El Parlamento británico ha aprobado este martes una enmienda del proyecto de ley sobre Delincuencia y Policía (‘Crime and Policing Bill’) que despenaliza el aborto que afronten las mujeres embarazadas más allá del límite legal de 24 semanas de gestación. La medida supone que las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo fuera de los canales legales y más allá de los plazos establecidos por la ley no podrán ser juzgadas ni encarceladas por ello. La enmienda ha recibido 379 votos a favor y 137 en contra y entrará en vigor en Inglaterra y Gales en cuanto el proyecto de ley sea aprobado definitivamente en el Parlamento.
El texto, impulsado por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, especifica que la legislación penal vigente, en vigor desde 1861, quedará derogada en materia de aborto para “las mujeres que actúen en relación con su propio embarazo en cualquier etapa de gestación, eliminando la amenaza de investigación, detención, enjuiciamiento o encarcelamiento”. La cláusula aclara, sin embargo, que “no se modifica ninguna ley relativa a la prestación de servicios de aborto en el ámbito sanitario”, en referencia a la Ley del Aborto de 1967, que estipula un plazo máximo de 24 semanas para practicar el aborto dentro de los marcos legales —excepto en los casos que la vida de la madre esté en riesgo— y requiere que la interrupción del embarazo sea aprobada por dos médicos, entre otros requisitos.
“Algunas mujeres en circunstancias de desesperación toman decisiones que a muchos nos cuesta entender. Esta enmienda reconoce que estas mujeres necesitan cuidados y apoyo, no criminalización”, ha asegurado Antoniazzi en el debate de este martes en la Cámara de los Comunes. La diputada ha aclarado que el fin de la criminalización se aplica exclusivamente a las mujeres embarazadas y ha recalcado que cualquier otra persona que ayude a interrumpir la gestación fuera de los plazos legales, incluidos los médicos, sí podrá ser perseguida por la ley. El número de abortos realizados fuera de los límites fijados representa menos del 1% del total.
Casos mediáticos
La iniciativa tiene por objetivo poner fin a casos polémicos que han tenido una fuerte repercusión mediática en los últimos meses. Uno de ellos es el de Carla Foster, una mujer de 44 años que fue condenada a 28 meses de prisión por tomar píldoras abortivas estando embarazada de ocho meses, un plazo muy superior al límite de 10 semanas establecido por la ley en el caso de los abortos con medicamentos. Foster se quedó embarazada durante el confinamiento de un hombre que no era su pareja y mintió sobre su estado de gestación en una consulta telemática —permitida en el Reino Unido desde 2020— para obtener la medicación.
Otro caso sonado ha sido el de Nicola Packer, una mujer de 41 años que obtuvo pastillas abortivas a través del servicio telemático pensando que estaba embarazada de menos de 10 semanas, cuando en realidad su estado de gestación era de 26. “Si hubiera sabido que estaba tan avanzada, no lo habría hecho. No habría sometido al bebé ni a mí misma a eso”, aseguró ante el tribunal, que la declaró finalmente inocente. El caso de Packer recibió el apoyo de varias organizaciones médicas, entre ellas el Colegio de Obstetras y Ginecólogos, que calificó las leyes vigentes de “anticuadas y perjudiciales”.
Tanto el número de abortos como de investigaciones policiales por exceder los límites legales han alcanzado cifras récord en los últimos años en Inglaterra y Gales. Según los datos más recientes, de 2022, el número de interrupciones anuales superó las 250.000, mientras que las autoridades han reclamado cerca de un centenar de historiales médicos a los servicios médicos para investigar presuntos delitos de aborto en los últimos cinco años. La justicia británica ha abierto cerca de 60 investigaciones penales desde 2018 —un número muy superior a los años anteriores—, de las cuales seis han acabado con mujeres sentadas en el banquillo.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-06-17 15:17:00
En la sección: El Periódico – internacional