Del fogón andino al mercado global: América Latina y sus ventas de carbono entre la incertidumbre : IPS Agencia de Noticias

El programa se inició en el año 2021 con la adhesión de las empresas. Actualmente, hay 612 según el Maate.

“Estamos en un mercado voluntario. Hay una oferta y una demanda, pero no hay una transacción de propiedad. La retribución económica no significa que se adueñó del servicio. Solo ayuda a neutralizar las emisiones que no pudo reducir”, aclara Bastidas, refiriéndose a la prohibición de la Constitución sobre la apropiación de los servicios ecosistémicos.

También admite que aún hay dudas sobre la interpretación del artículo 74. “Se está analizando si realmente existe una traba porque hay que ver la parte jurídica, más allá del tema normativo”, añade.

En el caso de Artículo 6, la Subsecretaría de Cambio Climático explica que “Ecuador se encuentra en proceso de cumplimiento de los requisitos para su participación, considerando que el plazo límite establecido es diciembre de 2025. En este contexto, Ecuador ha manifestado su intención de formar parte activa de este mecanismo, ya que se está evaluando su viabilidad”.

Para Belén Páez, presidenta de Fundación Pachamama, el COA y las normas de compensación permiten que Ecuador participe en estos mecanismos de carbono internacionales. Pero, más allá de la normativa, el país “enfrenta grandes contradicciones”.

Páez explica que, por un lado, se busca ser parte de estos mercados, pero por el otro, no se está cumpliendo ni siquiera la NDC. “No hay metas claras para detener la deforestación ni la pérdida de biodiversidad por actividades como la minería ilegal. Si no enfrentamos estas causas estructurales, los mercados de carbono no tendrán un impacto real”, añade.

Para Samai Gualinga, vicepresidenta de la comunidad kichwa de Sarayaku, es necesario crear proyectos que respeten las visiones de los pueblos indígenas y que los fondos lleguen de forma directa a las comunidades.

Justamente, Sarayaku está construyendo una propuesta, que es parte de las 24 que se encuentran en proceso de entrar al portafolio del Pecc. Kawsay Ñampi, o Camino de la Vida en kichwa, es la iniciativa de este pueblo que apunta a “un sistema nuevo, donde se pueda recibir fondos directos para construir los planes de vida dentro de los territorios, para que estos puedan seguir existiendo”, dice Gualinga.

Para ello, han realizado algunas mediciones que evidencian la importancia de mantener su bosque en pie.

En Kawsay Ñampi hacen un monitoreo territorial. Un equipo de 14 personas recorre todo el territorio de Sarayaku para poder documentar cuánta biodiversidad existe en esta zona, lo que les permitirá avalar científicamente la importancia de protegerlo. También hay un sistema agrícola tradicional que captura carbono de una forma natural.

“Como en el sistema occidental se manejan con números científicos y con base de datos, necesitamos hacer estas actividades. Se ha hecho una investigación de la ictiofauna, de la flora, de la fauna y se está tratando de recopilar toda información para tener una gran base de datos que nos pueda proteger también”, explica.

Sarayaku tiene claro que no aceptarán recursos económicos de mineras, petroleras o empresas que afecten al medioambiente y a los pueblos indígenas. Esperan que al ingresar al PECC se respeten estas condiciones. “Aceptamos si hay metodología de fondos limpios o si no, no… Somos firmes en eso”, resalta Gualinga.

En el caso de Colombia, la relación entre el mercado de carbono y los pueblos indígenas también es un tema sensible y que impacta la legislación.

Iván Valencia, oficial sénior en el Instituto Global para el Crecimiento Verde en Colombia y gerente del programa Spar6c, explica que la legislación en torno a mercados de carbono en su país no ha avanzado mucho frente a lo que se esperaba, pues hay reglamentaciones en el Ministerio de Ambiente, pero no han sido expedidas oficialmente.

Entre esas, está en desarrollo una reglamentación de salvaguardas con comunidades indígenas, que todavía falta expedirse.

Por otro lado, para el especialista, todavía es incierto el rol que puede tener el Artículo 6 con las comunidades indígenas por la naturaleza de los proyectos que son elegibles.

Se espera ver cómo funcionará la herramienta de desarrollo sostenible del Artículo 6.4. Es decir, si realmente se volverá el referente principal de gestión de riesgos ambientales y sociales de los proyectos de mercado. “Parece que si se está volviendo ese referente, pero falta ver cómo funciona y qué tan fácil es su implementación”, explica.

Linda González Cárdenas, coordinadora del área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva, en Colombia, considera que tomará, al menos, un par de años más para que su país tenga una normativa que habilite el Artículo 6.

Hasta ahora, Colombia está redefiniendo cómo funciona la regulación del mercado de carbono que actualmente existe, que es el que se recauda a través de los impuestos, que habilita el funcionamiento del mercado voluntario.

Entre 2017 y 2024, el Estado ha recaudado por concepto del impuesto nacional al carbono alrededor de 776 millones de dólares estadounidenses, por el consumo de 177 millones de toneladas de CO₂ equivalente.

El caso de Guyana, en contraste, plantea dudas para Marcussi. Aunque fue uno de los primeros en presentar informes sobre el Artículo 6.2, proyecta una gran cantidad de ITMOs basados en actividades REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, más conservación y manejo sostenible).

“Mientras se habla de miles de ITMOs previstos para los próximos años en distintos países, Guyana proyecta millones, lo que ha despertado cierta inquietud sobre la base metodológica utilizada para calcular”, observó Marcussi.

Gran parte del rezago normativo global se explicaría por la falta de definiciones claras hasta la COP29. “La mayoría de los países está dando sus primeros pasos”, dice Granziera. “Muchos esperaron tener más claridad sobre cómo funcionaría el mercado antes de comenzar a legislar”, añade.

La experta afirma que la operacionalización del 6.4 será decisiva en este contexto. “El gran momento está en este grupo técnico independiente, el Supervisory Body, que está definiendo el diseño, y qué estará dentro y qué quedará fuera de este mecanismo. Este grupo no solo está decidiendo qué sectores formarán parte del Artículo 6.4, sino que también establecerá para todo el mercado, más allá del 6.4, cuáles serán los parámetros de calidad”, plantea

En su 16 reunión ,en mayo en la ciudad alemana de Bonn,  la conferencia del Órgano de Supervisión de la Cmnucc adoptó nuevas normas que delinean el marco metodológico para los proyectos bajo este mecanismo: desde el establecimiento de líneas de base creíbles y la demostración de adicionalidad, hasta el tratamiento de fugas y el diseño de salvaguardas sociales y ambientales.

Por ejemplo, se definieron tres enfoques para fijar líneas de base: el uso de la mejor tecnología disponible (BAT), referencias ambiciosas basadas en el mejor desempeño sectorial, y valores históricos o específicos del sitio. A su vez, se adoptaron reglas para abordar las fugas de emisiones fuera del límite del proyecto y se establecieron principios como conservadurismo, coherencia con las NDC y ambición creciente.