¿Qué hay detrás de la vía que construyen las disidencias entre Jamundí, en el Valle, y el Naya, en el Cauca? A habitantes les habrían pedido aportes
Las disidencias no están dispuestas a perder el control de la zona rural de Jamundí ni mucho menos el sector del Naya, que tiene conexión con el Pacífico y el norte del Cauca, santuarios para la dinamización de sus economías ilícitas y fortaleza militar.
Pese a la reciente escalada del Ejército Nacional, que poco a poco ha logrado controlar algunas zonas que en otras épocas parecían impensables, el grupo armado ilegal se juega todas sus cartas para mantener el dominio en esta zona del sur del Valle del Cauca.
En la zona montañosa de Jamundí se han presentado asonadas, presionadas por disidencias. Foto:Cortesía
Una de sus apuestas es la construcción de una vía con la que puedan movilizar tanto armas como elementos relacionados con el narcotráfico y la minería ilegal. Y para aceitar este colosal engranaje financiador del crimen y el terrorismo, las disidencias requieren de grandes aportes económicos.
Es por eso que buena parte de los habitantes de corregimientos como Villa Colombia, Ampudia, La Liberia y demás poblaciones ubicadas en la parte alta y montañosa de Jamundí se han visto afectados por el cobro de cuotas que van desde los $ 500 mil pesos o incluso, boletas por montos por millonarios, por parte de las disidencias, que les permitirían volver a sus tiempos de dominio donde podían patrullar con comodidad alrededor de diversas poblaciones, tener abundante maquinaria amarilla, e incluso, estaciones propias de combustible para surtir sus maquinarias del crimen.
Las disidencias han inaugurado desde compra de vehículos hasta la construcción de vías. Foto:Archivo particular
Así lo reveló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que dichas comunidades han sido azotadas y afectadas por los continuos cobros e intimidaciones que han adelantado integrantes de dicha estructura delincuencial.
“Sabemos todas las exigencias que le han hecho a la comunidad en la zona alta de Jamundí. Tanto es, que para poder salir a hacer la asonada y los secuestros que realizaron de los soldados, les decían que tenían que pagar 5 millones de pesos, porque si no salían atentaban contra ellos”, comentó la mandataria.
Aunque esta situación no es nueva, considera que la comunidad “debe estar cansada, porque la comunidad debe estar libre. La comunidad debe actuar como bien le parece y no como los delincuentes le digan. Y eso es algo muy importante”.
En cuanto a las vías que construyen las disidencias, asegura que las ha denunciado, tanto con el Ejército como la Policía y el ministerio de Defensa.
La mandataria reiteró que una de las alternativas para combatir las disidencias en la zona es el Batallón de alta montaña, del cual ya se tienen los lotes para su construcción de la obra.
“Fundamentalmente, estas vías no pueden seguir sirviendo a la delincuencia para que pasen por ahí como quieran la coca, la minería ilegal y todo lo que tiene que ver con la economía ilícita”, agregó la mandataria.
‘El Estado debe actuar’
Héctor Fabio Cardozo, actual jefe de la delegación para los diálogos Socio-jurídicos con bandas criminales, es un estudioso en temas de conflicto y paz, en especial, en el suroccidente colombiano.
Desde su punto de vista, la pretensión de las disidencias de habilitar un corredor que permita sacar la pasta de coca, y a su vez, conectar con la zona rural de Jamundí con el Pacífico, es algo que han buscado durante años.
“Conocimos imágenes hace un par de años, donde incluso, con maquinaria amarilla oficial estaban adelantando labores para habilitar una carretera en Jamundí. Esto trae consigo pues muchas connotaciones: primero, ponen a tributar a las personas de la zona rural, que en términos generales son gente pobre; dos, suplantan el Estado obligando a las personas a tributar para una carretera que seguramente prestará servicios también a la comunidad, pero fundamentalmente tiene como intención facilitar la movilidad del grupo armado, con fines criminales”, sostuvo Cardozo Montealegre.
Sostiene que esta condición hace que la situación tienda a agravarse, debido a que el grupo armado ilegal adelanta tareas que debería hacer el Estado, lo que en su concepto “les permite cierta legitimidad entre las personas que habitan en zonas como las selváticas o aquellas profundas de nuestra geografía”.
Considera que el área rural de Jamundí es altamente estratégica, debido a que logra conectar con el medio y alto Naya. “El Estado debe, por supuesto, actuar y tener un mayor copamiento institucional en todo el territorio. Y desde luego, si está habilitada una carretera, más que destruirla como el otro día se intentó hacer, lo que el Estado tiene que hacer es vincular esa vía al desarrollo mismo de la región y ponerla al servicio de las comunidades. Esta situación obliga al Estado a hacer mayor nivel de presencia”, comentó.
Aunque destaca el proyecto de Batallón de alta montaña, piensa que también se deben abordar otros problemas, como la tributación y la explotación a los habitantes del sector donde los índices de pobreza son altos. “Es probable que este tipo de asuntos que simplemente hemos estado nosotros como testigos de excepción, pues cambie con la ubicación del batallón de alta montaña que se está proyectando en la zona alta de Jamundí”, expresó.
La urgencia del batallón de alta montaña
Sin lugar a dudas, la construcción del Batallón de alta montaña puede cambiar el mapa geo-militar del conflicto armado en la zona. Esta infraestructura implicaría un mayor control por parte de las fuerzas del Estado y su presencia continua, con lo que se afectaría de manera considerable los puntos de operaciones estratégicas de las disidencias.
Así lo considera Stuart León, líder social enfocado en temas de seguridad en Jamundí, al asegurar que esta obra se requiere de manera urgente.
“Mientras esté la presencia 24 / 7 del Ejército, se reduciría bastante la violencia. Por ejemplo, ahora se presentan combates en Ampudia, y mientras tanto, siguen con la carretera. Este panorama parece un cáncer en el que si se soluciona un problema, salen más en otros sectores de la zona alta e Jamundí, por eso debe haber Fuerza Pública permanente”, comentó el líder social.
La construcción de carreteras ilegales por parte de grupos armados no es algo nuevo. Ya la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en el 2024 había denunciado la construcción de un corredor vial, para lo cual pidió más respaldo del Estado.
Incluso, a través de la red social de Tik Tok aparece una persona que muestra los avances de la vía y su paso por el sector de la Playa y el río Cauca. En el video se observa maquinaria amarilla que adelanta remoción de piedras, e ingresa al río.
De allí la urgencia para evitar que las disidencias sigan con sus planes criminales y que sea el Estado el que haga las vías, no la insurgencia.
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Señala que el Estado debe llegar a la región. Foto:
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia
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