El presidente de Bolivia promueve una ley para facultar a las Fuerzas Armadas en el desbloqueo de rutas bajo estado de excepción

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a reglamentar y «fortalecer» las atribuciones operativas de las Fuerzas Armadas en el marco de un eventual estado de excepción.

La propuesta legal busca habilitar la intervención militar directa para disolver los bloqueos de carreteras y las masivas manifestaciones que exigen la dimisión del jefe de Estado, un anuncio que se produce apenas 24 horas después de la sorpresiva renuncia del ministro de Defensa.

Paz enfrenta desde hace más de un mes un prolongado paro nacional con cortes de rutas liderados por organizaciones de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros.

Las movilizaciones, que inicialmente surgieron como una protesta para exigir soluciones a la peor crisis económica que registra el país andino en las últimas cuatro décadas, se radicalizaron progresivamente hasta unificar como única demanda la salida inmediata del mandatario de sus funciones ejecutivas.

Durante el acto oficial de juramentación del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el gobernante confirmó que no descarta decretar el estado de sitio a corto plazo ante la profundización del desabastecimiento.

Especificó que el marco regulatorio propuesto persigue robustecer el blindaje legal de los efectivos castrenses en sus despliegues, justificando una futura acción militar bajo la categoría de intervención «humanitaria» para restablecer el libre tránsito.

Las razones de la salida del anterior titular de la cartera, Mauricio Salinas, no fueron detalladas por el mandatario, tras confirmarse su dimisión de forma interna.

La ofensiva jurídica del Ejecutivo se ve favorecida por el escenario legislativo de la última semana, luego de que el Congreso anulara una normativa previa que obligaba al presidente a contar con el aval parlamentario previo para decretar un estado de excepción.

Bajo este nuevo esquema, Paz cuenta con la potestad de restringir de manera unilateral las libertades civiles de reunión y locomoción, herramientas constitucionales que sirven de base legal para desactivar las concentraciones de los huelguistas.

«La tarea inmediata es recuperar la normalidad (…). El diálogo está siempre abierto, pero quienes se niegan a dialogar no pueden paralizar el país», advirtió el ministro Justiniano tras asumir el cargo.

Los efectos del cerco vial han generado un escenario crítico de escasez de alimentos de primera necesidad, insumos médicos y carburantes, ensañándose con especial fuerza en la ciudad de El Alto y en La Paz, sede de las funciones de gobierno.

Los balances oficiales del Ejecutivo cifran en siete las víctimas fatales derivadas de la imposibilidad de recibir asistencia médica oportuna en las zonas bloqueadas.

En el perímetro urbano paceño se constatan ya focos de insalubridad por la acumulación de desechos, mientras que en las estaciones de servicio se registran largas filas de vehículos cuyos conductores pernoctan en campamentos improvisados para asegurar el suministro de combustible.

Frente a la parálisis institucional, la administración de Rodrigo Paz reiteró sus denuncias contra los comités de huelga, acusándolos de ejecutar un plan sistemático para «alterar el orden democrático».

El Palacio de Gobierno señala de manera directa al expresidente socialista Evo Morales como el director intelectual de las movilizaciones desde la clandestinidad, en momentos en que el exlíder cocalero permanece en condición de prófugo de la justicia boliviana por una investigación penal en su contra relacionada con la presunta trata de una menor de edad.

Con información de AFP.