Estado está infiltrado por el narcotráfico

Qué hacer cuando un Estado está infiltrado por el narcotráfico: la respuesta de un general venezolano.

Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente el Frente Institucional Militar, se refirió al esquema de sobornos, amenazas y violencia que socava las funciones del gobierno.

El narcoterrorismo es la cooperación estratégica entre mafias de narcotráfico y grupos armados extremistas o insurgentes, que comparten recursos y capacidades para enfrentar a los gobiernos y expandir su influencia mediante la violencia y la corrupción, dice el general de brigada en reserva del Ejército Juan Antonio Herrera Betancourt a propósito de las decisiones de Estados Unidos contra carteles mexicanos y venezolanos.

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Agrega el general Herrera, quien preside el Frente Institucional Militar (FIM), una organización con más de dos centenares de oficiales retirados, que “cuando el más alto nivel del Estado colabora con los cárteles, enfrentar la situación exige estrategia, solidaridad y máxima cautela, de acuerdo con un plan de acción”.

“La presencia coordinada, la documentación impecable y el respaldo de la comunidad nacional e internacional son las herramientas más poderosas para recuperar la democracia y la justicia”.

Observa que debe considerarse cómo el narcoterrorismo “socava las funciones cohesionadoras del Estado al debilitar el tejido social y la confianza ciudadana en las instituciones.

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Mediante sobornos, amenazas y violencia, grupos criminales desplazan a las autoridades legítimas, promoviendo la impunidad al deber por la ley”.

Es relevante, como apunta, que “los cárteles destinan parte de sus ingresos a sobornar a funcionarios de distintos niveles, desde policías locales hasta ministros, a cambio de obtener impunidad en investigaciones, alertas tempranas de operativos y funcionarios que desestiman o delatan procesos”.

Por ello, considera que la forma más efectiva para combatir el narcotráfico consiste en combinar acciones coordinadas en prevención, aplicación de la ley y desarrollo económico.

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“Al integrar estas tres dimensiones impiden que el problema se traslade de un ámbito a otro, y debilita las redes criminales desde su raíz”.

Como parte de las políticas para enfrentar el flagelo cita la cooperación internacional e intercambio de inteligencia.

“Los cárteles operan a escala transnacional. El intercambio de información entre agencias de distintos países permite anticipar rutas, desmantelar laboratorios y coordinar detenciones simultáneas. Esta colaboración abarca desde operaciones conjuntas hasta armonizar procesos de extradición”.

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Se le suma la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y luchar contra la corrupción. “Sin un sistema judicial y fuerzas de seguridad, independientes y transparentes, cualquier decomiso de activos y su respectivo procedimiento penal, no serán sostenidos a largos plazos”, de ahí la relevancia del fortalecimiento de las instituciones.

Inteligencia y tecnología

A juicio del general Herrera Betancourt la pobreza y la falta de oportunidades “empujan a comunidades enteras a convertirse en eslabones del narcotráfico”, por ello es importante implementar programas de desarrollo económico local, acceso a la educación y formación laboral, que reducen drásticamente el reclutamiento que hacen las organizaciones criminales.

Entre los elementos claves en el eslabón de lucha contra el narcoterrorismo, el alto oficial en reserva activa incluye el uso de inteligencia y tecnología avanzada.

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“El monitoreo de fronteras y flujos financieros, mediante satélites, drones y análisis de altos contenidos, rastrean movimientos de cargamentos y patrones de lavado de dinero”.

Es así como esas herramientas “aumentan la precisión de las operaciones y reducen al mínimo las posibilidades de alertas anticipadas por parte de las organizaciones criminales”.

Hace énfasis en “profundizar en la reducción de la demanda, mediante la prevención de adicciones, tratamientos médicos y campañas de sensibilización. Solo un enfoque integral, que incluya rehabilitación de usuarios y la reinserción laboral, garantizan una disminución real y sostenible del narcotráfico en el mediano y largo plazo”.

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El oficial es realista más allá de la denuncia, porque “cambiar un estado captado por el narcotráfico es un proceso largo que requiere consolidar instituciones independientes, promover la educación cívica y la cultura de legalidad, así como fortalecer medios de comunicación, libres y transparentes”.

No es fácil, pero sí posible

Si un gobierno está infiltrado por el narcotráfico, el general Herrera considera que debe establecerse un plan de acción que incluye una estrategia cuyo primer paso garantice “la seguridad y la confidencia, usando canales seguros de comunicación, con aplicaciones cifradas”.

Está de más, hace hincapié en la necesidad de “proteger la identidad, creando seudónimos, y evitar compartir información personal necesaria.

Además, identificar las rutas y puntos de encuentro con aliados o testigos, documentando con rigor, recopilando pruebas fotográficas, grabaciones de audios o videos, donde sea posible”.

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Propone resguardar duplicados “en almacenamiento para la línea, con discos duros encriptados, llevando registros cronológicos: fechas, lugares, nombres de testigos”.

Las denuncias hacerlas ante

“organismos independientes, fiscalías anticorrupción o defensorías del pueblo que gocen de autonomía, entidades internacionales, así como plataformas de denuncias como Transparencia Internacional o Global Witnees”.

Considera vital articular redes con la sociedad civil y medios libres, “contactar a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y periodistas de investigación, difundir la información de forma escalonada y verificada: primero aliados de confianza, luego redes amigas”.

Dice el general Herrera que debe fomentarse “coaliciones con sindicatos, asociaciones de vecinos y universidades para multiplicar la posición social” aunado a movilización ciudadana pacífica”.

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La gente debe organizarse, sumarse a marchas o actividades de vigilancia que “exija transparencia, respetando siempre el principio de no violencia”, lanzar peticiones públicas “con denuncias claras: auditorias, mociones, censuras o comisiones investigadoras”.

Insta a la población a participar “en foros y debates, incluso virtuales, para visibilizar el problema y evitar que quede en silencio”, buscando apoyo y visibilidad internacional.

Como parte esencial debe involucrarse “a parlamentos extranjeros que tengan protocolos de protección a testigos y denuncias de corrupción” a la vez que solicitar “observadores internacionales o misiones de verificación. Si la persecución se vuelve grave, explora vías de asilo o protección humanitaria en países u organizaciones internacionales”.

Tomado de Infobae

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