Los colectivos actúan con impunidad en zonas de seguridad,
La Plataforma Comunicacional Punto de Corte, en su programa Agenda Común, entrevistó a Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV. En una conversación con Vanessa Davies, Sánchez denunció la escalada represiva del gobierno venezolano y convocó a nuevas movilizaciones para exigir justicia y la liberación de presos políticos.
En un contexto de creciente tensión, Agenda Común se consolida como un espacio clave para visibilizar las voces de los sectores populares. Sánchez abordó la represión contra madres de presos políticos, la detención de luchadores sociales y la crisis salarial, reafirmando el compromiso de los sindicatos con la defensa de los derechos democráticos.
Represión misógina frente al TSJ
El martes 8 de agosto, un grupo de más de 50 mujeres, en su mayoría madres de presos políticos, sufrió una violenta represión durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sánchez describió cómo, en una zona de seguridad custodiada por el CONAS y la DGCIM, los cuerpos policiales se retiraron estratégicamente, permitiendo que unos 50 encapuchados atacaran a las manifestantes. Les robaron celulares, carteras y cédulas, y una mujer fue arrastrada 20 metros por negarse a entregar sus pertenencias. “Es un acto misógino y de terrorismo de Estado”, afirmó Sánchez.
Protestas legítimas, no conspiraciones
El gobierno de Nicolás Maduro insiste en calificar estas protestas como “conspiraciones”. Sánchez rechazó esta narrativa, argumentando que las madres no conspiran al exigir la liberación de sus hijos con velas y oraciones. “Conspirar no es protestar con la cara descubierta frente al TSJ”, enfatizó. Los colectivos, encapuchados y armados, actúan con impunidad en zonas de seguridad, lo que sugiere complicidad estatal. Sánchez exigió al fiscal general investigar estos hechos y recuperar los objetos robados, que podrían usarse para incriminar a las víctimas.
Crisis salarial: Un salario secuestrado
La situación económica también estuvo en el centro de la discusión. Sánchez denunció que el salario mínimo en Venezuela, equivalente a un dólar mensual, está “secuestrado”. Una reciente sentencia del TSJ aclaró que el bono de guerra económica no forma parte del salario, una derrota para los trabajadores que ven cómo su poder adquisitivo se desvanece. “El gobierno justifica lo injustificable, cargando la crisis sobre los hombros de los trabajadores”, señaló Sánchez, criticando la falta de contratos colectivos y el irrespeto a los sindicatos.
Movilizaciones contra la represión
Para contrarrestar esta situación, organizaciones sociales y sindicales convocan a dos protestas clave. El viernes 8 de agosto, a las 2 de la tarde, se realizará una concentración en la sede del PNUD en Caracas, en desagravio a las madres reprimidas. El jueves 14 de agosto, una marcha partirá desde Plaza Morelos para exigir la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos laborales. “No nos detendrán; una madre defendiendo a su hijo no se rinde”, afirmó Sánchez, invitando a intelectuales, cultores y ciudadanos a unirse.
El caso de Oglis Ramos Ramírez
Sánchez destacó el caso de Oglis Ramos Ramírez, luchador social y defensor de derechos humanos en Alto Apure, detenido hace dos meses por la DGCIM. Encapuchados y con armas largas lo capturaron frente a su casa, sin explicación clara, bajo el pretexto de “seguridad de Estado”. Actualmente, su paradero es desconocido, y su familia teme por su vida. “Exigimos una prueba de vida y su liberación inmediata”, demandó Sánchez, subrayando que Ramos es un luchador social, no un conspirador.
Lucha democrática, no insurrección
Frente a las acusaciones gubernamentales de conspiraciones, Sánchez aclaró que los sindicatos no se suman a tesis insurreccionales. “Somos luchadores democráticos, usamos la Constitución como arma para defender nuestros derechos”, afirmó. Criticó a sectores de la oposición que alimentan narrativas vacías sobre derrocamientos, mientras el gobierno reprime a quienes protestan pacíficamente. La lucha, insistió, debe ser abierta y por canales democráticos, no clandestina.
Un llamado a la justicia internacional
Sánchez anunció que han consignado múltiples denuncias ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, aunque sin resultados contundentes. A pesar de un encuentro con el fiscal, que reportó la liberación de 17 detenidos, aún quedan unos 300 casos pendientes bajo la responsabilidad del TSJ. “Si no hay justicia en Venezuela, elevaremos nuestras denuncias a instancias internacionales”, advirtió, enfatizando la importancia de documentar estas violaciones para futuras investigaciones.
Punto de Corte: Voz de los sin voz
Agenda Común y Punto de Corte reafirman su compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Sánchez agradeció a la plataforma por dar voz a los trabajadores y a los sectores populares. “Seguiremos en la calle, desenmascarando la represión y luchando por un país justo”, concluyó. El programa invita a la audiencia a seguir sus emisiones y a apoyar con likes y comentarios para fortalecer esta gesta comunicacional.
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