Vive Claro Bogotá: buscan frenar la construcción del escenario mediante una acción popular | Infraestructura | Economía

La concejal de Bogotá, Quena Ribadeneira, y la edilesa de la localidad de Teusaquillo, Mónica Naar Pardo, radicaron una acción popular con la cual se busca suspender el contrato 78 de 2023, con el cual se arrendaron a Ocesa Colombia los terrenos para la construcción del Vive Claro Bogotá, según información de la emisora ‘Blu Radio’.

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“Dadas las características del predio y el monto del contrato, era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia (de Cundinamarca) y Ocesa lo hicieron, saltándose todas las leyes y procesos de contratación estatal, eludiendo los procedimientos de licitación y selección objetiva que exige la ley”, dijo la concejal bogotana, citada por la cadena radial.

De acuerdo con el convenio suscrito con la Beneficencia de Cundinamarca, Ocesa podrá hacer uso exclusivo de más de 249.000 metros cuadrados de espacio público en un periodo de cinco años. En dichas parcelas, se podrán realizar espectáculos de convocatoria masiva, subarrendar, construir y edificar de manera permanente por un canon de 361 millones de pesos mensuales.

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“Este contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales, entre ellos la moralidad administrativa, la libre competencia económica y el derecho a la planificación y legalidad urbanística. Además, el contrato fue adjudicado de manera directa con base en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación, sin estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de otros oferentes”, dice el comunicado de la concejal Ribadeneira.

En dicha circular, se alega también que Ocesa no cuenta con las licencias de construcción, pese a que la obra está casi terminada. De acuerdo con el comunicado, la curaduría número 4 negó una licencia de cerramiento, sumado a que, según un informe de la Alcaldía Local de Teusaquillo, las obras requieren permisos no se han tramitado todavía, tales como las normas de sismorresistencia.

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“Las accionantes solicitaron al juez decretar medidas cautelares urgentes, como la suspensión del contrato y la orden de terminación anticipada del mismo, con el fin de evitar perjuicios irreparables para la ciudad, el espacio público y el interés general. También pidieron que entidades como la Alcaldía de Bogotá, el Idiger, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería y el Comité del Parque Simón Bolívar se vinculen en el proceso para que ejerzan su rol de vigilancia”, se puntualiza en el documento.

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