Atentado contra Miguel Uribe: los miles de menores que durante décadas han sido reclutados por grupos armados para matar en Colombia

«El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino», dijo este lunes Petro en X, revelando que el menor había abandonado voluntariamente un programa educativo de paz en el pasado.

El diario colombiano El Tiempo informa que cuando el menor fue detenido aseguró que la orden de atentar contra Uribe Turbay la dio «el hombre de la olla», en referencia a un punto de venta de droga de la capital colombiana.

Las autoridades buscan ahora a los autores intelectuales de un crimen que se llevó a cabo mediante una práctica extendida en Colombia: el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y criminales para matar.

Según la Defensoría del Pueblo colombiana, en 2024 fueron reclutados 409 niñas, niños y adolescentes, un aumento respecto a los 342 casos registrados en 2023.

Las autoridades reconocen que las cifras están subestimadas.

Con décadas de conflicto armado y crimen organizado, miles de menores han sido víctimas de la violencia en Colombia, siendo reclutados tanto por los carteles de la droga como por las guerrillas izquierdistas, fuerzas paramilitares y nuevos actores armados y criminales.

«Hubo incluso utlización de menores en operaciones encubiertas de la fuerza pública. Todos los actores del conflicto lo han hecho», le explica a BBC Mundo Max Yuri, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

En los años 80, en plena época del terror de Pablo Escobar, muchos niños y adolescentes se dedicaron al sicariato.

«En el entorno del cartel de Medellín se conocía como la práctica de ‘Los Suizos’; jóvenes y menores que se vinculaban a misiones suicidas», le recuerda a BBC Mundo Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago (EE.UU.) y consultor en temas de crimen, seguridad y conflicto colombiano.

Uno de los sicarios más emblemáticos fue John Jairo Arias Tascón, alias «Pinina», a quien investigaciones periodísticas señalan como uno de los «favoritos» y más cercanos a Escobar.

A «Pinina» se le vincula con varios crímenes de alto perfil, como el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984; el atentado al avión de Avianca 203 en que murieron 110 personas en 1989 y varios homicidios de políticos, periodistas, civiles y adversarios.

Pinina murió en 1990 a los 29 años en un operativo policial en Medellín. Se cree que se inició como sicario a los 15 años.

El 22 de marzo de 1990, otro niño de 14 años llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya mató a tiros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá al candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica, durante los meses entre 1989 y 1990 en los que fueron asesinados tres candidatos presidenciales izquierdistas.

«Otro caso emblemático fue el de Gerardo Gutiérrez, alias ‘Yerry’, otro joven que acabó siendo el presunto asesino del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, de la Alianza Democrática M-19», agrega Mantilla.

Inicialmente se culpó a Escobar, pero el narco negó su participación.

Según el Centro de Memoria Histórica, «Yerry» fue abatido por un escolta miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y, años más tarde, el líder del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, reconoció haber entrenado al sicario y planificado al crimen en colusión con fuerzas corruptas del Estado.

El Centro de Memoria Histórica reconoce que la Justicia colombiana todavía no ha resuelto del todo ese magnicidio.

Los niños utilizados por grupos armados y criminales suelen tener un origen común.

Proceden en su mayoría de zonas vulnerables y de bajos ingresos en espacios urbanos y de territorios rurales aislados con poca presencia estatal.

«El reclutamiento de menores ha estado impulsado por la desprotección de niños abandonados o marginados y por los vacíos legales en el sistema jurídico y penal colombiano con respecto a la responsabilidad de los menores», complementa Mantilla.

«El sistema penal adolescente es uno de los mayores cuellos de botella en Colombia», añade el especialista.

Hay una diferencia importante, sin embargo, entre lo urbano y lo rural.

Mientras los menores en ciudades buscan el ascenso social y económico, los jóvenes de la ruralidad muchas veces son reclutados forzosamente por los grupos armados e incorporados a los mismos, a través de coerción y amenazas a sus familias.

«Es una mano de obra barata, fácil de reemplazar. Por su maleabilidad, muchas veces les encargan obras de terror como descuartizamientos», relata Yuri.

«Es común que en las ciudades también se dediquen al transporte de armas, drogas, venta de narcóticos, cobro de extorsión, sicariatos y asesinatos», añade el experto.

La Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano de justicia transicional en Colombia, estima que más de 18.000 niños fueron reclutados por las Farc-Ep solo entre 1996 y 2016, año en que esta guerrilla izquierdista firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano.

El Estado sigue en conflicto con otras guerrillas y grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc que no se adhirieron a la paz, así como con el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo y considerado por el gobierno como la mayor organización criminal de Colombia.

Esto obstaculiza medir la magnitud del fenómeno, aunque los números siguen siendo preocupantes y los métodos de reclutamientos son cada vez más sofisticados.

En junio de 2024, la BBC reportó cómo grupos armados utilizan plataformas como TikTok para incorporar a los más jóvenes en zonas remotas de Colombia.

De los 409 menores reclutados que reportó la Defensoría del Pueblo, la mayoría, 300, se detectaron en el Cauca.

Este departamento es uno de los más problemáticos de Colombia, siendo un importante enclave cocalero y escenario de frecuentes operaciones militares.

Las otras zonas calientes son Putumayo y Valle del Cauca, donde se viven condiciones similares.

Según la Defensoría, la disidencia de las Farc Estado Mayor Central (EMC) fue el principal reclutador identificado, con 135 menores.

Mantilla dice que algunos datos indican que el reclutamiento forzado puede haber crecido hasta 1.200% en los últimos años, tras la pandemia.

«Sabemos que en la última década cerca de 13.000 menores han sido judicializados y condenados por este tipo de delitos», dice el investigador.

Según el periódico El Tiempo, en 2024 se reportaron 1.953 menores desaparecidos en el país, de los cuales más de la mitad siguen sin aparecer.

La información está basada en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y una de las hipótesis es que los desaparecidos hayan sido reclutados forzosamente.

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