentado de forma independiente 22 casos de niños, niñas y adolescentes fallecidos a causa del doble sismo que afectó al país.

En la morgue de Bello Monte las labores de los patólogos y técnicos no han parado en los últimos nueve días. Personal de la institución, que solicitó declarar de forma estrictamente extraoficial para proteger su identidad, reveló que se trabaja en turnos continuos de 24 horas para agilizar las necropsias, así como de identificación dactilar y lofoscópica, con relevo de personal interdiario.

De acuerdo con las fuentes internas, el Senamecf mantiene actualmente un despliegue de 1.550 funcionarios —incluyendo médicos forenses, odontólogos legales, antropólogos y personal administrativo— para procesar la crisis ocasiona por el terremoto. Del total de especialistas, 150 son patólogos y expertos que fueron trasladados desde todas las regiones del país: Carabobo, Mérida, Zulia y Aragua.

La mañana de este 3 de julio, una treintena de estos funcionarios salió de la morgue de Bello Monte a bordo de un autobús para realizar el relevo de las 11:00 a. m. “Actualmente se trabaja con lo que se tenga a la mano. Mantenemos los turnos y unimos las distintas divisiones de la institución para prestar servicio también en la morgue improvisada en el Puerto de La Guaira”, comentó uno de los trabajadores bajo condición de anonimato.

Una de las fuentes detalló que el Estado venezolano mantiene un estricto celo con el manejo de la información, debido a que existe una orden presidencial de centralizar las cifras y reservar los partes oficiales exclusivamente a la gestión de Delcy Rodríguez.

Se conoció que se habilitó una unidad de genética para apoyar las labores de reconocimiento de los fallecidos en el puerto de La Guaira; la fuente dijo que existen limitaciones estructurales para la identificación de los cuerpos, el Senamecf carece de los insumos y la tecnología completa en su planta, por lo que dependen de laboratorios privados para procesar los perfiles de ADN.

“Aquí no tenemos esos laboratorios”, explicó la fuente.

Hasta la fecha, la institución cuenta apenas con una donación de ocho paquetes de tubos cónicos de centrífuga de 15 ml, lo que representa un aproximado de 250 pruebas por bolsa. “Eso no va a alcanzar para la identificación, apenas es una fracción frente a la cantidad de cuerpos que siguen ingresando”, advirtió el informante. 

Se conoció que cada paquete de insumos ronda los 200 dólares y se desconoce si el Ejecutivo realizará una inversión presupuestaria para cubrir el déficit.

Explicó que hay urgencia de estas pruebas, no solo para agilizar las entregas a los deudos, sino para levantar un registro genético que permita identificar y proteger a los niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos tras la tragedia, evitando que queden expuestos a situaciones de vulnerabilidad o tráfico en medio del descontrol institucional.

La familia de Salomé del Carmen Delgado, de apenas 2 años de edad, aún la sigue buscando incansablemente, se niegan a que su nombre se diluya en el caos de la emergencia. A pesar de haber recorrido la morgue, un circuito interminable de hospitales y múltiples centros de refugiados, sus allegados mantienen viva la fe y continúan publicando religiosamente los datos y la fotografía de la niña en sus estados de redes sociales a la espera de un milagro.

Su búsqueda se sostiene en un hilo de esperanza: un vecino del sector aseguró haber visto a una pequeña de sus mismas características ser evacuada con vida por un grupo de rescatistas tras el desplome del edificio OP-26 en Caribe, pero hasta la fecha no ha sido localizada en ningún censo oficial de sobrevivientes.

Al momento del doble terremoto, Salomé se encontraba en el apartamento de Katiuska Nayle Atino Soto, su tía, quien se encontraba con sus cuatro hijos Dougleidis, Dionel, Dionelis y Dorian en la torre 1, piso 8 del mismo complejo habitacional de la Misión Vivienda, una tragedia que se cruza con la desaparición de los hermanos Gilber (7), Joel (6) y Miguel Jiménez (4), de quienes aún no se tiene rastro en las redes pediátricas de Caracas o Vargas.

Esta dolorosa incertidumbre se concentra con especial crueldad en las estructuras colapsadas de los urbanismos estatales en el litoral central, particularmente en el sector Los Cocos de Caribe. En el edificio de Misión Vivienda, OPPE-26, la falta de listas centralizadas y la desorganización institucional mantienen en el limbo a adolescentes como José Antonio García Ramírez, de 17 años —quien se disponía a tomar una ducha antes del colapso—, y a las hermanas Sofía y Aurora Berdujo Pérez, de 11 y 10 años.

La organización defensora de los derechos de la niñez y adolescencia, Cecodap, ha tipificado la no localización de niños, niñas y adolescentes como uno de los riesgos de protección más críticos y urgentes de la catástrofe. 

Cada imagen compartida en el estado de un teléfono de estas familias habla de la determinación a dejar a sus niños en el olvido.