César Gaviria culpa al Gobierno Petro por crisis en salud y exige investigar al ministro Jaramillo | Gobierno | Economía

La crisis del sistema de salud en Colombia ha alcanzado un punto crítico, según advierte el expresidente César Gaviria en un análisis divulgado por el Partido Liberal. Gaviria señala directamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como responsable de lo que califica como una “demolición deliberada” del modelo vigente, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

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El expresidente sostiene que la situación ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en la principal preocupación de los colombianos. Según datos de Invamer, el 79% de la ciudadanía considera que la calidad del servicio de salud es deficiente.

El análisis señala que el desfinanciamiento del sistema, el deterioro de las EPS, los retrasos en los pagos a clínicas y médicos, y el aumento de tutelas, que en 2024 alcanzaron las 265.000, configuran un panorama insostenible.

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“El gobierno ha sido advertido reiteradamente”, afirma Gaviria. Según cifras de la Contraloría General de la República, las EPS acumulan una deuda de $32,9 billones, 16 entidades presentan problemas de liquidez y solo seis cumplen con los requisitos financieros. En particular, la Nueva EPS, con 11,5 millones de afiliados, no ha presentado estados financieros.

El expresidente critica con dureza al ministro Jaramillo por ignorar fallos de la Corte y actuar sin debido proceso en las intervenciones de entidades, como ocurrió con Sanitas. “La intervención fue arbitraria, sin garantías procesales ni fundamentos técnicos”, sostiene, citando la decisión de la Corte que ordenó la devolución de la EPS a sus propietarios. Según Gaviria, el Ministerio de Salud ha optado por el desacato sistemático en lugar de acatar las órdenes judiciales.

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El análisis indica que el sistema de salud opera hoy con una siniestralidad del 110%, lo que implica que por cada 100 pesos recibidos, las EPS gastan 110. Los ingresos del sistema alcanzaron $87,9 billones en 2024, frente a unos costos de $94 billones. La diferencia evidencia, según Gaviria, una crisis estructural que no ha sido atendida por el Gobierno.

El expresidente afirma que el colapso no se debe a falta de diagnósticos, sino a la negligencia para actuar. Cita como prueba el incremento del 23% en las peticiones, quejas y reclamos (PQR), que pasaron de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024. También advierte que las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos, lo que compromete el suministro de medicamentos esenciales.

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En 2024, las tutelas por fallas en la atención en salud alcanzaron las 265.000, según cifras citadas por el expresidente César Gaviria.

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Gaviria denuncia una estrategia deliberada para provocar el colapso del sistema con el fin de reemplazarlo por un modelo público, centralizado y sin alternativas funcionales. “El ministro ha optado por desconocer la legalidad, incurriendo en desacato a decisiones judiciales”, sostiene el documento.
Gaviria cita una declaración del propio ministro Jaramillo, quien admitió que las EPS estaban siendo llevadas “a cuidados intensivos”, lo cual considera una confesión de una estrategia de asfixia institucional. “Sin pagos, el sistema pronto colapsará”, advierte.

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En el caso de Sanitas, el informe indica que tras 15 meses de intervención, la EPS presenta un deterioro patrimonial superior a $1 billón, reservas técnicas agotadas y un aumento de más del 30% en las quejas. La Superintendencia de Salud, en lugar de corregir los problemas, ha profundizado la crisis, asegura Gaviria.

El análisis también cuestiona la falta de capacidad de la Superintendencia para administrar las EPS intervenidas, recordando que esta entidad depende jerárquicamente del Ministerio de Salud. “Una de las decisiones más torpes fue demandar a todas las EPS que él mismo administra”, afirma el expresidente.

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Las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos, lo que compromete el suministro de medicamentos esenciales.

Mauricio Moreno – Portafolio

Las peticiones

Desde el Partido Liberal, se pide a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación formal contra el ministro Jaramillo por posible omisión dolosa. Además, solicita a la Contraloría y a la Procuraduría determinar responsabilidades disciplinarias y fiscales. Gaviria advierte que no actuar implicaría incurrir también en omisiones graves en la vigilancia del gasto público.

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La Corte Constitucional ha reiterado la obligación del Estado de garantizar el funcionamiento del sistema. En el Auto 007 de 2025 exigió al Gobierno ajustar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación y cubrir los servicios por fuera del Plan de Beneficios. En el Auto 2882 de 2023, ordenó garantizar el flujo de recursos y respetar el marco jurídico vigente. Gaviria asegura que estas órdenes no han sido acatadas.

Finalmente, el Partido Liberal propone declarar un Estado de Cosas Inconstitucional que permita una intervención estructural y transparente del sistema. “No se trata solo de salvar a las EPS, sino de garantizar el derecho fundamental a la salud para millones de colombianos”, concluye el expresidente.

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DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
REDACCIÒN PORTAFOLIO