la historia de Martha Grajales

Durante los últimos 15 años, la colombiana Martha Lía Grajales ha trabajado junto a las comunidades populares de Caracas, en Venezuela. 

Al menos eso es lo que relatan familiares, amigos, los beneficiarios de su trabajo y los miembros del colectivo Surgentes, organización a la que pertenece, reseñó El Tiempo de Colombia. 

Hace unos 10 años, de hecho, se nacionalizó como venezolana.

Con ideales de izquierda, incluso afín a la revolución chavista y del Pacto Histórico, Grajales llevaba años trabajando en esa senda. En Venezuela su currículo es extenso: formó parte de la Comisión Presidencial para el desarme y se desempeñó como coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

También fue integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Ha acompañado comités de familiares y trabajadores en la exigencia de sus derechos. 

Sin embargo, lo que la hizo más visible en estos últimos meses fue su defensa y acompañamiento activo al Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Este es un grupo de mujeres que pide la liberación de sus hijos encarcelados, quienes fueron detenidos en las protestas que se desataron en el país vecino tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que Nicolás Maduro, sin mostrar actas, se proclamó ganador.

La semana pasada, Grajales, junto con otras madres, fue víctima de robo y agresiones cuando hacía una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Ellas exigían la liberación de los jóvenes. Al no ser recibidas, se apostaron en el lugar, pero supuestos colectivos irrumpieron en el sitio.

El 8 de agosto, al salir de una manifestación a las afueras de la sede de la ONU en Caracas, agentes de policía abordaron a Grajales. No fue sino hasta este lunes que fue presentada en tribunales y acusada de incitación al odio, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir. 

Hasta este martes, su esposo, Antonio González, logró hablar con ella y confirmar que se encontraba presa en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, a unos 30 minutos de Caracas. 

Horas después, González le confirmo a EL TIEMPO que se le concedió a su esposa una medida sustitutiva que le permitirá a Grajales permanecer en libertad mientras se adelanta el juicio en su contra, del cual se conocen pocos detalles.

“Está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta”, dijo González al informar que conversó con su esposa, quien se encuentra en su vivienda tras la liberación.

La Fiscalía venezolana confirmó el lunes la detención, después de 72 horas. Reveló los delitos que le imputaron: incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación, y no dio más detalles. 

En la noche, en su programa de televisión, Nicolás Maduro aseguró que hay ONG financiadas por Estados Unidos para “disfrazarse de izquierdistas” y así “lavarles la cara a los terroristas”.

Para el colectivo Surgentes, tal afirmación no es válida. “El acta policial que sirve de sustento a la orden de captura contra Martha Lía consiste únicamente en la reseña y análisis que un funcionario de policía hace de una visita policial («ciberpatrullaje») al sitio web de Surgentes en el que se reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos. El Acta agrega una interpretación que señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos”, se lee en un comunicado de prensa.

Lo que dice Antonio González, esposo de Martha Grajales

EL TIEMPO conversó con Antonio González, esposo de Grajales. Al ser consultado sobre la vinculación de supuestos planes en contra el chavismo, aseguró que el gobierno asume que existe una especie de plan articulado entre las declaraciones de Trump en relación con el nombramiento de Maduro como jefe de carteles. O subir el costo de su cabeza con las movilizaciones legítimas de los sectores populares en Venezuela.

Insiste que tal afirmación no es válida. González insistió en que su colectivo acompaña procesos de organización popular que están en la calle y en particular a las Madres en Defensa de la Verdad. «Son mamás que piden la libertad de sus muchachos injustamente detenidos luego en las protestas postelectorales.

A mi juicio, en este momento, se volvió insoportable para el Gobierno la existencia de esas organizaciones que acompañan luchas populares” 

González pidió acción tanto de la Embajada de Colombia en Venezuela y de la Cancillería colombiana. EL TIEMPO tiene conocimiento que ambas instancias enviaron una nota verbal a la Cancillería venezolana, pero no hay más detalles.

Antes de conocerse sobre la imposición de medidas sustitutivas a la privación de la libertad a favor de Grajales, integrantes del Pacto Histórico Venezuela emitieron un comunicado solicitando la liberación de la activista. 

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