Protestas en La Calera reviven fantasmas de la inconclusa Perimetral del Oriente | Infraestructura | Economía

Con la extensa jornada de protestas realizadas desde el pasado 4 de agosto en la altura del kilómetro 6 de la vía Bogotá – La Calera, hecha por parte de varios habitantes de los municipios de Cáqueza, Ubaque, Choachí, Fómeque y La Calera, se revivieron varios fantasmas del pasado relacionados con los inconvenientes en la construcción de las unidades funcionales 4 y 5 (o tramos) del proyecto de infraestructura víal de cuarta generación (4G) Paralela del Oriente, cuyo nudo sigue sin desatarse.

Este proyecto, estructurado entre los años 2010 y 2012, tenía la misión de mejorar la vía ya existente entre los municipios de Sesquilé y Cáqueza, en Cundinamarca. Enmarcó un tramo total de 153 kilómetros y buscaba facilitar también el transporte de mercancías vía terrestre desde los Llanos Orientales hacia el norte del país de manera directa y que este no tuviera que pasar por la siempre congestionada Bogotá.

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Sin embargo, de todo el proyecto, se encuentran terminadas desde 2021 las primeras tres unidades funcionales, que comprenden el trayecto entre Sesquilé y La Calera. El resto del proyecto, que comprende el trayecto entre este último municipio y Cáqueza, se ha visto interrumpido, inicialmente, por los hallazgos de fuentes hídricas (manantiales) protegidas por la ley y por las mismas comunidades aledañas a la vía.

Y es que la concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., encargada del proyecto, al momento de hacer los primeros estudios, se encontró con la presencia de al menos 80 manantiales; los cuales, según dijo el presidente de la concesión, Néstor Román Sánchez, en una entrevista a Portafolio, no fueron identificados durante la etapa de estructuración del proyecto vial. En medio de los trabajos, según dijo, las comunidades también hicieron reclamos a la obra por la presencia de estas fuentes hídricas.

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«Por tal motivo hicimos un estudio, que no teníamos la obligación, en el que se determinó que en 60 kilómetros existen casi 80 manantiales. Esto obligó a suspender las actividades de intervención de este corredor«, añadió en su momento. Y, a la postre, esto derivó en una declaratoria de un eximente de responsabilidad con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y en la suspensión de las actividades en los últimos dos tramos del proyecto.

Ni firmas, ni respuestas por parte de la ANI

Desde la concesión han asegurado que, en 2017, presentaron alternativas a la Agencia Nacional de infraestructura, tales como la modificación del trayecto o trasladarlo totalmente al otro lado de las montañas. Sin embargo, afirman que la entidad no los firmó y que, además, comenzó a hacer presión con el inicio de un proceso sancionatorio a través de las autoridades ambientales (CAR Cundinamarca y Corporinoquía) a la concesión por falta de ejecución.

«Con la ANI buscamos una solución, se plantearon algunos otrosíes y alternativas que nos permitieran desarrollar el proyecto, tratando de hacer un ajuste al trazado inicial. Desafortunadamente, pese a que se avanzó en estos documentos, la ANI no los firmó«, mencionó en su momento el directivo.

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Desde la concesión han asegurado que, en 2017, han presentado alternativas a la Agencia Nacional de infraestructura, tales como la modificación del trayecto o trasladarlo totalmente al otro lado de las montañas.

Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Este lío se reflejó en el estado de los últimos dos tramos sin terminar de la paralela, los cuales, gracias también a las condiciones climáticas, se ha visto gravemente deteriorada, afectando la transitabilidad en la zona y las condiciones de vida de los lugareños.

La falta de respuestas de ANI, según la concesión, no impidió que se hicieran nuevos intentos con tal de intervenir las zonas más afectadas, sin embargo, afirma que la entidad estatal no decidió firmarlos. Esto llevo, pues, a la concesión Perimetral Oriental de Bogotá a recurrir en 2020 a un tribunal de arbitramento norteamericano, en el que solicitó una declaración de incumplimiento de las condiciones establecidas en la ya mencionada declaratoria eximente de responsabilidad, así como una serie de pagos a modo de indemnizaciones y compensaciones.

El tardío fallo del tribunal y la terminación anticipada

Según la concesión, el tribunal debía emitir respuesta a dicha declaración en octubre de 2022; sin embargo, esta llegó el 20 de diciembre de 2024.

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En esta, ordenó a la ANI pagar a la concesión una suma cercana a los 1,4 billones de pesos: $803.300 millones por pérdida de utilidad en las tres unidades funcionales culminadas; $400.000 millones por los costos en las unidades funcionales 4 y 5; y $116.500 millones de pesos por la no reducción de la subcuenta de interventoría y supervisión del contrato con la concesión. Así mismo, está pendiente un laudo final sobre costos e intereses, en el cual la concesión reclama más de $500.000 millones.

De igual manera, se ordenó que dicho acuerdo contractual entrara en etapa de reversión, fecha desde la cual el concesionario mantiene la obligación de operar del corredor según dispongan las autoridades ambientales nacionales hasta que se haga efectiva la entrega a las diferentes entidades de la Nación.

El tribunal debía emitir respuesta a dicha declaración en octubre de 2022; sin embargo, esta llegó el 20 de diciembre de 2024.

Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Por parte de la ANI, anunció el pasado 30 de julio que iniciará en septiembre estudios y diseños para la atención de 16 de los 92 puntos críticos que encontró en el proyecto perimetral.

“De acuerdo con los criterios técnicos de priorización por las partes, se ha definido la intervención inmediata de 16 de estos puntos críticos, con una duración de 16 meses, los cuales iniciarán con los estudios y diseños de cada uno de ellos, lo anterior con el fin de mitigar riesgos y garantizar la seguridad vial de los usuarios”, explicó Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Debido a las recientes protestas, Portafolio consultó a esta entidad pública para que diera su versión de los hechos en este lío jurídico, pero al cierre de esta publicación, no se había recibido respuesta.

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA
Periodista de Portafolio