Exministros rechazan el Decreto 0858 y alertan sobre reforma de salud sin debate | Gobierno | Economía

El decreto 0858 de 2025, mediante el cual el Gobierno adopta el llamado «Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo», recibió una dura crítica por parte de un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social.

Los firmantes advierten que la norma implica una transformación estructural del sistema sin pasar por el Congreso de la República, sin contar con respaldo técnico ni financiero, y sin garantizar los principios de legalidad y sostenibilidad.

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“Se trata de una reforma de facto que sustituye pilares fundamentales del sistema de salud vigente sin el debido debate democrático”, señalaron los exfuncionarios en un pronunciamiento conjunto.

La preocupación se centra en que, tras varios intentos fallidos de tramitar una reforma en el Congreso durante los últimos tres años, el Gobierno haya optado por un decreto para redefinir las bases del modelo de atención.

Según el grupo, la expedición del decreto vulnera el principio de división de poderes y omite el necesario control político y técnico. “El Gobierno ha decidido avanzar en la transformación del sistema por vía administrativa, sin que medie un debate legislativo amplio, participativo y plural”, afirman.

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Desde su perspectiva, el decreto 0858 no representa una solución a la crisis del sistema. En su lugar, introduce incertidumbre institucional, operativa y financiera, al modificar de manera sustancial el rol de las EPS, debilitar el aseguramiento individual y trasladar funciones clave a entes territoriales sin capacidades comprobadas. “Se imponen responsabilidades a estructuras que aún no existen y se fijan plazos sin viabilidad operativa ni financiera”, indicaron.

En cuanto a la formulación técnica de la norma, cuestionaron la ausencia de estudios actuariales, análisis de impacto fiscal y evaluación de capacidades institucionales. Aseguraron que el nuevo modelo se desarrolla sin evidencias que sustenten su viabilidad. “No hay estudios técnicos transparentes, ni se presenta una fuente clara de financiación. La UPC sigue sin garantizar suficiencia para cubrir las necesidades del sistema”, puntualizaron.

También señalaron contradicciones entre el contenido del decreto y la legislación vigente, como las leyes 1122 de 2007, 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud de 2015. Advirtieron que el modelo propuesto puede representar un riesgo similar al colapso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), si se aplica sin el andamiaje legal e institucional requerido.

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El grupo solicitó al Consejo de Estado medidas cautelares para suspender la aplicación del decreto mientras se evalúa su legalidad.

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Pese a reconocer la importancia de componentes como la atención primaria en salud y la calidad, los exfuncionarios consideran que estos principios no pueden implementarse mediante una norma que “trastoca los equilibrios básicos del sistema sin construir una alternativa funcional”.

Ante este panorama, hicieron un llamado al Consejo de Estado para que adopte medidas cautelares que frenen la entrada en vigencia del decreto hasta tanto se pronuncie sobre su legalidad. También instaron al Congreso de la República a ejercer su función legislativa y de control político. “Exigimos que el Congreso asuma su responsabilidad histórica y promueva un debate técnico, abierto y con participación experta independiente”, manifestaron.

Finalmente, el grupo exhortó al Gobierno a retomar el diálogo democrático y técnico como vía para una reforma estructural. “La salud de 50 millones de colombianos no puede basarse en imposiciones ideológicas, sino en evidencia científica y responsabilidad institucional”, concluyeron.

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La carta fue firmada por 16 exfuncionarios, entre ellos Alejandro Gaviria, Augusto Galán Sarmiento, Jaime Arias, Beatriz Londoño y Fernando Ruiz Gómez, entre otros. 

DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
Periodista de Portafolio