Cómo aumentó en El Salvador la presión contra las voces críticas al gobierno de Bukele
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«Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, va preso», dijo el abogado Enrique Anaya en un programa de la televisión salvadoreña el 3 de junio.
Se refería al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo segundo mandato llevaba meses tachando de inconstitucional.
«Pero usted está hablando y está criticando», le contestó el entrevistador. «Sí y, por supuesto, tengo miedo», admitió Anaya, quien cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional.
Esos arrestos de alto perfil y la salida del país de 40 periodistas y más de una decena de defensores de derechos humanos que alegan temor a correr la misma suerte, sumados a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, han hecho que organismos nacionales e internacionales adviertan de una escalada autoritaria en la nación centroamericana.
Un punto de inflexión en la presión sobre las voces críticas que, según los especialistas consultados por BBC Mundo, tendría que ver con que Bukele se siente respaldado por su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo lo ha alabado sino que lo ha vuelto «imprescindible» para su propia política de deportaciones.
«Cree, con razón, que no va a tener ninguna crítica por parte de esta administración, como sí la tuvo de la de Biden», asegura Enrique Roig, quien fuera subsecretario asistente de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU.
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Ni la Fiscalía ni Presidencia han contestado a las numerosas solicitudes de entrevista de BBC Mundo. Pero el 1 de junio, durante su discurso anual ante la nación, el mandatario se dirigió a los medios y les dijo: «¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños por la calle».
Y así pasó a destacar una vez más sus logros en seguridad, los que le han granjeado un arrollador respaldo entre la población, tal como lo siguen mostrando las encuestas.
La más reciente, la del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le otorga una nota del 8,15, aunque también apunta a que casi seis de cada 10 salvadoreños temen sufrir represalias si critican al gobierno.
Detenciones de alto perfil
Dos semanas después de su aprehensión, este lunes el juez decretó detención provisional para Anaya y mandó su caso a instrucción, en un proceso idéntico al de Ruth López.
«¡No me van a callar, un juicio público quiero!», gritó López frente a los medios, antes de comparecer a su audiencia inicial el 4 de junio. Y a la salida, declaró: «Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en el gobierno. Soy inocente, soy una presa política».
Como jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización de derechos humanos Cristosal, la abogada habría denunciado al menos 50 posibles casos durante el gobierno de Bukele.
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Ahora, tanto su defensa como la de Anaya temen que la detención de ambos se alargue bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales.
Decretado hace más de tres años por la Asamblea a pedido de Bukele, como instrumento central para su combate a las pandillas, ha permitido reducir drásticamente los homicidios al tiempo que ha vuelto El Salvador uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta.
Aunque con un perfil menos público, a las detenciones de Anaya y López se suman al menos la de otra decena de defensores de derechos humanos, activistas, líderes campesinos y empresarios del transporte registradas en mayo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de tantos organismos que ha mostrado preocupación ante ellas, así como ante «la existencia de órdenes de arresto» contra otros defensores de derechos humanos.
«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», ha dicho la entidad, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
«Frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica».
«Éxodo masivo»
En este contexto, son varios los activistas y trabajadores de organismos de derechos humanos que han optado por abandonar el país en las últimas semanas.
Es el caso de la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, quien anunció la decisión el sábado, explicando que había sido alertada de una potencial orden de arresto en su contra.
El SJH, que nació poco después de la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, ha dado seguimiento al menos a 10.000 casos de detenciones que consideran indebidas y ha denunciado la muerte de más de 400 personas bajo custodia del Estado.
Sobre esto último, el que fuera hasta inicios de mes el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, le dijo en entrevista a BBC Mundo que su oficina revisó y remitió cada uno de los casos que le llegaron para que fueran investigados por la entidad competente.
«Todos los documentamos y los informamos, al punto que no hay un solo expediente abierto contra el gobierno de El Salvador por desapariciones, homicidios o torturas dentro del sistema carcelario», afirmó, al tiempo que cuestionaba por qué ya «nadie pregunta sobre las víctimas de las pandillas».
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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha informado asimismo de un «éxodo masivo» en el sector.
Según un comunicado al que se unieron otras organizaciones de prensa, existe un «desplazamiento forzado» de unos 40 periodistas «como resultado de un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias al ejercicio periodístico».
Óscar Martínez, el editor jefe del medio digital El Faro, había salido del país junto a otros colegas tras una publicación con gran repercusión.
«Estábamos a punto de volver este fin de semana, pero supimos que estaban listos para capturarnos en el aeropuerto Monseñor Romero (de San Salvador) y sabemos por qué: por haber hecho periodismo, por haber denunciado los pactos de Bukele y las pandillas», escribió en la red social X el 9 de junio.
