Comunidades indígenas de Amazonia colombiana pierden con los bonos de carbono : IPS Agencia de Noticias

Él vive en Puerto Esperanza, una pequeña población que hace parte del Resguardo Ticoya, y que está conformada por cerca de 600 habitantes. “En mi comunidad, por ejemplo, a cada familia nos tocó 11 mil pesos al año (cerca de tres dólares)”, recuerda.

Testimonios como ese hay por doquier allí en el resguardo. Arturo Candamil es pescador, cazador y comerciante. Vive en la comunidad de Tres Esquinas Boyahuarzú, muy cerca de la frontera con Perú. Él cuenta que participó en algunas actividades de reforestación que hacían parte del proyecto REDD+, con la cual tuvo que sembrar algunas cientos de plántulas pero, asegura, nunca hubo un seguimiento para que hubiera garantía de que esos cultivos sí prosperaran.

Tres Esquinas es una población que está muy cerca de la selva virgen, por lo que muchos de sus habitantes, como Candamil, basan su sustento en lo que ella les da. Solo en esta población, según dice, dos personas se dedican diariamente a la extracción de madera.

“Aquí la deforestación nunca paró. Las personas que se dedican a cortar madera viven de eso”, comenta. Pero otra de las razones que tienen estas comunidades para cortar madera es que de eso depende la construcción de sus viviendas.

“En una reunión con South Pole, la comunidad les dijo que si se llegaba a prohibir completamente el corte de madera tenían que garantizar un proyecto de vivienda digna porque nosotros cortamos mayormente para construir nuestras casas”, detalla Candamil.

Pero eso nunca prosperó y una prohibición de ese tipo, además, no hubiera funcionado porque, según dice, una buena parte de la deforestación viene de personas que cruzan la frontera con el Perú en horas de la noche para cortar árboles que están en territorio del resguardo Ticoya, actividad que ellos no pueden controlar.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la deforestación sigue siendo un tormento para estas comunidades y estos bosques. Solo en 2024 se perdieron 77 124 hectáreas en la Amazonia colombiana.

Sobre esto, Henry Silvano, quien es el kuraka o autoridad política de Tres Esquinas Boyahuarzú, dice que hubo una gran decepción con el proyecto. “La intención era ocupar a esa población para que no se pusiera a deforestar, sino tenerlos ocupados en otras actividades, como reforestar o estar atentos a que no haya otras personas que lo hagan, pero eso se logró en una mínima parte”, sentencia Silvano.

Ovidio Maceo es indígena tikuna, vive en la comunidad Naranjales, al bordo del río Amazonas, y hace parte de la guardia indígena, que es la organización comunitaria que cumple las veces de policía en el territorio. Justamente, una de las labores de la guardia es patrullar el territorio y procurar un buen uso de los bienes de la naturaleza.

Maceo dice que “una de las razones que hemos visto de la tumba de árboles es por el narcotráfico. Aquí en mi comunidad no se presenta tanto ese problema pero ya sabemos de otras comunidades donde los compañeros guardias sí están sufriendo con eso”.

Además de la deforestación, otro de los problemas que trae el ingreso de narcotráfico a la selva amazónica es que dificulta las labores de patrullaje y control que hacen los guardias indígenas, que son organismos civiles, sin armas, y los expone ante los riesgos que conlleva lidiar con economías ilegales. Ese es otro de los objetivos del proyecto REDD+ que nunca se cumplió.