Restricción a inversiones pensionales enfrenta límites legales y resistencia técnica | Empleo | Economía

La propuesta de restringir las inversiones del ahorro pensional en el exterior ha encendido una alerta jurídica y técnica en el sistema financiero; donde partiendo de que parte de los anuncios y del Presidente quedan en el aire y toman tiempo en materializarse, hay conversaciones sobre la posibilidad de que esto se pueda hacer.

Todo esto, debido a que más allá del efecto inmediato que podría tener sobre los portafolios, los expertos advierten que una medida de ese calibre no podría implementarse con facilidad si se tiene en cuenta que la legislación vigente impone principios claros sobre cómo deben manejarse estos recursos, y cualquier intento de concentración forzosa en el mercado local podría entrar en conflicto con esas normas.

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Si bien esta semana, el presidente Gustavo Petro dio instrucciones para que se revierta el decreto que autoriza a las administradoras de fondos de pensiones a invertir fuera del país, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, esto todavía no se ha formalizado en ningún cambio normativo, pero el solo anuncio reavivó la tensión que hay en el mercado por la distancia entre el discurso político y los límites regulatorios que rigen el manejo del ahorro de millones de trabajadores.

Hay un esquema que funciona

Una revisión jurídica de Portafolio y analistas del sector pensional coinciden en que para entender si se puede o no restringir las inversiones, se debe partir de que uno de los pilares jurídicos que condicionan esta discusión es el artículo 51 de la Ley 1328 de 2009, que modificó el artículo 100 de la Ley 100 de 1993.

Esta norma establece que las inversiones de los fondos de pensiones deben realizarse “con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema”, y que las administradoras deberán hacerlo “en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional”. Es decir, no cualquier decisión puede imponerse sin respetar esos principios orientadores.

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En este contexto, los expertos advierten que la posibilidad de invertir en el exterior no solo ha sido una herramienta eficaz de diversificación, sino también una fuente clave de rentabilidad para los afiliados. De hecho, al cierre de mayo de 2025, los fondos de pensiones en Colombia administraban un ahorro total de $483 billones, de los cuales más del 50%, alrededor de $242 billones, se encontraba invertido en activos internacionales.

Desde la perspectiva técnica, restringir esa posibilidad implicaría aumentar la exposición de los portafolios a los riesgos del mercado local, en un momento en que la economía colombiana atraviesa por alta volatilidad, presiones fiscales y fragilidad institucional y perder esa capacidad reduciría el margen de maniobra para preservar el valor del ahorro pensional en el largo plazo.

Las inversiones ayudan a financiar el sistema pensional en Colombia.

Imagen de ChatGPT

Además de los efectos técnicos, también hay implicaciones macroeconómicas, ya que una repatriación masiva de los recursos hoy invertidos en el exterior podría generar una apreciación súbita del peso colombiano, así como una valorización artificial de ciertos activos locales. Sin embargo, ese impulso sería transitorio.

Esto sin contar con que en el mediano y largo plazo, el sistema quedaría expuesto a una mayor concentración de riesgo y a una menor rentabilidad estructural; que podría afectar el ahorro de millones de colombianos que sueñan con pensionarse luego de aportar el capital necesario durante toda su vida laboral.

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Un camino legal definido

Por otro lado, existe una preocupación creciente sobre el posible uso de estos recursos para financiar gasto público, ya que si se restringen las inversiones en el extranjero, y dada la limitada profundidad del mercado de capitales colombiano, buena parte del ahorro pensional podría terminar canalizándose hacia títulos de deuda pública.

Esto, de acuerdo con la ley, sería contraproducente y contrario al espíritu del artículo 51 de la Ley 1328, que establece expresamente que “las inversiones en Títulos de Deuda Pública no podrán ser superiores al cincuenta por ciento (50%) del valor de los recursos de los Fondos de Pensiones”.

Las inversiones ayudan a financiar el sistema pensional en Colombia.

Imagen de ChatGPT

Este límite tiene una función clara y es evitar que el ahorro pensional se convierta en una fuente de financiación directa del Estado, sacrificando rentabilidad, diversificación y autonomía en la administración de los portafolios. En ese sentido, una repatriación forzada, además de poner presión sobre el mercado de TES, podría entrar en tensión con la normativa vigente.

Así mismo, desde el punto de vista institucional, también hay límites operativos, dado que aunque el Gobierno Nacional tiene la facultad de definir el régimen de inversiones de los fondos, la autoridad directa sobre su implementación recae en la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad responsable de establecer las reglas específicas, vigilar su cumplimiento y evaluar el impacto de cualquier cambio regulatorio sobre los afiliados y el sistema.

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Es por esto que una eventual orden presidencial no puede traducirse automáticamente en un cambio normativo, y que cualquier modificación debe pasar por una evaluación técnica rigurosa, consultas al sector y una justificación alineada con los principios de la ley y “no es tan fácil como firmar un decreto y listo”, según cuenta los expertos consultados.

En paralelo, preocupa el uso simbólico o discursivo del tema pensional con fines mediáticos, puesto que la idea de “traer el ahorro de los colombianos a invertir en su país” resulta atractiva a primera vista, pero puede ocultar decisiones de alto costo para los afiliados; mientras que este tipo de mensajes omiten deliberadamente la complejidad técnica del sistema y la importancia de cuidar la estructura de inversiones.

Las inversiones ayudan a financiar el sistema pensional en Colombia.

Imagen de ChatGPT

También se ha señalado que, si bien la mayoría de los colombianos cotiza en el régimen público, las afectaciones directas por medidas como esta se concentran en el sistema privado, lo que podría hacer que el impacto pase desapercibido ante la opinión pública. Sin embargo, los riesgos son reales y podrían escalar si se desincentiva la inversión institucional, se genera incertidumbre jurídica o se debilita la confianza de los inversionistas.

Por ahora, el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado oficialmente sobre la instrucción presidencial, y tampoco se ha presentado borrador alguno de decreto o modificación reglamentaria. Mientras tanto, el sector financiero y los gestores del ahorro pensional se mantienen en alerta ante lo que consideran una señal preocupante.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio