Informe de Cristosal sobre muertes bajo custodia estatal
SAN SALVADOR — La ONG Cristosal informó este miércoles que ha documentado la muerte de 261 personas, entre ellas cuatro niños, que estaban bajo custodia del Estado salvadoreño durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Según el informe titulado “El silencio no es opción”, la investigación de campo y análisis de información recolectada demostraron que estas muertes ocurrieron entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024.
Detalles del informe y análisis médico-forense
El informe revela que, de las personas que fallecieron en los centros de detención, 244 eran hombres y 17 mujeres. Se basa en 3.642 denuncias recibidas desde el comienzo del régimen de excepción, que apuntan a posibles abusos de poder y detenciones arbitrarias. Cristosal realizó un estudio a profundidad de 1.178 detenidos y determinó que 88 muertes podrían ser producto de actos criminales, 87 por patologías y 14 como posibles muertes violentas. Las causas de muerte de 72 personas permanecen indeterminadas.
Condiciones en los centros de detención
La abogada Zaira Navas, quien dirigió la investigación, afirmó que “han muerto en cárceles y bartolinas salvadoreñas por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, falta de alimentación, insalubridad y atención deficiente”. Aseguró que existe “una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad”. Además, Cristosal certificó casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas bajo este régimen, perpetrados por custodios y otras reclusas.
Contexto y medidas del gobierno
El informe fue publicado un día después de la aprobación por parte del Congreso de la 28ª prórroga del régimen de excepción, parte de la estrategia del gobierno de Nayib Bukele para combatir las pandillas. Este estado de excepción suspende derechos fundamentales y permite la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial, así como la prolongación de la detención sin audiencia judicial hasta 15 días. También se aprobaron reformas al Código Penal para penalizar la pertenencia a una pandilla, con penas de hasta 60 años para los cabecillas. Hasta la fecha, se han capturado a 81.110 supuestos pandilleros, pero muchos permanecen sin sentencia judicial y el gobierno ha liberado a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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