Reforma de la salud: exministros y exviceministros alertan por desfinanciación y trámite legal | Gobierno | Economía

El Senado de la República asumirá a partir del 20 de julio el análisis del Proyecto de Ley 410 de 2025, que incorpora el articulado de la reforma al sistema de salud aprobada como Proyecto 312 en la Cámara de Representantes.

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El inicio de esta fase legislativa coincide con un pronunciamiento del Grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social, que llamó a las autoridades a preservar el trámite constitucional, asegurar la sostenibilidad financiera y abrir un debate técnico amplio.

El colectivo señaló que el Gobierno también anunció un nuevo proyecto sobre competencias territoriales con alcance en salud y adelantó una consulta a agentes del sistema sobre un proyecto de decreto para introducir cambios estructurales.

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Según el pronunciamiento, se trató de una consulta no dialogante y poco productiva frente a un borrador que, afirman, iría abiertamente en contra de normas vigentes como las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud de 2015. Los exfuncionarios advirtieron que intentar reformar el sistema por decreto, además de ser inviable en términos jurídicos, «sienta un precedente peligroso para la democracia colombiana».

El llamado surge en un contexto de presiones operativas y financieras. El documento describe citas diferidas, procedimientos cancelados, desabastecimiento de medicamentos, EPS en riesgo financiero y deudas superiores a $10 billones. Agrega que existe «un déficit estructural de la UPC que supera el 16%». Para el grupo, estas cifras se traducen en afectaciones directas sobre la atención y el acceso de la población.

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Los exministros indicaron que «el deterioro del sistema de salud es real y profundo» y lo atribuyen a su desfinanciación deliberada, lo que estaría generando barreras de acceso, falta de medicamentos y cierres de servicios.

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En ese contexto aumenta la interposición de tutelas y se agrava la situación de pacientes, prestadores, aseguradores, farmacéuticas y operadores logísticos. Aseguran que la reforma en trámite «no resuelve estos problemas», «no tiene aval fiscal», carece de «cronograma de transición» y no garantiza «continuidad en tratamientos».

El pronunciamiento enfatiza que «el respeto a la institucionalidad democrática no es negociable«. Cualquier transformación estructural debe darse dentro de los marcos constitucionales y legales, sin sustituir al legislador mediante reglamentación ni desconocer decisiones judiciales. En esa misma línea, el grupo sostuvo que el cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional es un imperativo jurídico y ético, en especial aquellos relacionados con la financiación suficiente y el pago de obligaciones acumuladas.

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El grupo rechaza la intención del Gobierno de introducir cambios mediante decreto por considerarlo contrario a la ley.

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Sostenibilidad financiera, el punto más crítico

Sobre el frente fiscal, los firmantes afirmaron que la sostenibilidad financiera del sistema es hoy el punto más crítico y que se requiere respuesta inmediata al desfinanciamiento de la Unidad de Pago por Capitación y de los presupuestos máximos. También defendieron «la protección del seguro de salud individual» y la continuidad de la atención, y advirtieron que eliminar la UPC o regresar a esquemas de subsidio a la oferta sin criterio técnico implicaría retrocesos en cobertura y uso eficiente de recursos públicos.

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El grupo pidió que cesen los señalamientos oficiales contra voces críticas. «Rechazamos toda forma de agresión verbal, estigmatización o desinformación hacia senadores, pacientes, personal de salud o ciudadanos”, señalaron, y subrayaron que «la democracia exige debate» y veracidad en los datos. Solicitaron además un plan de salvamento inmediato con inyección de recursos y medidas de estabilización para evitar un eventual colapso mientras continúa la discusión legislativa.

Piden un plan de salvamento financiero inmediato y que la reforma se base en evidencia técnica y diálogo plural.

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Para la construcción de una política de Estado, los exministros exigieron que cualquier reforma se apoye en evidencia técnica rigurosa, estudios actuariales independientes sobre la UPC, análisis diferenciado por territorio y revisión de experiencias internacionales.

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Reiteraron la necesidad de una «convocatoria nacional amplia y respetuosa» que permita deliberación plural «sin imposiciones». El Congreso, señalaron, enfrenta una responsabilidad histórica: convocar audiencias públicas, exigir certificaciones de impacto fiscal y garantizar un debate que trascienda coyunturas. «No hay salud sin instituciones. No hay bienestar sin respeto a los derechos. No hay reforma legítima sin participación real», concluyen.

DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
Periodista de Portafolio