El Faro había publicado recientemente un video en el que dos líderes del Barrio 18 contaban a cámara, uno de ellos a cara descubierta, cómo habrían empezado los acercamientos de su organización criminal con el círculo de Bukele, los favores que según ellos habrían recibido y cómo presuntamente las pandillas le ayudaron al ahora presidente a llegar al poder.
Bukele y miembros de su gobierno han negado con vehemencia y en repetidas ocasiones la existencia de tratos con las principales pandillas del país –las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o MS-13– con el objetivo de reducir la tasa de homicidios.
Aunque el Departamento del Tesoro de EE.UU., durante la anterior administración, sancionó a dos de sus altos funcionarios -Osiris Luna, director de centros penales de El Salvador, y Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social- señalándolos de haber participado en dichos diálogos.
Difícil decisión
También han salido del país periodistas con un perfil menos público, como una reportera de investigación que habló con BBC Mundo con la condición de que no se revele su identidad ni el medio para el que trabaja.
«El ambiente se empezó a poner muy pesado y estamos teniendo muchas interferencias para poder hacer nuestro trabajo», explica por teléfono desde un país vecino de El Salvador.
«Los soldados te retienen, te piden identificarte a pesar de andar con tus credenciales, te exigen borrar fotos o videos, aunque eso vaya contra la ley y haya un artículo de la Constitución que nos ampare», prosigue.
A raíz de ello, cuenta que tienen definidos unos protocolos de seguridad, que implican reportarse constantemente, evitar rutinas o usar canales de comunicación seguros.
Que una fuente la alertara de que su nombre estaba en una lista de «objetivos de arrestos prioritarios» hizo que decidiera salir del país prácticamente de la noche a la mañana.
«No lo pensé. No creo que sea un momento para sentarse a esperar», asegura.
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No es la primera vez que toma tal decisión, pero esta vez está valorando alargar su estancia en el extranjero.
«No es fácil, porque sales con una mochila y poco más, y dejas a tu familia, tus amigos, tus arraigos», cuenta. «Me gustaría ver envejecer a mi mamá, ver crecer a mis sobrinas, pero poniéndolo en balanza, he recobrado la tranquilidad afuera», desde donde, asegura, piensa seguir haciendo periodismo.
BBC Mundo solicitó por diversas vías entrevista a la Fiscalía General de la República (FGR) o un comentario oficial sobre las presuntas órdenes de captura señaladas por los periodistas ya mencionados, pero hasta el momento de esta publicación no ha tenido respuesta.
El potencial arresto de sus trabajadores no es lo único a lo que temen los medios independientes y organismos no gubernamentales de El Salvador.
También que la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el propio Bukele y al que la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo le dio luz verde el 20 de mayo, los termine ahogando.
Ante el cuestionamiento de que sería una suerte de «ley mordaza», durante el debate legislativo que llevó a su tramitación el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, del partido gobernante Nuevas Ideas, dijo que los denominados «agentes extranjeros» podrían «seguir gritando lo mismo».
«Lo único que deberán hacer es pagar el 30% (en concepto de impuestos por cada transacción financiera o donación que reciban desde el extranjero), decir quién les da los fondos y para qué los ocupan», añadió.
Ni el órgano legislativo ni el ejecutivo han explicado a qué se destinarán los fondos recaudados. Y las organizaciones que quieran operar en el país también tendrán que darse de alta en un registro.
En el texto de la ley se explica que «agente extranjero» es «toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente, por un mandante extranjero».
Por ello, los analistas interpretan que el concepto engloba a varios colectivos, desde organizaciones de derechos humanos y asociaciones vecinales, pasando por grupos religiosos, hasta agencias de cooperación extranjera y medios de comunicación independientes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha dicho sobre la ley que es «motivo de preocupación».
La legislación «podría restringir el trabajo de la sociedad civil y contradice las obligaciones internacionales», advirtió en X la delegación de la Unión Europea en El Salvador, otra de las entidades que han mostrado reservas ante ella.
La reacción de Bukele no se hizo esperar, quien en esa misma red social lamentó que «un bloque envejecido y sobrerregulado todavía insista en dar sermones al resto del mundo».
El presidente volvió a defender la polémica ley durante su discurso del 1 de junio. «Creo que (la supuesta injerencia extranjera) debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aun así la vamos a permitir. Lo único que le vamos a pedir es que paguen sus impuestos», dijo en la alocución transmitida en cadena nacional.
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Ante esa perspectiva, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), un organismo que lleva 36 años trabajando en la prevención de la violencia y cuyo financiamiento es externo en más de un 80%, teme que no consiga sobrevivir.
Están decididos a inscribirse y a cumplir con los requerimientos legales.
«Pero tememos que el registro sea una excusa para generar un incumplimiento sistemático por parte nuestra: que nos pidan un documento, otro, otro y que alguno, por los tiempos o lo que sea, no lleguemos a presentar, y esa sea la justificación técnica para revocar nuestra personería», explico.
Otro posible escenario es que termine ahogándolos económicamente, o que fuerce a la retirada de la cooperación internacional, y así sus 70 empleados se queden sin trabajo.
«Y luego está el miedo a que cualquier acción de denuncia que hagamos sea considerada de desorden público o una amenaza a la estabilidad del país, y, por tanto, se llegue a criminalizar al personal o a la institución en su totalidad», añade Reyna.
El factor Trump
Los analistas internacionales consultados por BBC Mundo coinciden en que la nueva legislación, los arrestos de alto perfil y el éxodo de periodistas y defensores de derechos humanos constituyen un punto de inflexión en una hoja de ruta que el gobierno ya venía siguiendo.
«No es ninguna sorpresa, porque el gobierno de Bukele ya tenía esta tendencia cada vez más autoritaria», dice Enrique Roig, quien trabaja hoy en el instituto independiente de investigación Seattle International Foundation. «Pero las últimas medidas sí marcan un antes y un después en la presión sobre las voces críticas o la disidencia».
Con él coincide Christopher Sabatini, investigador del Programa de América Latina, Estados Unidos y las Américas del centro de estudios Chatham House.
Para ambos expertos, en ello tiene que ver el efecto de las cada vez más numerosas investigaciones sobre las presuntas negociaciones con las pandillas estarían teniendo sobre la imagen de Bukele a nivel internacional.
Pero insisten en que, sobre todo, las últimas acciones se deben a que el mandatario se siente «empoderado» con su homólogo estadounidense.
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«Percibe que tiene carta blanca, porque Trump nunca va a criticar a su mejor aliado en América Latina y un componente fundamental para su política de deportaciones», apunta Sabatini.
Previo acuerdo entre ambas administraciones, en marzo llegaron a El Salvador más de dos centenares de deportados venezolanos procedentes de EE.UU., y fueron directamente trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la lucha contra las pandillas del gobierno de Bukele.
Por el momento, ninguno de los analistas prevé cambios en la tendencia en un futuro cercano.
«Si hay un cambio político en EE.UU. en noviembre del año que viene (en las elecciones intermedias, que se celebran a mitad de mandato y en las que se eligen a todos los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado), los demócratas asumen más poder y empiezan a pedir más rendición de cuentas, eso quizá podría frenar el comportamiento de Bukele», señala Roig.
«Pero hoy por hoy, no veo que vaya a ocurrir».
«Me tiene sin cuidado que me llamen dictador»
BBC Mundo volvió a solicitar una entrevista a Presidencia, para conocer su posición sobre esta y otras cuestiones, pero aún no ha tenido respuesta.
Sin embargo, en su discurso de 80 minutos ante la nación el 1 de junio, Bukele dejó bien clara su postura ante las críticas.
«Algunos dicen que antes había democracia en El Salvador y ahora no. ¿Han leído eso, verdad? Pero lo cierto es que antes se podía elegir entre lo malo y lo peor. El que diga que no es así es porque esa era su fuente de ingresos. Los únicos que lo dicen son los que no conocen o los que vivían de eso», dijo.
«Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen», prosiguió.
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«Yo me pongo a pensar cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad. Ahora algunos se pusieron el carné de perseguidos políticos. Ser periodista del club les permite infringir la ley sin consecuencias», prosiguió.
«Ellos no están ahí para defender causas, están ahí para conseguir impunidad de la corrupción y del crimen para sus miembros. Ellos quieren imponer su narrativa».
Popularidad y temor
Sea como fuere, las críticas provenientes de dentro y fuera del país no parecen afectar a su altísima popularidad.
Según la encuesta que salió a la luz a finales de mayo por Cid Gallup, Bukele sigue teniendo más del 80% de aprobación de la población.
En la realizada por el Iudop, una de las casas encuestadoras más confiables del país, los encuestados le dan una nota del 8,15 como presidente en su sexto año de gestión y a su gobierno 7,85, en una escala del 1 al 10.
No obstante, el sondeo también señala que el 57,9% de la población considera que es algo probable o muy probable que una persona o institución sufra consecuencias negativas por criticar al gobernante.
De ese total, un 48,3% cree que la consecuencia más probable es ser detenido o encarcelado.
Y 70,6% los encuestados aseguró estaría de acuerdo o muy de acuerdo con un tercer mandato de Bukele.
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«‘En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático’. ¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?», reza otra de las preguntas de la encuesta.
El 52,2% de la población respondió estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
En la sección: BBC Mundo
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